El nuevo pacto del Club Naval

Cartilla para principiantes (III)


por Jorge Zabalza


3 de marzo de 2013.

Entre junio de 1968 y marzo de 1985, cientos de militares y policías torturaron, violaron mujeres y hombres, secuestraron niños, asesinaron militantes y desaparecieron forzosamente a muchos detenidos. En el Uruguay uno de cada quinientos estuvo preso por sus ideas políticas, fue una represión masiva, generalizada, sin límtes prácticamente, ofendió a la comunidad humana mundial tanto como a los tres millones de uruguayos. Idéntica naturaleza que los crímenes de los nazis contra los pueblos soviético y judío, o que los cometidos en Ruanda y en Irak, o los que hoy se cometen en Palestina por las tropas israelíes. Son crímenes contra la humanidad entera y deben aplicárseles las normas internacionales aprobadas por las naciones del mundo precisamente para estos casos de desborde de la barbarie y el salvajismo. Hechos incontrovertibles, innegables.

En Uruguay  esos criminales han sido protegidos por un acuerdo político no escrito, el Pacto del Club Naval consensuado en 1984 por cuadros del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. A cambio de que los mandos militares regresaran a los cuarteles y permitieran elecciones nacionales ( aunque fuera con proscripciones), quedó establecido que el Poder Judicial no juzgaría a quienes habían practicado con denuedo el terrorismo de Estado. La impunidad  “sobrevolaba o subyacía” el entendimiento político con los mandos militares, al decir del general Líber Seregni, uno de los dirigentes que consintió tan espúreo acuerdo.  

Una vez permitido el regreso de la democracia burguesa, en el entusiasmo primaveral las víctimas de terrorismo y sus familiares reclamaron justicia ante el poder judicial. Su valiente acción sirvió de excusa a los tuteladores para señalar con claridad los límites de la democracia formal, pues el general Medina escondió las citaciones judiciales a varios de los más notorios asesinos en el “coffre fort” de la comandancia de las fuerzas armadas. Su gesto brutal refrescó la memoria de los que se habían comprometido a hacerse los chanchos rengos; connotados defensores del orden establecido se sintieron en el “deber” de elaborar la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, hiperbólica denominación para un engendro que hincó de rodillas a la “clase política” ante el partido militar. Dicho sea de paso, meses más tarde algunas de sus víctimas intentaron lavar la imagen del general Medina acompañándolo candorosamente a repartir bandejitas de comidas a los escolares pobres.    

Cada vez que el movimiento popular quiso anular la caduca ley de caducidad,  los malabarismos de los cuadros políticos la mantuvo vigente. Pese  a ello, como las  bases frenteamplistas fueron la columna humana que sostuvo la lucha contra la impunidad, creció a ojos vista el caudal electoral de la fuerza política y decreció el de los partidos comprometidos en la defensa de los criminales. Esa es una de las razones, tal vez la pricipal, para que el responsable de finanzas de la Comisión de Notables por Verdad y Justicia (la del Voto Verde en 1989) fuera elegido como primer Intendente “progresista” de Montevideo en 1990 y quince años después, como primer presidente frenteamplista del Uruguay. A fines del 2004, Fernández, líder del pragmatismo y la entrega, asumió ante el Congreso del Frente Amplio que para ganar las elecciones era necesario mantener la vigencia de la infame ley que protegía a quienes fueron sus torturadores y los asesinos de sus hermanos de lucha revolucionaria. Puede parecer curioso al lector desprevenido, pero tan inmoral y poco ética postura obtuvo el apoyo de la mayoría de los congresistas y, con ello se trastocó, de hecho, la columna de la verdad y la justicia en base ideológica y política del olvido y el perdón.

La impunidad “progresista”

Asumiendo como propios los compromisos del Club Naval, una vez asumida la presidencia de la república Tabaré Vázquez enloqueció a la opinión pública con sus gambetas y zigzagueos endiablados. Hacía como que buscaba la Verdad y la Justicia (autorizó, por ejemplo, las excavaciones en los cuarteles en busca de restos de desaparecidos) pero ayudó a institucionalizar definitivamente la impunidad  como política del Estado uruguayo. Se opuso con uñas y dientes a la anulación de la ley aberrante y pretendió hacer una especie de “día del perdón” con los 19 de junio, fecha en que se recuerda el nacimiento de José Artigas, caudillo de una de las pocas revoluciones agrarias del siglo XIX.

