lunes, 29 de noviembre de 2021

Delito de muchedumbre

 

Por Fernando Moyano

25 noviembre 2021 para Prensa   Alternativas 

Una opinión personal
La enoclofobia, también conocida como demofobia, es la fobia o miedo irracional a las multitudes. (Wikipedia)


Los hechos a los que nos referimos acá han sido ampliamente informados y comentados: procesamiento y condena de seis militantes sociales, tres por autores del delito de atentado con agravantes y otros tres por cómplices. La condena se basa en lo ocurrido hace casi nueve años -15 de febrero de 2013-, un acto masivo de protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia. Ocurrió en la sede de la misma en el acto de formalizar el traslado de diez jueces a nuevos cargos, Mariana entre ellos.
 
La sentencia que dicta ahora la jueza actuante Ana de Salterain hace un breve relato de los hechos entre las 10 y las 14 horas de ese día. Señala que ingresaron a la sede 150 personas habiendo muchas más afuera y que no ocurrió de parte de ninguna de ellas ningún acto de agresión física contra otras personas ni daño material contra las instalaciones u objetos. Después de un buen rato de demora debido a las protestas (canto de consignas y nada más que eso, que la jueza considera insultantes) la actividad pautada por la SCJ se llevó a cabo cerrando las puertas de la sala de ceremonias mientras los manifestantes permanecieron en el edificio, retirándose luego hacia las 13:30. Quedaron unos pocos algunos minutos más sin ninguna acción relevante. La sentencia relata también el papel de mediadores exhortando a la gente a retirarse luego un buen tiempo de haber ingresado, que cumplieron dos miembros de la dirección del PIT-CNT de los cuales se menciona uno, Gustavo Signorelli del sindicato de Judiciales, al que se lo llama “Signorelle”. Se señala como convocantes a la protesta al PIT-CNT y “otras” organizaciones. El papel de “líderes” de los condenados no está demostrado en ningún lado ni se intenta hacerlo.
Se realizó ahora, el miércoles 17 de noviembre, una “Asamblea abierta” ante la sede de la SCJ (que estaba vallada), un acto de protesta de unas 200 personas con la presencia de lo condenados, canto de consignas, etc. En las intervenciones se dijo que los “agravantes” de la sentencia ni se sabe cuales serían. Es el único punto al que voy a referirme; se sabe.

 
La sentencia señala como agravante que el delito de “atentado” sea cometido por “tres o más personas”, según el Código Penal. ¡Tres personas! Realmente es completamente irracional. La jueza se basa, sin mencionarlo expresamente pero es evidente, en los criterios que da Jorge Peirano Facio (conocido por los estudiantes de sus tiempos docentes como Peirano “Fascio”) en un trabajo del cual tomamos su título: Delito de Muchedumbre.

 
Este especialista en el derecho civil uruguayo reconocido internacionalmente incursiona acá en el derecho penal, como también incursionó en la política como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pacheco, y también, tal vez para tener una visión completa del problema desde ambos lados, en el delito. Fue procesado dos veces por estafas millonarias. Este verdadero especialista en el tema, entonces, explica que la normativa de nuestro derecho en ese aspecto está inspirada en el Codigo Rocco de la Italia de Mussolini. A su vez toma las ideas conceptuales en autores como el sociólogo francés Gustave Le Bon de principios del siglo XX, especializado en explicar que la evolución hace que unos pueblos sean superiores a otros, y también que las multitudes inciden a la baja en la racionalidad del comportamiento de los individuos. Las multitudes tenderían a comportarse de manera puramente impulsiva, irracional, descontrolada, ignorante, y el individuo en la multitud es arrastrado a eso. (Piscología de las masas, 1895. Algunas de estas ideas, y no es culpa del autor, son tomadas como base para definir la propaganda política por Hitler en Mi lucha).
Basándose en Le Bon, Peirano distingue en la muchedumbre las figuras del líder y los dirigidos. Y conserva, como buen académico, los términos en francés meneur y mené. Así son las multitudes y así funcionan, según estos autores. Y desde el punto de vista penal eso importa a la hora de definir a quién se manda en cana. ¿Por qué delito? Por el delito de muchedumbre. Si leemos la sentencia de Salterain eso es exactamente lo que dice.
Y también debemos decir que Salterain ni siquiera aplica con mínima seriedad esos criterios que su maestro indica. No sigue las pautas de investigar las distintas posibilidades a la hora de establecer culpabilidades si las hay, no evalúa nada. Eso Salterain se lo saltea. Está tan mal redactada la sentencia que repite fragmentos enteros, y hasta se equivoca, como señalamos, en el apellido “Signorelle”. Saca del cajón una cosa a medio hacer y la tira sobre la mesa sin tomarse el trabajo de pasar en limpio el borrador, tiene que hacerlo de apuro por los “tiempos políticos” que requieren sumar un rinoceronte más al desfile. Siempre lo político está por encima de lo jurídico. Siempre.


