Abundando sobre lo básico

Salió en El Municipal 4 de diciembre del 2013



Por Jorge Zabalza

Primera pregunta básica: ¿por qué un policía no siente ningún tipo de frenos morales o éticos que le impidan asesinar a sangre fría un pibe, sea en el Marconi, sea en Santa Catalina, en Córdoba o donde fuere?

Desde que el Ministerio inventó los famosos “megaoperativos”, se indujo en la policía la creencia de que tiene derecho a invadir un barrio con patrulleros y camionetas lanzados a toda velocidad, las sirenas abiertas y las luces destellando (en Santa Catalina faltaron solamente los helicópteros). Ese tipo de operaciones no está dirigido a la investigación del delito cometido, sino a crear una sensación de terror en el vecindario. Está emparentado con formas de represión masivas empleadas en el pasado reciente del Uruguay y son similares a las que emplea la policía israelí para “controlar” los barrios de población palestina. La policía uruguaya lo está haciendo sistemáticamente en los barrios de la periferia y sus víctimas preferidas es la población joven.

Estas prácticas no forman al policía en el respeto a los demás. Son demasiados los casos para creer que el de Santa Catalina fue algo excepcional. El policía que asesinó a Sergio Lemos y los que se ensañaron con Lorena Fagúndez  y los otros pibes, carecen de todos freno ético y moral, se creen dueños de la vida o la muerte de los demás, creen tener el derecho de matar porque el Estado le otorga el poder para hacerlo. 

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No tienen la más mínima idea de que actuaron contra los preceptos morales y éticos. Nadie les ha inculcado conceptos éticos y morales como el respeto a los demás, pese a que esas lecciones deberían haber estado en la tapa del libro donde aprendieron procedimiento policial. Por el contrario, en la desmesura de la arrogancia, los policías están siendo inducidos a verse como una especie de Schwazernegger, a quienes les está permitido transgredir los principios éticos y morales en nombre del Estado. El policía no es un ser omnipotente, solamente puede usar  su arma de reglamento en condiciones muy definidas y dentro de límites muy estrictos. Ningún policía tiene derecho a disparar contra un preso o contra un sospechoso de haber cometido un delito. Esa clase de procedimientos forman parte de la política del “gatillo fácil”, una forma ilegítima de emplear la fuerza pública que lesiona profundamente las garantías constitucionales de los ciudadanos y los derechos humanos de la sociedad entera.

El instinto de supervivencia de la especie domina sobre las tendencias agresivas y por eso es posible vivir en manada, tribu o cualquier tipo de sociedad humana. Así es que una enorme cantidad de  personas poseen armas de fuego y no andan a los tiros matándose entre sí, de la misma manera que no lo hacían en las comunidades primitivas, donde cada cual poseía su lanza y su arco y flechas. En el capitalismo, en cambio, se valora sobretodo la capacidad de triunfar sobre los demás en la competencia, el mejor competidor es el mejor considerado socialmente, aunque sea un energúmeno cuya gloria personal es dominar a sus semejantes de cualquier manera, aunque para ello deban cometer los peores crímenes. Sin embargo, el Ministerio del Interior inculca a sus subordinados formas agresivas de relación, que implican una filosofía antinatural, opuesta a la propia sobrevivencia de la especie humana. La misma que inculca el imperialismo a sus soldados.

La segunda pregunta básica es: ¿por qué el Ministerio del Interior no instruye a sus subordinados en el sentimiento de que los derechos humanos son tan sagrados como la constitución o la biblia?.

  

Ante todo porque no les interesa. Esa es la respuesta inicial. El gobierno de Mujica no está comprometido con la Verdad y la Justicia, abdicó de ellas en aras de triunfos electorales. No puede enviar a los jóvenes policías un mensaje  firme, claro y convincente de respeto a los derechos humanos, porque es un gobierno incapaz de jugarse por la Verdad y la Justicia. Se limita a tomar medidas para llenar el ojo de las instituciones internacionales. Sus gestos y señales indican que “eso de los derechos humanos es mero palabrerío de intelectuales y grupos radicales, los crímenes contra la humanidad fueron cosa del pasado, ahora hay que olvidarlos y perdonar a los culpables”.  Es más, hay hechos que indican que su voluntad política es arrojar un manto de impunidad sobre crímenes policiales que ocurrieron en plena democracia, después de 1985. El ministro Bonomi ”olvidó”  por ejemplo  investigar los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal, cometidos por la policía durante la “masacre de Jacinto Vera”, de la cual fue partícipe activo junto con el presidente de la república y el ministro de defensa. Asimismo ellos tres no se han preocupado por reabrir la investigación del homicidio de Ronald Scarzella, antiguo compañero de ellos en el MLN (T), cuyo asesinato huele desde siempre a “ejecución extrajudicial”. Estos “perdones” de facto, otorgados en la oscuridad y el silencio, indican a los policías que sus tropelías gozarán de impunidad anticipada por mucha democracia republicana que exista. Se sienten protegidos, con permiso para depredar impunemente.    

Tercera pregunta básica: ¿por qué no se instruye a los policías en las formas de proceder respetuosas de los ciudadanos y en el respeto a sus garantías constitucionales?, ¿cuál es el sentido de incentivar el espíritu represivo y la violencia policial en lugar de principios humanistas y de solidaridad social?.

Para atraer las inversiones extranjeras son más atractivos los salarios bajos que las exoneraciones impositivas (contradigo  al señor presidente Mujica, de puro atrevido nomás). Por esa razón la política salarial del gobierno mantiene a la tercera parte de los habitantes con ingresos menores a 14.000 pesos, a menos de la cuarta parte de la canasta de necesidades básicas. Es lo que requieren los acuerdos con los sectores empresariales de la región y con las corporaciones transnacionales.

Por lógica pura, como constantemente le están diciendo que el producto y las exportaciones del país van cuesta arriba, el pueblo trabajador aspira a que su poder adquisitivo crezca para vivir mejor. Sin embargo sus aspiraciones están siendo reiteradamente postergadas, por lo cual puede presumirse un incremento de la conflictividad social, como cualquier conocedor de la historia puede corroborarlo. La estrategia de mantener bajos los salarios puede entonces requerir  una policía preparada para dar palo, con capacidad rápida de respuesta y un funcionamiento bien aceitado. El ministerio del interior ha asumido esa responsabilidad histórica, la de instrumentar la concepción policial que necesitan las corporaciones transnacionales y el capital financiero.

Con la población más excluida y marginada, socialmente estigmatizada y aislada, la policía está ensayando los procedimientos violentos que luego emplearán contra el resto del pueblo trabajador. ¿Qué víctimas más indefensas e impotentes podrían encontrar para entrenarse en los novísimos métodos represivos?  La violencia policial es una política de control de la población. Esa es la respuesta fundamental a las preguntas básicas.  

Conclusión: en el asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina hay dos tipos de responsabilidades. La directa e inmediata es la del brazo ejecutor, el guardia de la Republicana, pero hay otra responsabilidad, indirecta y mediata, que es la del Ministro del Interior, el que decide cuáles serán las políticas y las estrategias policiales y optó por  desarrollar una fuerza policial preparada y aceitada para reprimir. No alcanza con pedir disculpas, deberían cambiar la concepción represiva global que domina en el gobierno de Mujica y que conduce a actuaciones ilegítimas por parte de la fuerza pública.