viernes, 22 de noviembre de 2013

Nota sobre los procesamientos en Alemania (POONAL)


Este artículo fue publicado en Poonal n º 1071

URUGUAY

Criminalización de los ex presos de la dictadura después de las protestas contra la impunidad
Domingo 17 de Noviembre de 2013 00:00
por Ute Löhning
Jorge Zabalza e Irma Leita al salir de la corte el 4 de 11 2013 / Foto: Javier Calvelo, La Diaria (Berlín, 17 de noviembre de 2013, poonal La Diaria-Comcosur) -. Uruguay está luchando con la investigación de violaciónes de derechos humanos de la época de la dictadura militar de 1973 hasta 1985. Esto es claro en ese momento. Desarrollos alrededor de la destitución de la jueza Mariana Mota Mientras que Uruguay es un país cuyo presidente José Mujica fue torturado durante la dictadura de los militares y detenidos en condiciones degradantes, y en los otros guerrilleros ex-gobierno de los Tupamaros sentarse.
Las protestas pacíficas contra la destitución del juez Mota
Juez Mariana Mota / Foto: Pablo Nogueira, La Diaria El juez Mariana Mota, que había encontrado consistentemente en varios casos de terrorismo de Estado y condenado como el ex dictador Juan María Bordaberry a prisión era la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a principios de 2013 en contra de su voluntad y sin previo aviso de un tribunal penal transferido a un tribunal civil Servicio. Los casos fueron procesadas por sus bloqueada por el control judicial de violaciónes de derechos humanos y los retrasos totales ralentizado.
Organizaciones de derechos humanos, ex presos y sus familiares tuvieron luego de 15 02 2013 llamó a realizar protestas ante el Tribunal Supremo.
Cientos de personas se acercaron. Ella protestó en voz alta, pero pacíficamente , cantaron, aplaudieron, gritaron consignas para exigir el castigo de la Ilustración y los crímenes de la dictadura y, más específicamente, los derechos humanos, que pidieron no permitir que el Juez Mariana Mota. 100 y 200 manifestantes entraron en el edificio y en el Tribunal Supremo, a la que se discutió el desplazamiento del juez Mota en una reunión pública y aprobados. Aunque el evento fue pacífico, los manifestantes fueron empujados por una unidad especial de la construcción.
Las acusaciones de "montaje"
El mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal Pino, cargos contra siete participantes de estas protestas a causa de "asamblea" (asonada) reembolsado - siete, como presuntos líderes de las personas no percibidos de un grupo de más de un centenar de participantes, probablemente los que había hablado con la prensa.
El Juez Penal Gabriela tiene Merialdo pasado 4 Noviembre ya formuló cargos contra Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Jaume Diego.
Como "asamblea" o "cazuela" es verdadero si "reunirá por lo menos cuatro personas, disturbios, incitando a la población, (...) con gritos o amenazas interrumpir actos públicos o ceremonias religiosas (...)". Después de la legislación uruguaya es "asamblea" o "cazuela" una violación de la estructura política interna del Estado. Participantes una "asamblea" puede ser castigado con pena de prisión de ocho y cincuenta y siete montanos.
Condiciones Cínico de aspecto
Álvaro Jaume, Irma Leites, Aníbal Varela y Jorge Zabalza a una citación judicial en septiembre de 2013 / Foto: Pablo Vignali, La Diaria Algunos de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume) han pasado varios años como prisionero político en las mazmorras de la dictadura. Irma Leite juega un papel destacado en la plataforma para la memoria y la justicia (Plenaria Memoria y Justicia), Jorge Zabalza fue una figura destacada de los Tupamaros.
El fiscal en este caso es Gustavo Zubia, hijo de Eduardo Putschistengenerals Zubia y guardias de la prisión acusado de Jorge Zabalza ahora.
Numerosas notas de protesta contra el poder judicial
El PIT-CNT federación sindical afirma en un comunicado el director general Marcelo Abdala Fernando Pereira contra la acusación y llama al derecho de todos los ciudadanos uruguayos a la libertad de expresión y la protesta como un derecho garantizado por la Constitución. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa conjunta sobre este tema
Asimismo, la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC (Asociación de Mundial de Radios Comunitarias) rechaza la confirmación de los cargos por el juez Merialdo en una declaración pública. Las protestas legítimas sería pacífica. De esta manera sería criminalizar la protesta, restringió el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de palabra y de expresión pública de opinión y pisoteada.
Más astuto que el uruguayo poder judicial no es independiente y disfrazar el camino en la búsqueda de la verdad y la justicia, por lo que se mantiene la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura de los derechos humanos.
Seis de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Diego Yawm) anunció en un comunicado la acción legal público para con los que quieren conseguir, que el propio Tribunal Supremo, la declaración de la jueza Merialdo por inconstitucional explicar.
Mariana Mota y otra vez ...
Mismo Mariana Mota había expresado públicamente las críticas de la acusación por disturbios en septiembre de 2013. En el diario El País, que habían declarado que no ven ninguna base para ello, porque no hubo heridos y no se había bloqueado el acto público de su propio desplazamiento. Los manifestantes se habían hecho más que ejercer su derecho a la libertad de expresión en la demanda.
Ahora, a su vez, requiere que la Corte Suprema de Mota una declaración sobre sus declaraciones públicas. Si tienen estas declaraciones a El País que realmente hizo y por qué han elegido esta forma. Según el autor Natalia Aval del diario uruguayo "La Diaria", este podría ser el primer paso para la renovación de los procedimientos administrativos en contra de Mota.
Re-turn - resultado incierto
Numerosos informes de violaciónes de derechos humanos durante la dictadura se levantaron / Fotos en octubre de 2011: Javier Calvelo, La Diaria Mientras tanto, un nuevo giro ha tenido lugar cuatro días después de un procedimiento civil contra los siete activistas, el Tribunal Supremo ha decidido también jueza Gabriela Merialdo para aliviar su puesto en la Corte Penal y que les permita un tribunal civil.
La información sobre el paso de la corriente de nuevo a las declaraciones hechas por los empleados de la Corte Suprema, dijo al diario "El País". Formalmente, la transferencia está en conexión con una indicación de la Asociación de Empleados de Justicia (Asociación de Funcionários Judiciales) contra Merialdo debido a las quejas sobre el manejo de los empleados en su lugar de trabajo.
El actual diputado jueza Cecilia Schroeder asumirá el cargo de Merialdo.