Veamos apenas algunas de las cosas más gruesas. Para todo no da.


Y voy a empezar por algo. Yo estuve allí.


Entré en la sede la Corte. No lo hice a instancias de nadie, ni de los ahora condenados ni de ningún otro. Cada acción la decidí por mi mismo. Fui de los últimos en retirarse, cuando por mi cuenta decidí que ya no había nada para hacer ahí adentro. Nadie me dijo que entrase, nadie me dijo que saliese. Y hasta donde sé, eso mismo hicieron todos. Nadie me dijo “yo vine porque me dijo Fulano”. Y hablé con muchos de los participantes.


Cito aquí un fragmento de las conclusiones de Peirano:
 

Responsabilidad del “meneur”. Es preciso distinguir aún: - si efectivamente dirigió la muchedumbre hacia el crimen. [En ese caso] es plenamente responsable por el delito cometido. El hecho de que el delito haya sido cometido por una muchedumbre se considerará como agravante de la pena impuesta a ese delito. … [o] - si el “meneur” fue conducido por la muchedumbre no incurre en responsabilidad penal. Pero contra él se pueden tomar medidas curativas o preventivas. La apreciación del si el “meneur” fue conductor o conducido, queda librada a criterio del juez. Éste sabrá deducir el verdadero carácter de su intervención de acuerdo a ciertas reglas de buen sentido. Así, si el “meneur” fue uno de los motivos preponderantes, o el motivo preponderante en la formación de la muchedumbre existen posibilidades en el sentido de que ha sido realmente el conductor. La cosa es improbable en el caso de que haya surgido en una muchedumbre ya formada. (Los destacados en negrita son nuestros).

 
Vemos aquí varias cosas. El agravante, como dijimos, es la muchedumbre. Corresponden medidas “curativas” porque la muchedumbre vendría a ser una enfermedad. Si la locura viene de un lado o el otro, el juez sabrá. En este caso, la juez, sobre eso ni palabra. Pero en este caso se trata, según toda la evidencia, de una muchedumbre que los procesados por ser “líderes” encontraron ya formada. Había sido convocada públicamente por otras organizaciones con sus propios “lideres” de pacotilla, pero al menos eso pretendían ser. Eso lo dice la propia sentencia detalladamente.


Gustavo Signorelli allí mal mencionado y el único mencionado de las organizaciones convocantes, perdió junto con su agrupación las elecciones en su sindicato al año siguiente. Y al siguiente volvió a perder el último cargo que tenían en la Directiva. El suyo. Dejó de ser para siempre dirigente sindical, perdió por lo tanto sus fueron sindicales y debió volver a trabajar como simple funcionario, deambulando por los juzgados porque nadie lo quería, por inservible. Pero no le peguemos tanto al pobre prototipo de burócrata sindical, no es el tema de esta nota.
Vayamos a lo que importa. La acción fue convocada públicamente por determinadas organizaciones mencionadas en la sentencia. Entonces, la juez que sale de la vaina por meter en cana a alguien debería considerar la posibilidad de que los realmente conductores de esa terrorífica muchedumbre fuesen los dirigentes de esas organizaciones. Gritar consignas nunca puede ser considerado un delito, o habría que meter en las cárceles ya completamente desbordadas a la mitad del Uruguay comenzando por las hinchadas futboleras. Pero si lo fuese, ese terrorífico delito de muchedumbre fue cometido ANTES de las negociaciones del tal “Signorelle” et al para que la gente se retirase. Eso lo relata la sentencia. Y si acaso la gente ya delictiva se retiró mayoritariamente a instancias de esos “conductores” es “de buen sentido” explorar la posibilidad de que hayan sido esos los instigadores al delito que se pretende. Si asalto un banco, tomo rehenes, después vienen negociadores policiales, hablamos, decido deponer la acción y liberar a los rehenes, seguramente esa actitud sea tomada como atenuante del delito, pero no creo que me dejasen ir lo más pancho para mi casa. El delito se habría efectivamente cometido.


O sea: o hubo delito o no lo hubo. Si lo hubiere -supongamos ese absurdo- y hubo “conductores” y la gran mayoría de la gente fue conducida a retirarse por esos conductores DESPUÉS de haber supuestamente delinquido a instancias de ellos, pues a ellos. Y si no hubo delito para unos menos aun para los otros. Eso sería “de buen sentido”.
Pero no esperemos buen sentido, lo político está por encima de lo jurídico. Y la política es política de clase. De lo que se trata aquí es del buscar el ESCARMIENTO de la muy peligrosa costumbre de juntarse y protestar, de la protesta COLECTIVA. Esa fobia, ese terror, no es en realidad “irracional”. Es totalmente racional para la clase dominante, la clase de los muy pocos. Evitar que los muchos de la clase dominada se junten. “Tres son multitud”, dicen.