Pese a la magnitud de los obstáculos, en el 2009 la lucha popular casi, casi, logró echar abajo la ley que protege a los asesinos de las normas internacionales. Para sostener la impunidad otra vez salieron de las penumbras algunas de las más renombradas víctimas a cortar el paso del Juicio y Castigo. José Mujica demostró ser un demagogo tan hábil y falso como Tabaré: firmó públicamente en favor del plebiscito por la anulación de la ley de impunidad, pero durante toda la campaña  electoral mantuvo al respecto un ominoso silencio sobre la aspiración popular de verdad y justicia. Su actitud sembró confusión en el electorado y sectores de militancia frenteamplista sabotearon el llamado Voto Rosado. Hubiera bastado conque Mujica hiciera una mínima señal de apoyo a la anulación, para que hoy día no existiera la inmoral ley de caducidad que continúa siendo el fondo del problema según expresó la primera senadora Lucía Topolansky. Mujica optó por sumarse a quienes defienden la impunidad consagrada en el pacto del Club Naval, voluntad en ese entonces ya reforzada por las negociaciones secretas del más famoso ladero del presidente ex-guerrillero.  

Como reconoce la propia dirigencia del Frente Amplio, la gestión del gobierno de Mujica se destaca por la ineficiencia general y, en particular, en lo referente al programa popular, vivienda, educación y salud. En cambio ha sido extraordinariamente eficaz para fortalecer y aceitar la maquinaria policíaco militar, dejándola en inmejorables condiciones de armamento, movilidad y funcionamiento, pronta para futuros desmanes y malones terroristas. Para justificar el fortalecimiento del brazo armado del capitalismo, Mujica, Fernández y Bonomi predican la peregrina idea de que han cambiado muchísimo, ahora son “profesionales” y ello les impediría cometer nuevamente los crímenes que cometieron en el pasado. Como si los policías “profesionales” no torturaran en las comisarías y las “profesionales” tropas israelíes no fueran las responsables del genocidio al pueblo palestino. Por el contrario, a mayor “profesionalidad” mayor capacidad técnica para la tortura, la violación, el asesinato y la desparición forzosa. Están aceitando la guillotina que caerá sobre la cabeza del pueblo uruguayo.

Es el discurso y la práctica de olvidar y perdonar que la derecha destaca y aplaude tanto como la política económica del gobierno. El compromiso de las víctimas arrepentidas con los victimarios es destacado como una  demostración de altruísmo y “humanismo”, cuando en realidad, lo único que demuestra es el abandono de los principios y los valores que los llevaron a pretender la transformación revolucionaria de la sociedad. Llegaron al gobierno gracias a su aura guerrillera y al haber sido torturados como rehenes, identidad que se quitaron de encima porque les molestaba para las transas con los dueños del Uruguay, las corporaciones transnacionales y el imperialismo. Con el consentimiento y apoyo de los parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, el cuarteto Mujica-Fernández-Topolansky-Bonomi instaló una atmósfera ideológica que convierte al Uruguay en santuario para los criminales impunes.

El santuario de la impunidad

En las condiciones santificadas por el “progresismo” la derecha encontró el campo más favorable para que prosperaran sus ideas linderas con el fascismo. Las claudicaciones abrieron las puertas a dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que representan una amnistía de hecho a los criminales del terrorismo de Estado. La primera fue la remoción de la Jueza Mariana Mota que obstaculiza la rápida  diligencia de las 55 causas contra militares y policías y la segunda es la sentencia que declara incostitucional el mamarracho de ley interpretativa, aprobada por los parlamentarios frenteamplistas para eludir el desafío de anular la ley de caducidad. El Pacto del Club Naval ha sido reflotado por la Corte de In-justicia, cuyos ministros ingresaron a la magistratura durante la dictadura militar, cuando no cualquiera podía acceder al cargo de juez. El gesto brutal de la Corte, equivalente al del general Medina en 1986, fue aprovechado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, que se sienten derrotados de antemano y están buscando hacer política allí donde tienen poder, como en la Suprema Corte de Justicia. Están renovando sus credenciales antipopulares y antidemocráticas, quizás estén pensando en una escalada y en ejercer presiones desde otros de sus centros de poder, como los mandos militares y los gremios del latifundio. Volveremos a tener en el escenario la antigua santa alianza reaccionaria.