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martes, 12 de noviembre de 2013

Zabalza en La Yapa de Omar Gutierrez



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Vecinos de Santa Catalina en Resonando


Con la conducción de Willam Yohai y Pablo Marrero 

Invitados: Richard, Franco Machado, y Jorge Zabalza


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La falacia de El País
Eduardo Barreneche
A unas tres cuadras de la terminal de ómnibus de Santa Catalina, el exguerrillero Jorge Zabalza posee una casa de dos pisos con frente de ladrillos.
Pese a estar en un barrio humilde, la ubicación de la casa es privilegiada. A pocos metros comienza la playa y desde varias de sus ventanas se ve el Río de la Plata. Cada tanto y como un video promocional turístico, se observa cruzar el catamarán blanco de Buquebus. Además, desde la casa se puede gozar de los mejores atardeceres montevideanos.
Zabalza trata de vivir como uno más en Santa Catalina, un barrio de trabajadores situado detrás del Cerro. Primero tuvo una casa de dos plantas a pocos metros de la calle Burdeos, después otra en el corazón de Santa Catalina y la actual, frente a la playa, es la tercera. Además fue propietario de la carnicería del barrio. Algunos vecinos dicen que la vendió. Otros que puso un encargado y se jubiló.
Tanto el Ministerio del Interior como los vecinos de Santa Catalina creen que Zabalza está detrás de las movilizaciones efectuadas tras la muerte del joven Sergio Lemos a manos de un policía de la Guardia Republicana el lunes 4.
Un vecino referente en el barrio señaló que hubo una "movida política" detrás de los piquetes realizados en la tarde y noche en las calles de entrada a Santa Catalina (en Burdeos y en Víctor Hugo) el mismo día que mataron a Sergio Lemos, y también en los enfrentamientos con la Policía en la madrugada del martes 5.
Durante las movilizaciones, manifestantes contra el abuso policial quemaron una casilla de Gaz de France y una comisaría móvil. Además le tiraron una bomba molotov a un ómnibus pero el fuego no fue suficiente para destruir al vehículo.
María R., quien vive sobre la calle Lenguado a poca distancia de Zabalza, también acusó al extupamaro de incentivar a jóvenes a enfrentarse con la Policía con el objetivo de desacreditar al gobierno y al Ministerio del Interior. "Zabalza e Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia) son los principales autores de todo este relajo. Es una movida política y habrá que ver la que se viene", dijo en alusión que los grupos radicales están preparando una movilización de envergadura.
Otro vecino señaló que Zabalza y Leites reclutan adolescentes descreídos entre las familias más carenciadas de Santa Catalina para utilizarlos co-mo peones en sus estrategias políticas.
Un tercer vecino ratificó esa versión. "En los incidentes ocurridos durante los festejos de Peñarol (4 de junio) en el Centro, cuatro o cinco de los encapuchados salieron de acá", dijo a El País mientras señalaba con la cabeza en dirección a la casa de Zabalza.
En los incidentes hubo destrozos de comercios en el Centro capitalino. La Policía detuvo a 89 manifestantes pero la Justicia los liberó en horas.
El 12 de junio, en una convocatoria a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, insistió sobre que los actos vandálicos ocurridos en el Centro fueron organizados. "Cuando decimos que actuaron grupos radicales, lo hacemos de acuerdo con el análisis de los videos que tenemos y por la virulencia que hubo en el ataque a la Policía sin ningún tipo de provocación por parte de los funcionarios", señaló el jerarca policial.
Zabalza rechazó la versión de vecinos sobre su participación en los incidentes en San- ta Catalina. "Si militantes del Frente Amplio sostienen que soy yo el autor intelectual y el instigador de esa resistencia popular que hubo estos días, que tengan el carácter y el coraje como para ir y decirlo públicamente, incluso haciendo una acusación judicial", dijo. Agregó que incentivar rumores es una práctica tan vieja como el día que se fue del MLN. "Desde ese día han lanzado todo tipo de rumores pero yo sigo con mi vida, tranquilo", sostuvo.