El miedo racional de la clase dominante al despertar de los oprimidos es una constante. La definición jurídica de delitos como asonada, atentado, y la condición multitudinaria como agravante, incluso el ridículo de “tres son multitud”, parte de la lógica de dominio de la minoría sobre la mayoría. Cuando ese dominio se debe, por razones históricas, compatibilizar de alguna manera con las instituciones formalmente democráticas, se recurre a ciertos mecanismos variables que dependen de muchos factores. Es evidente que en la medida que aumenta la conflictividad social, o exista la perspectiva de que aumente, se buscarán mecanismos preventivos de contención. El disciplinamiento social debe incluir “vigilar y castigar” pero disuadir es mejor que castigar. Uno de los mecanismos de disuasión usado a lo largo de la historia es el castigo selectivo ejemplarizante.
El sociólogo Pierre Bourdieu ha explicado esto en “El poder simbólco”, “Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica”, etc, un poco en la línea de Michel Foucault que aludimos más arriba. “Una forma de violencia que podemos llamar ‘dulce’ y casi invisible”, y que sería un “acto docente”. Pero para que la violencia simbólica funcione debe haber una violencia fáctica que cumpla el papel fundante que luego se reproduce y amplía en la violencia simbólica. El papel moneda circula y funciona, pero debe haber un respaldo en el banco emisor, o no valdría nada. La violencia simbólica y fáctica se relacionan de forma similar.


Vamos a verlo en concreto. El delito de muchedumbre presenta el siguiente problema, bien concreto: son muchos.
No se puede procesar y castigar a todos, es material y jurídicamente imposible. En muchos casos no se sabe, en su amplia mayoría, ni quienes son. Entonces cobra especial importancia procesar y castigar a algunos: es el escarmiento. A ver si así paran.


Por eso es que este tipo de acción judicial no tiene, en este caso, nada que ver con la lógica. Si hay dos presuntos líderes (y para la ideología de esa clase dominante líderes tiene que haber habido porque sin líderes no hay historia) y la gente siguió a uno, no se procesa necesariamente al que la gente siguió sino al que sería más peligroso que la gente pudiera seguir, aunque no lo haya hecho. No según el delito que efectivamente ocurrió sino sobre el que podría tal vez peligrosamente ocurrir. Por eso ocurre esto que vemos, procesar y condenar por un delito que no existe, según el supuesto peligro de lo que podría llegar a pasar. No según lo que efectivamente pasó. Un peligro para alguien o algo en concreto.


La fobia a la muchedumbre es un miedo racional del dominador minoritario sobre la rebelión potencial del dominado mayoritario.
En ese sentido el fallo de la jueza Salterain es un ejemplo de libro. Y es algo tan descarado y grosero, que, de hecho, es una incitación a la protesta multitudinaria, como ya lo vimos en la realidad concreta. Hay que procesar a a jueza por incitación a la violencia.




viernes, 19 de noviembre de 2021

Desayunos informales 19 noviembre 2021



Zabalza criticó condena por incidentes en la SCJ: "El argumento es justificar con un demonio malo la liberación de los viejitos buenos" de Domingo Arena 

 

A principios de noviembre la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro, Diego y Eduardo Jaume por un delito de atentado por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la órbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota, encargada en ese momento de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.

Esta nueva condena fue rechazada por los implicados, quienes la calificaron como "un disparate jurídico", ya que se los está juzgando por segunda vez, además de ser una forma de "criminalización" de la protesta.

Condena por participación en la protesta en 2013

Nos fuimos nosotros solos, sino el PITCNT, la FEUU, Madres y Familiares los que convocaron en contra del traslado de la jueza Motta, fue general el rechazo, no fue un invento nuestro. Nosotros nos quedamos 10 minutos y todo el mundo terminó yéndose. La jueza Mota fue la que procesó a Bordaberry como dictador por atentado a la Constitución, por golpe de estado y no haber hecho nada para impedir la tortura a 20 compañeros. Él tenía el poder para impedirlo y no lo impidió. Ese procesamiento que cuestionaba al sistema político y partidario es el que provocó el traslado. En su juzgado tenía 50 causas de derechos humanos y posiblemente ella seguiría atendiendo esas cuestiones, cosa que hasta el momento, a pesar que no había ninguna actitud de parte de los gobiernos de procesar a personas vinculadas a delitos de lesa humanidad, probablemente la doctora Mota sí hubiera dado trámite a esas 50 causas. La decisión de la SCJ tenía un contenido político de defensa de la impunidad. El presidente de la SCJ dijo que iban a hacer una muralla de contención.