El nuevo empuje de la impunidad no logra opacar la necesidad histórica de verdad y justicia. Ella renace y se recrea. Porque son sentimientos arraigados muy profundamente en el espíritu de los pueblos y porque desvirtúa de hecho todo el discurso liberal que sustenta la democracia burguesa. Los privilegios de los criminales, dada su condición de militares y policías, contradicen rotundamente la terna ideológica de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la natural aspiración de verdad y justicia, malherida por los administradores del poder judicial, sólo le queda el parlamento como posibilidad de respuesta institucional. Luego del gambito de la Corte, al parlamento le toca jugarse por la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios básicos desde el origen del sistema republicano y mucho más fuerte que la mentada separación de poderes. En el santuario de la impunidad los parlamentarios frenteamplistas podrían jugarse por la verdad y la justicia y anular la ley de caducidad de una vez por todas.   

Pusilánimes

Una ley puede echar abajo a otra ley. De hecho, en el empuje primaveral de marzo de 1985, el parlamento dominado por los partidos tradicionales aprobó la ley No. 15.738 que en su primer artículo elevaba a la categoría de leyes los “actos institucionales” de la dictadura y en su artículo segundo anulaba 18 de esas leyes aprobadas en el anterior. El recordado Helios Sarthou -¡qué falta hacés, viejo querido!- abundó en varios escritos doctrinarios sobre la capacidad del parlamento para anular aquello que él mismo aprobó.

La ley de caducidad contradice toda la legislación internacional sobre los derechos humanos, esas leyes que hicieron posible la condena de los criminales nazis en Nüremberg y que harán posible la condena de los genocidas que visten el uniforme de los EEUU.   

La ley de caducidad contradice la propia Constitución del Uruguay, como confirmó  una sentencia de la Suprema Corte para uno de los casos concretos. .

 ¿Por qué el Frente Amplio no hace valer su mayoría en el Parlamento y la anula de una vez por todas? No existen argumentos legales para no hacerlo. Puede argumentarse, como he leído por ahí, que este caprichosa Suprema Corte declararía inconstitucional una ley de tal índole....bueno, muchachos, entonces habría que convocar al pueblo de verdad, no como se hizo el lunes 25 de febrero. El pueblo en la calle es la única garantía de Verdad y Justicia.

Quizás la única razón política para mantener la vigencia de la ley de caducidad sea el compromiso con los mandos militares; la mayoría de los sectores del Frente Amplio continúan consintiendo el apoyo dado por el general Seregni al Pacto del Club Naval.  Algunos descargan sus responsabilidades culpando a  Víctor Semproni por sus deplorables actitudes, olvidando como presionaron a Guillermo Chifflet para que entregara su banca pero le perdonan la vida al diputado del Espacio 609. Anular o no la ley de impunidad coloca al MPP en un brete: pinta en los muros “Fuerza Mota” y “Verdad y Justicia” al mismo tiempo que sus mandarines negocian en secreto con los militares y pidieron la cabeza la Jueza Mota. La situación está siendo un detector para las mentiras y versos de Topolansky y asociados. Es como cuando votaron el ingreso de los SEALs a territorio nacional o cuando callan sobre el escándalo de las camionetas yanquis patrullando calles de Montevideo.... en el Espacio 609 podrán decirse muy antimperialistas, pero sus manos levantadas  niegan sus dichos. El único resultado de la pusilanimidad es el desprestigio del parlamento y de la institucionalidad burguesa... el pueblo uruguayo terminará como el italiano,  votando payasos.  

Estamos ante la reedición del Pacto inmoral y nada ético entre los mandos militares y los cuadros políticos. Un nuevo acuerdo no escrito, implícito en las guiñadas, los gestos y las conductas. Por eso no los voto más y menos todavía a Tabaré.