La cantina.

Juan M. esperaba el ómnibus en la terminal de Santa Catalina el jueves 7.
"La mayoría de los habitantes del barrio votan al Frente Amplio y en particular al Espacio 609. Los grupos radicales acá no tienen mucha fuerza. Tampoco Zabalza. No es un referente del barrio", indicó.
La ascendencia del Espacio 609 y del MPP, en particular, es evidente en Santa Catalina. En varios comercios hay fotos de Mujica y de Lucía Topolansky abrazando a niños. Los vecinos recuerdan que, en las campañas electorales, Mujica y Topolansky concurrían a una cantina ubicada a pocos metros de la terminal a reunirse con militantes del Espacio 609.
En el barrio también vive el senador y exministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El lunes 4, la jueza penal Gabriela Merialdo procesó sin prisión por el delito de "asonada" a Zabalza, Leites, a Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela, quienes participaron en una protesta contra el traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil.
Dos jóvenes que se encontraban el miércoles 6 cerca de la terminal de ómnibus de Santa Catalina negaron que Zabalza les hubiera dado nafta para encender los neumáticos colocados en los piquetes como trascendió en el barrio. "Yo fui a comprar la nafta. Lo hice porque estaba recaliente por lo que hicieron los milicos con Sergio (Lemos). Ahora se pasaron de la raya", dijo Pablo.
Augusto agregó: "a mí me llevaron dos veces a la Seccional 19. Allá me golpearon por un buen rato".

"Hay intereses políticos radicales y no radicales"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó a varios medios de prensa que su excompañero del MLN Jorge Zabalza lucha en forma errónea y con falta de objetividad.
Bonomi dijo que Zabalza "se alejó de la organización que integrábamos juntos porque discrepaba con la caracterización del momento, con la política de alianza y entonces lo que hoy hace es consecuencia de esa diferencia".
Zabalza fue uno de los primeros en señalar que Sergio Lemos fue asesinado por un policía, puesto que no había participado en la rapiña a un almacén.
Bonomi dijo a Telebuendía que la indignación en Santa Catalina es "legítima" y consideró que "al otro día, quemar la oficina de Gas Sayago, no tiene nada que ver con lo que pasó. Hay intereses políticos radicales y no radicales".
Zabalza señaló a El País que esa afirmación de Bonomi "es una falta de respeto" hacia los adolescentes que no tienen nada que ver con la política y manifestaron contra el abuso policial. "Estaban con una consternación y una bronca muy grande y lo peor de todo con impotencia", dijo el extupamaro.
Enseguida recordó los tres últimos hechos donde hubo violencia policial: los dos presos del Comcar muertos a manos de guardiacárceles, el caso del joven Sergio Lemos en Santa Catalina y la muerte en Canelones de un ladrón que no estaba armado. "Son casos de un ejercicio violento e ilegítimo de la fuerza pública. Por supuesto que estoy en desacuerdo con todo esto que le quita vidas a inocentes", dijo.
Zabalza sostuvo que si la Policía está bajo control, "el responsable de estos hechos es el ministro Bonomi. En algún momento podemos hacerle un juicio por ser el autor mediato de estos asesinatos".