Cada persona que fue ahí fue por un acto de conciencia convocado por organizaciones sociales. Cada cual fue por una decisión propia. Hay una mirada del mundo en la que se necesita líderes para acarrear gente. Ahí no hubo líderes, ahí cada uno actuó de acuerdo a su accionar. En el 2015 nos procesaron por la asonada, quedó anulado y en lugar de salir en libertad, el fiscal Zubía nos procesó. Fue una exhibición de su modo de ver el mundo en donde los militares tienen que tener impunidad, en primer lugar porque su padre y tío fueron golpistas. Nos volvió a procesar por atentado, cuando ya fue declarado inconstitucional. Por los mismos hechos nos procesan dos veces. Ahora hay una apelación.

Por suerte, algunos procesamientos han seguido. Perciavalle es otra persona activa en la aplicación de principios internacionales. El gobierno uruguayo fue cuestionado por la Corte Interamericana por no cumplir en el caso Gelman. Eso ha continuado, es cierto. A mí modo de ver, de una manera totalmente insuficiente. La responsabilidad no es solo de los individuos, sino del Estado. En 36 años la democracia ha juzgado de una manera muy débil lo que fue la dictadura.

Cuando el Foro de Montevideo pide la liberación de los viejitos de Domingo Arena está pidiendo la liberación de gente por delitos que se cometieron. La desaparición forzada no desaparece. Está vigente. De mi punto de vista, ¿por qué hechos que fueron juzgados en el 2013 reaparece justo en este momento? Tengo la percepción de que es para oponerlo al proyecto del Foro de Montevideo de liberación de los viejitos buenos. Hay un demonio que va a ser liberado, inventemos otro demonio opuesto.

La corte la cambió de juzgada a Salterain y al último momento nos sentenció. Fue su último acto. Nuestro expediente pasó a otro juzgado. No es un hecho casual. Creo que en algún momento van a saltar (los defensores de la liberación de presos de Domingo Arena). Creo que el argumento es justificar con un demonio malo la liberación de los viejitos buenos. Apelamos y vamos a seguir todo el proceso judicial hasta llevarlo a tasación. Vamos a llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procesamiento es con prisión, la sentencia queda en suspenso.

Hubo empujones. En el expediente se ve al encargado de la operación de desalojo dice que ordenó a los policías sacarse los escudos, protecciones y bastones. Entendía que no era necesario. Si no era necesario, es porque no hubo un pétalo de una flor que se cayera. No se tocó ningún pétalo. La jueza hizo una valoración bastante subjetiva.

Crímenes cometidos en dictadura

 Yo siento odio hacia el Estado, al aparato represivo. Cuando eso que revivo personalmente fue experimentado fue experimentado por 1 de cada 500 (la tortura). Fue mucho más profundo quizá de lo que ocurrió en Brasil.

Fueron actos que nosotros no debiéramos haber cometido. Con la diferencia que no era el aparato del Estado y segundo que los compañeros que cometieron esos actos fueron severamente castigados y torturados. Pasaron 13 años en situaciones bastante lamentables e inhumanas. Hay mucha gente que se fue del país expulsada. Los de Pascasio Báez y Arteche fueron crímenes.

Más allá de esos episodios lamentables, creo que nosotros desarrollamos el movimiento guerrillero pensando en conformar un ejecito. Ese ejército implicaba sustituir la voluntad el pueblo, que en ese momento era de mucha indignación, por la voluntad de un aparato militar que nosotros dirigíamos. Es decir, olvidar que la revolución de trata de una insurrección popular en donde el pueblo decide hacerla y creer que nosotros éramos los encargados de tomar el poder del Estado. Terminábamos siendo un espejo del Estado que repudiábamos. Eso fue el error. En donde hay una pirámide que se rige por el orden y mando, esa piramida está cercenando la libertad democrática de la gente. La sombra del aparato armado termina incidiendo sobre la voluntad de todo el mundo. A partir de eso, hay una cantidad de errores. Esa era la teoría central de todo el movimiento guerrillero. En el libro trato de sostener que justamente la guerrilla solo debe limitarse a apoyar una insurrección popular y que hubiera una forma de auto organizar el poder popular. Eso está en la raíz de muchos fenómenos, por ejemplo el de la URSS. La guerrilla incentivando, respaldado lo que es la voluntad popular.

Toma de Pando

En lo personal me trae recuerdos terribles. La toma de Pando fue en homenaje y memoria del asesinato del Che Guevara. También me recuerda otro momento desgraciado para el MLN que es la muerte de Burgueño. Creo que es reivindicable en dos sentidos. Primero, por la memoria de los caídos en Pando. Segundo, la toma de Pando demuestra el estado de ánimo de la sociedad del momento. A esa derrota que dejó el aparato represivo le siguió un crecimiento enorme desde el punto de vista cuantitativo. La gente golpeaba la puerta del MLN para incorporarse. El crecimiento enorme del MLN que hubo en ese momento, que llegaron a ser más de nueve mil, se inició en un momento de derrota, muerte y persecución. Eso es lo que el MLN siempre ha homenajeado.

Postura y reunión con Diego Burgueño

El hecho de haber podido hablar los dos libremente de nuestro mutuo sufrimiento me parece que tiene un sentido liberador. Fue una conversación muy personal. Hubo pedido de disculpas a los familiares de la toma de Pando. No es cierto que no haya habido.

Hay mucha gente que también ha perdido la memoria. Para mí la toma de Pando tiene un significado y para otros no. Con Julio Marenales y Raúl Sendic padre estuvimos 11 años en subterráneos y en los cuarteles sometidos a un maltrato solo por el hecho de estar ahí. ¿Cómo no voy a sentir odio?

El teléfono rojo y una sintonía espiritual que se termina llamando “olvido y perdón”. No solo es una cuestión del MLN. En el 2009 cuando se hacía el segundo plebiscito para anular la ley de caducidad, el congreso del FA apoyó a Fernández Huidobro, en contra de la posición que defendíamos nosotros que había que apoyar el plebiscito del 2019. Sin embargo, triunfó por una abrumadora mayoría siguiendo el pedido de Fernández Huidobro. El FA no hizo campaña y decidió apostar a llegar al gobierno. Eso para mí es un pacto de impunidad.

Fernández Huidobro chocó con Familiares y la doctora Mota. No entiendo que haya sido un  traicionero. Fueron decisiones políticas que no comparto para nada. Sentí la pérdida de Raúl Sendic como un padre. Sentí la pérdida de muchos compañeros como hermano. Siempre creí que el MLN se iba a mantener del lado de los derechos humanos y sin embargo los vemos en un pacto de silencio de olvidar y perdonar a los viejitos, que es la posición que ha dado Mujica. Significa olviden lo que hice y perdónenme. Es indignante y no sé cómo puede haber compañeros que lo apoye (sobre el acercamiento entre Mujica y Cabildo Abierto).

Hay crímenes que no debieran ser cometidos, no me arrepiento en general. El MLN logró que sus accione militares repetaran la regla de oro en su primera etapa, es decir, que esas acciones fueran comprensibles para todo el mundo, no que despertaran simpatía. El asesinato se escapa a la regla de oro y Pando abandona la primera vez que se abandona la

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jueves, 11 de noviembre de 2021

Por la vuelta

"La asonada" en la SCJ por el traslado de la jueza Mariana Mota.


 

 

Por aquellos tiempos en que tejíamos amores en los campamentos “peludos”, nos cayeron encima unas medidas prontas de seguridad. El 7 de octubre de 1965 las decretó el colegiado con mayoría del Partido Nacional, su ala “liberal conservadora” integrada por los mismos apellidos que hoy nos gobiernan. Su liberalismo nos les impidió apoyarse en la ley para instaurar un régimen de excepcionalidad dirigido a controlar las movilizaciones obreras.

Símbolo de su violencia institucional, fue la foto de Juan Carlos “Pocho” Hornos, militante del vidrio, a quien la policía colgó del arco de la cancha de “El Puente”, a orillas del Pantanoso, el emblemático “paralelo 38”. La democracia formal, burguesa y liberal, tenía peores antecedentes: en 1961 un policía enfurecido había asesinado a Walter Motta, militante sindical de la industria de la carne. Bastaba un poco de barullo obrero para que los liberales se quitaran la careta y sacaran a relucir los colmillos del poder. En esos días, el 22 de octubre, en el semanario “Marcha”, Carlos María Gutiérrez, el Negro, publicó una columna titulada “Arizaga no existe”.

Relataba en ella la detención de Julio Arizaga en jefatura de policía. El directorio de OSE había proporcionado a la policía una lista de “sospechosos” que incluía a Arizaga, por su militancia sindical, pero, también y principalmente, por ser fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Gutiérrez denunciaba que Julio había sido sometido a torturas.