lunes, 11 de noviembre de 2013

Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo


Jorge Zabalza: “Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo”


 Entrevista de Resumen Latinoamericano a Jorge Zabalza, ex dirigente de los Tupamaros

por Carlos Aznárez/
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre.-

Jorge Zabalza tiene una larga historia de rebeldía en el Uruguay.Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Su hermano, Ricardo Zabalza, también tupamaro, cayó en combate durante la ocupación de la localidad de Pando, el 8 de octubre de 1969.
Actualmente, Zabalza es uno de los mayores críticos del gobierno de sus ex compañeros Mujica y Fernández Huidobro, a quienes endilga haberse olvidado de todo lo que fue el bagaje doctrinario de los Tupamaros de los 60-70. Recientemente, Zabalza junto a otros luchadores populares salieron en defensa de la jueza Mariana Motta, quien intentaba llevar adelante los juicios contra los militares genocidas. Por esa actitud, los jueces procesan a Zabalza y otros militantes, lo que ha despertado gran indignación en vastos sectores politizados de la sociedad uruguaya.


-Esta semana se conocieron varias órdenes de detención contra conocidos militantes populares uruguayos, entre los que estás tú mismo, a quienes se los acusa de haber participado en una protesta por el traslado de la jueza Mariana Motta. ¿Podés explicar quiénes están detrás de esta insólita medida y cuáles son las verdaderas razones de la misma?
-Es la Suprema corte de Justicia la responsable de nuestro procesamiento por el delito de asonada. La integran magistrados que fueron fiscales y jueces durante la dictadura y son responsables de haber sido omisos en investigar delitos de lesa humanidad y contribuir a ocultarlos, como, por ejemplo en el caso de la aparición de cadáveres en las playas del Río de la Plata.
-¿Considerás esta decisión judicial, avalada por el propio gobierno, como parte de una escalada que busca criminalizar la protesta en todos los niveles?
-El gobierno y el parlamento tendrían que haber dado su opinión públicamente sobre la in-justicia de estos procesamientos. Su silencio puede significar que se consiente este ataque a la libre manifestación de las ideas y las opiniones; lo mismo puede decirse de la tímida y vergonzante declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. En cambio el movimiento popular se ha expresado con vehemencia en defensa del derecho social a protestar, tanto la central obrera como las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Se percibe que la criminalización de la protesta está siendo una de las formas principales de dominación en toda América Latina y que, durante este 2013, en Uruguay hubieron varios incidentes que demuestran una decisión de marchar por el mismo camino.
-En varios artículos o entrevistas que te hicieron denuncias la apuesta a la impunidad que se hace desde distintos estamentos del gobierno de Mujica. ¿Esta decisión de no avanzar en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura es parte de algún pacto anterior con los militares o sólo responde a una salida coyuntural del actual gobierno frenteamplista?
-La tesis del equipo represivo de gobierno de Mujica (Fernández Huidobro, Bonomi y otros) es colonizar políticamente el aparato policíaco-militar para transformarlo en palanca del desarrollo nacional. Se esgrimen abundantes argumentos, aunque el principal sea el rol que cumplen las fuerzas armadas venezolanas a partir de la influencia que tuvo el compañero Hugo Chávez sobre ellas. Se obvian las diferencias históricas y coyunturales que nos diferencian de lo que ocurre en la Venezuela Bolivariana, del mismo modo simplista que, cuarenta años atrás, se obviaron las diferencias entre los militares uruguayos y lo