La información de la policía, “veraz y transparente”, contaba que el Canario se había auto flagelado y que, posteriormente, estando internado en el Hospital Militar, atacó al custodio, le sobrevino un shock nervioso y se golpeó la cabeza contra las paredes y la tarima. En el juzgado pudieron constatar que su cuerpo y la cara estaban tapizadas con hematomas, quemaduras de cigarrillos, cortes y arañazos. El juez decretó la libertad de Arizaga, pero, apenas traspuesta la puerta del juzgado, fue nuevamente detenido y nuevamente torturado.

A Julio Arizaga no lo amparaba ninguna constitución de la república, no había ley ni habeas corpus que lo protegiera… no tenía derechos ni libertades… “no existía” para la república democrática. En “Marcha”, noviembre de 1965, el maestro Julio Castro caracterizó esas circunstancias: “reinado de los torturadores”.

El terrorismo de Estado no nació de un repollo, lo precedió una escalada de actos preparatorios, el período que los intelectuales liberales y conservadores necesitaron para fundamentar la violencia institucional. Los acicateaba la molesta sensación de que el pueblo uruguayo podía hacer una revolución parecida a la hecha por el cubano. Recién luego llegó la brutalidad descarnada.

A fines de los ’50, principios de los ’60, fueron surgiendo las teorías que postulaban una especie de “contrarrevolución preventiva” para defender la “libertad” y el Estado de Derecho. Académicos, historiadores e intelectuales liberales, orgánicos de los partidos institucionalizados, satanizaron bajo el término “antipatria” a la izquierda no institucionalizada, argumento que justificaba el recurso a la represión violenta.

Aparecieron las organizaciones del activismo reaccionario: MONDEL, ALERTA y el MEDL, todas usaban el término “Libertad” en sus siglas. Fueron el anticipo directo de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), fundada en 1970. Manifestaban que los asistía la razón y la fuerza, pues contaban, en especial, con el respaldo de las fuerzas armadas. Proclamaban no temer el recurso a la violencia, se preparaban para todas las formas de lucha y así irrumpió el Escuadrón Caza Tupamaros. Otra expresión de esas ideas la concretó el general Mario Aguerrondo al organizar la logia de la triste fama.

Ocho años después de la tortura impune a Julio Arizaga, las fuerzas que fue acumulando la reacción más extrema dieron su golpe de Estado. Ya contaban con las ideas y los argumentos, la organización de su militancia, el necesario apoyo electoral y habían colonizado importantes sectores de las fuerzas armadas, aspecto, éste último, en el que contaron con la invalorable colaboración de la Escuela de las Américas.

En 1985 los militares de la dictadura se retiraron de manera ordenada a sus cuarteles. Políticamente desgastados, pero no derrotados; culpables, pero sin remordimientos, intactas sus convicciones y su manera de interpretar la realidad. Conservaron tanta fuerza en lo moral y lo práctico, que los partidos políticos se sintieron obligados a conceder la impunidad. Fue el peaje que pagaron para que los milicos permitieran la restauración institucional. Wilson Ferreira Aldunate no se avino a las exigencias planteadas en el Club Naval, pero, luego, dio sus dos pasos atrás y respaldó la inmoral caducidad.

Las ínfimas mayorías electorales obtenidas en 1985 y 2009, reafirmaron el modo de pensar y de sentir de los impunes. Con la moderación la izquierda cuestionadora del sistema y del capitalismo, se transformó en progresismo, otra versión liberal, que los llevó a ser apoyo de la democracia formal y burguesa, esa que los poetas de las ciencias sociales califican de “altísima calidad”. Hoy en día el Uruguay es un “paraíso de la impunidad y de la paz entre oprimidos y opresores”, una excepción en este continente convulsionado, la rediviva Suiza de América.

De repente, el 2 de febrero del 2010, una joven mujer, jueza de Penal de 7° Turno, condenó a 30 años de prisión al golpista Juan María Bordaberry. En la sentencia, la doctora Mariana Mota demostró que el dictador era culpable de atentado a la constitución por dar el golpe, de nueve delitos de desaparición forzosa y de los homicidios políticos de Ubagésner Cháves Sosa y Fernando Miranda. Lo acusó por no haber hecho nada para impedir la muerte de 29 personas torturadas entre mayo de 1972 y mayo de 1976.

Tampoco esa sentencia histórica nació de un repollo, fue abonada con el duro batallar contra los diferentes pactos de impunidad que nos atraviesan. El dictamen hizo saltar los acuerdos explícitos e implícitos que sostenían la “muralla” de protección a los criminales. Fue un elefante que rompió la corrección política que reinaba en el bazar de impunidades. Condenar a Bordaberry por dictador significó colocar un punto final a las justificaciones para no hacer nada. Punto final a las aspiraciones “dar vuelta la página” que se esconden en los recovecos de los partidos institucionalizados. Mariana pateó el nido de la partidocracia interesada en mantener el statu quo acordado en el Club Naval. Quedó en la mira de todos, del liberalismo conservador y del liberalismo progresista. La persiguieron por igual Jorge Batlle, Gonzalo Aguirre y Fernández Huidobro (que la acusaba de haber procesado sin pruebas a su amigo, el general Calcagno). La persecución culminó con su traslado del ámbito penal al de los juzgados civiles, un acto político de reafirmación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Nueve años después llegó el disparate judicial que condena por “atentado” una protesta pacífica, la criminaliza. Deja la sensación de que, en verdad, este período de institucionalidad republicana es, más bien, un lento transitar entre dos dictaduras, la que se retiró en 1985 y la que acecha desde los cuarteles, la que vendrá, apenas sientan que acumularon las fuerzas necesarias. Como decía Enrique Cadícamo en su tango “Por la vuelta”: “la historia vuelve a repetirse”.

Jorge Zabalza







miércoles, 3 de noviembre de 2021

Un hecho político muy serio


 

Salió el jueves 4 de noviembre en Semanario VOCES.

 

El viernes por la tarde me llegó la carta. La firmaba la doctora Ana Margarita De Salterain, titular del Juzgado Penal de 26° Turno, apellido ilustre, de élite, incorporado al nomenclátor de Montevideo. En su carta me decía que, junto a Irma Leites y Álvaro Jaume, nos condenaba a 24 meses de prisión. Casi nueve años, desde febrero del 2013, llevábamos procesados por manifestar y protestar por el traslado de la doctora Mariana Mota.

El 28 de mayo del 2015, aceptando la fundamentación presentada por nuestro abogado, el Dr. Juan Fagúndez, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 145 del Código Penal que configura el delito de asonada que nos había endilgado la fiscalía. Por mayoría, los supremos cortesanos determinaron que la asonada agraviaba las libertades de expresión y de reunión proclamadas en la constitución y, por consiguiente, el delito no debía sernos aplicado. Se clausuró la causa. Quedamos libres de culpa.

Un año después, sin embargo, el 20 de mayo del 2016, el órgano supremo del poder judicial, integrado ahora por otras personas, reconsideró el asunto y, sin sonrojarse siquiera, resolvió lo contrario: declaró que el delito de asonada era perfectamente constitucional.

El viraje de 180° de la Suprema Corte, evidencia la precariedad de las decisiones de los encargados de impartir “justicia”. En realidad, sus interpretaciones de la constitución y las leyes son muy veleidosas, dependen del modo de ver el mundo que, en un momento dado, tengan los supremos pontífices que administran la “justicia”. Se presume su imparcialidad, pero no hay ninguna garantía de que así sea.

Más adelante, Gustavo Zubía exigió que nos condenaran por atentado. No le importó pedir que nos procesaran dos veces por el mismo hecho. Fue una exhibición de poder por parte de un fiscal.

En su sentencia, la doctora De Salterain comunica que los tres imputados somos autores de un delito de atentado especialmente agravado por la “violencia y amenazas contra funcionarios públicos, con el fin de impedir el libre ejercicio de la función, actuando con prepotencia, odio y menosprecio a la autoridad”. No es “La Ley” quien juzga, sino una funcionaria que administra un juzgado que, por consiguiente, queda sujeto a sus maneras de sentir y ver la realidad.

En el texto, para fundamentar sus dichos, la jueza reproduce las declaraciones de los integrantes de la fuerza policial que desalojó los manifestantes del edificio de la Suprema Corte. No se reproducen otros testimonios, algunos de ellos que contradicen los aportados por los uniformados.

Aun así, la doctora De Salterain pasó por alto un detalle bien importante. En sus declaraciones, el jefe de la operación hizo constar que, cuando iba a proceder al desalojo por segunda vez, ordenó a la fuerza de choque que se despojara de los implementos que usan para la represión violenta, bastones y escudos, por ejemplo. Entendió que no eran necesarios los instrumentos “pacificadores”. El hecho indica que la actitud de los manifestantes no ameritaba ir en pie de represión, porque apenas fueron necesarios unos pocos empujones. Él mismo oficial señala que, al fin y al cabo, los manifestantes se retiraron de buenas maneras. La mirada sesgada de la señora jueza simplemente ignoró esta contradicción porque, en última instancia, quería ver violencia en nuestra actitud.

A De Salterain, como a Zubía, sólo les interesaba criminalizar a las tres personas que, de antemano, tenía decidido condenar. Alcanza con tener el poder de hacer valer su punto de vista o su capricho. Con una persona diferente a cargo del Juzgado, otros hubieran sido sus criterios y otra su decisión. Tal vez hasta habría reconocido que no hubo violencia ni amenazas y archivaría la causa. A veces, el destino de un indagado depende del estado de humor de quien goza del poder de juzgar.