que ocurría en el Perú con los militares que obedecían a Velazco Alvarado. A partir de semejante falacia, resulta obvio que se deben olvidar los crímenes de lesa humanidad y perdonar a sus autores, pues de otra manera sería imposible “penetrar” las duras entendederas de los gorilas criollos. Claro que, con dicha finalidad, Mujica y sus secuaces deben tergiversar la historia reciente del pueblo uruguayo y, en particular, la de la guerrilla tupamara. Es un acto esencialmente inmoral porque ellas estuvieron abonada con mucha sangre de torturados, violados, asesinados y desparecidos. La inmoralidad los está llevando por una senda de degradación que la gente va percibiendo cada día más.
-Cada vez que desde organizaciones de familiares de desaparecidos u otros organismos de derechos humanos se plantea la necesidad de avanzar en el castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, algunos funcionarios del gobierno actual y el anterior se argumenta que el propio pueblo uruguayo votó en su momento la ley de caducidad o se apela a la necesidad de la “reconciliación nacional”. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
-El último plebiscito que intentó anular la inconstitucional ley de impunidad, recogió más del 48% de los votos efectuados. De hecho es la voluntad política de casi la mitad de los ciudadanos uruguayos, aunque no se haya alcanzado el mínimo requerido para derogarla. El gobierno optó por desconocer el mensaje que emitió el segmento más avanzado del pueblo y se ha apoyado en las opiniones de la derecha más reaccionaria. Esta es la definición ideológica más clara de Mujica y los suyos.
-¿Qué explicación racional encontrás para que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, por nombrar a algunos de los hombres del actual gobierno, tiren por la borda toda su historia anterior de lucha en el MLNT, y hoy actúen con los mismos métodos represivos o con el desarrollo de similares políticas a los que en otras décadas utilizó la derecha uruguaya?
-No hay ninguna explicación racional. Hay varias de carácter irracional.
-No ignorarás que Mujica sigue contando con un alto nivel de apoyo interno y externo, incluso no pasa una semana sin que militantes de la izquierda latinoamericana o los propios gobiernos caracterizados como más de avanzada en el continente, lo reivindiquen como un dirigente excepcional “por su discurso y su forma de vida”. ¿Qué le diría Jorge Zabalza, militante tupamaro, ex rehén de la dictadura y actualmente perseguido por la Justicia oficial, a quienes piensan así?
-En Uruguay hay un millón de personas con ingresos menores a 14.000 pesos cuando la canasta básica anda cerca de los cincuenta mil pesos. Significa que no hubo una redistribución significativa del ingreso en diez años de gobierno frenteamplista, hecho que solamente se explica porque la política económica favorece el pago de los servicios de la Deuda y la acumulación de riqueza por las corporaciones transnacionales. El gobierno renegó de su pretendida definición “popular” y esa renuncia a los principios históricos del Frente Amplio marca su fracaso actual y el futuro desbarranque.
-¿La posibilidad de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez va a acentuar las actuales formas de gobierno, o se puede esperar algún cambio?
-El propio futuro presidente del Uruguay ya lo dijo: “no habrá ningún viraje a la izquierda” y sostiene que favoreciendo el desarrollo del capitalismo se camina hacia el socialismo. Si ustedes no lo entienden, menos puedo entenderlo yo… pero la maquinaria electoral está marchando y la demagogia sigue siendo efectiva, al menos por el momento. De todas maneras uno siente gran confianza en las reservas subjetivas del pueblo uruguayo y esperamos su indignada reacción cuando la situación lo exija.


Política 11.11.13

Lunes negro

En un solo día, el lunes 4, los derechos humanos bajaron en Uruguay unos cuantos escalones. Por la tarde, la Justicia aplicó una lectura perversa del Código Penal para procesar, a instancias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a siete opositores por participar en una protesta. Esa misma noche, tres balas policiales, dos de ellas por la espalda, se cobraron la vida de Sergio Lemos, de 19 años, mientras paseaba en moto por el barrio montevideano de Santa Catalina.
Ambas noticias echaron nueva luz sobre errores en la defensa estatal de los derechos humanos. El lunes pasado, en cuestión de horas y por distintos motivos, fueron la Policía y la Justicia las instituciones que tropezaron, confirmando una prolongada tendencia a la degradación.
Esta azarosa simultaneidad ilustra cómo afianzar las impunidades del pasado e incita a quienes aspiran a la impunidad en el presente. La falta en el Estado de una política de derechos humanos firme, clara, coherente y homogénea abre fallas por las que se cuelan la intimidación y las provocaciones de funcionarios armados contra civiles desarmados y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, entre otros problemones.
La actitud de la SCJ hace peligrar la condena del puñado de militares y civiles presos por crímenes de la dictadura y otras causas que se remontan a esa época, las cuales avanzan cuesta arriba y siempre al borde del risco. A pesar de las nuevas leyes relativas a la “nueva agenda de derechos”, este país está lejos de ser el paraíso de las libertades, y el lunes bajó unos escalones hacia el infierno.
La inteligencia policial se infiltra en manifestaciones. En barrios empobrecidos son frecuentes las razias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió hace dos años que existen en la Policía nichos de corrupción que conspiran contra la reforma de la fuerza. Pero él mismo suele apresurarse a darles la razón a sus subordinados que manchan el uniforme reprimiendo festejos deportivos, protestas y motines carcelarios, mostrando desidia en el incendio de la cárcel de Rocha o abusando y asesinando en Santa Catalina, por ejemplo. A veces termina retractándose, como en el caso Lemos.
Esas demostraciones de fuerza denominadas “megaoperativos” tienen resultados muy magros: muchos arrestos, pocos procesamientos. Pero inspiran a la sociedad a identificar al pobre y al distinto con el enemigo en esta deshumanizada guerra televisada contra el crimen: 49,83% de los encuestados para un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales creen que la Policía debería actuar al margen de la ley contra la delincuencia. Instituciones de derechos humanos tan prudentes como Serpaj y Ielsur dieron cuenta la semana pasada de una “escalada represiva” y del “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Mientras, el Poder Judicial aprovecha las contradicciones del Poder Ejecutivo para reafirmar la impunidad de los crímenes de la dictadura, contrariando el derecho internacional. “¿Está la Corte Suprema uruguaya a la altura de la misión de custodiar el templo de la democracia? Con todo respeto, mi respuesta es que no”, alertó en mayo en París el ex juez supremo francés y ex alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas Louis Joinet.
La SCJ declaró inconstitucional la Ley 18.831, con la que el Parlamento pretendió en 2011 desactivar la Ley de Caducidad, y trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota cuando analizaba 55 causas sobre de crímenes de la dictadura. La SCJ tuerce la verdad al argumentar que la motivaron “razones de mejor servicio”, porque lo empeoró. Retrasó esos procesos. Además, el “traslado a un cargo no conceptuado como ascenso” es una sanción, según la Ley Orgánica de la Judicatura.
La mitad de las 300 personas que el 15 de febrero criticaban el traslado de Mota frente al Palacio Piria ingresaron en el edificio y fueron expulsadas de allí luego de tres horas de un torpe operativo acordado entre la SCJ y la Policía de Montevideo. La cúpula judicial derivó de inmediato los incidentes a la jueza Gabriela Merialdo.
La magistrada calificó de “asonada” el ingreso espontáneo de manifestantes y los forcejeos que, sin lesiones ni daños, siguieron a la ejecución policial de una supuesta “orden judicial” de desalojo (golpes, codazos y patadas leves, cánticos, aplausos, agresiones verbales y una bofetada aislada a un agente). De los 150 “asonadores”, fueron procesados sólo siete porque hablaban con la prensa y parecían liderar a otros, según declaraciones policiales. Los acusados coinciden en cierta exposición pública, su militancia contra la impunidad y su pertenencia a una izquierda crítica hacia el gobierno. ¿Llegará el día en que la Justicia uruguaya vuelva a penar con cárcel el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuánto falta?
Los supremos “temieron por su seguridad” y se sintieron “secuestrados” y “privados de su libertad”, según testimoniaron. Ni se percataron de que patrocinaron sin vergüenza el procesamiento de víctimas de secuestros reales y atroces, como Álvaro Jaume, torturado en Boiso Lanza, y su hijo Eduardo, que siendo niño fue obligado a presenciar una de esas sesiones en los años 70. Ayer y hoy, dos supremas injusticias.




viernes, 8 de noviembre de 2013

Jorge Zabalza en De Ocho a Diez



Jueves 7 de noviembre de 2013

Zabalza: hay que decirle a la Policía que está mal ser prepotente

Tiene que haber un cambio de la actitud en general de la Policía, sostuvo el exdirigente del MLN Jorge Zabalza. En su opinión, asistimos a un "crecimiento de la violencia de la policía frente a los pibes". "Lo vivimos en la época de las razias", recordó y criticó: "Ahora no hay nadie que le diga a la Policía que está mal ser prepotente".

Para el extupamaro que vive en Santa Catalina, hay una gran decepción y escepticismo respecto a la policía. "La gente desconfía de que puede hacer lo que hizo", dijo en referencia al asesinato de un joven al que además se le plantó un revólver 38. Cuando dispara, el policía sabe a quién dispara, porque hacía 222 en el barrio y no lo desconocía, aseguró.

Hay un gesto autoritario y prepotente cotidiano por parte esa fuerza, insistió y opinó que el único ministro que quiso hacer algo diferente en Interior fue Jorge Díaz, y lo sacaron por eso.

Este miércoles hubo un acto "muy conmovedor", relató, donde estaban las familias y los heridos y en el que participaron unas 500 personas. "Después se marchó al lugar donde se cometió el homicidio y hubo otra forma de expresar la bronca y la frustración".


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