En su sentencia, la señora jueza refrenda al pie de la letra, el contenido de la acusación presentada por Gustavo Zubía, entonces fiscal y ahora diputado por la coalición gobernante. Inclusive determina la misma pena cuantificada por el fiscal. Le agrega, como prueba de culpabilidad, las declaraciones de los oficiales y policías encargados de desalojar los manifestantes que protestaban en la Suprema Corte. Deja a un lado otros testimonios prestados por otros testigos. Hay un claro sesgo ideológico en la sentencia, cosa que no es de extrañar de parte de Zubía, conocido en los medios de comunicación por sus posturas, las más reaccionarias de nuestro país. Está apenas un pasito detrás de Bolsonaro, que elogia la tortura, el terrorismo de Estado y las dictaduras militares.

La sentencia podía haber sido redactada y comunicada dos, tres, varios meses atrás, o dentro de dos o tres meses. Al parece la jueza ni se acordaba del expediente, que parecía perdido en los estantes de Penal 26. Algo hizo que le viniera a la memoria justo cuando, una vez más, se plantea el olvido y el perdón para los criminales del terrorismo de Estado. Es inevitable sospechar en la sentencia un propósito de crear otro polo de demonios, de oponerlo al de los recluidos en Domingo Arena.

Regresa la teoría de los dos demonios, ahora utilizada para justificar la campaña por la impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

El hecho convocante de la protesta en cuestión, el 13 de febrero de 2013, fue el traslado a un juzgado civil de la Dra. Mariana Mota, jueza penal a cargo de más de 50 expedientes con militares indagados por delitos de lesa humanidad. El traslado despertó la certeza de que era un adoquín más en la “muralla” de impunidad que el poder judicial estaba levantando. Aunque lo disfrazaran de decisión puramente administrativa, fue un hecho político muy grave, que impregnó de ideología y política el proceso judicial que ahora culmina con la sentencia de la jueza De Salterain. Con intencionalidad política, la doctora trastoca en acto de violencia una manifestación de protesta en repudio al acto político de la Suprema Corte. La sentencia transpira política.

El poder judicial, institución que integra el andamiaje de poder de la clase dominante, nos regresa al rol de presos políticos, nuestra ubicación tradicional en esta historia que el terrorismo de Estado sembró de desaparecidos, asesinados, violados y torturados. Estamos prisioneros de la visión más reaccionaria de la sociedad, hoy enseñoreada en las figuras de la señora jueza y del señor ex fiscal, brazos ejecutores del “dar vuelta la página”.


Jorge Zabalza





sábado, 23 de octubre de 2021

Charla en Liberación (video)

 

 

Charla sobre la toma de Pando, algo que duele pero sostiene convicciones y actitudes.








 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 7 de octubre de 2021

"Por la tierra y con Sendic"

 




“El dinero es libertad acuñada”, sentencia de Fedor Distoievski, ruso él, pero que, no por ello puede ser acusado de comunista. Son más libres aquellos “malla oro” que disfrutan de capitales más grandes, evaluaba el extraordinario escritor, la libertad como una función de la riqueza.
Publicado en Semanario VOCES


Ayer, nomás, los peludos de UTAA bajaron a Montevideo con su reclamo de expropiar (sin indemnizar) las 33.000 hectáreas de Silva y Rosas, un latifundio improductivo que pensaban transformar en plantación cooperativa de caña de azúcar. Parece mentira, pero fue ayer nomás que esos campamentos nos cambiaron la vida a toda una generación, la del Ché Guevara.

Pocos días atrás, convocados por la Mesa Nacional de Colonos, AFINCO (gremio de los trabajadores del INC) y la Mesa Intersindical de Bella Unión, se reunieron unas 80 personas en la chacra cooperativa “15 de enero”. Como el grupo de oligarcas que nos gobierna se propone desmantelar el Instituto Nacional de Colonización (INC), los allí reunidos discutían cómo organizarse para defenderlo.

Entendieron que era buena cosa rodear el parlamento los días 12 y 13 de octubre, momento del senado para votar el artículo del presupuesto que desfinancia el INC. Convocaron entonces a reunirse en “fogones artiguistas” al costado del Palacio Legislativo. A los convocantes se suman varias organizaciones más, las que representan la Nación Charrúa, a los afrodescendientes, productores ecológicos, aspirantes a colonos, sindicatos de trabajadores rurales, asalariados con tierra de Bella Unión, estudiantes, cooperativistas de FUCVAM. La concentración coincide con la convocada por el PITCNT en la plaza 1° de Mayo.

Al igual que en 1964 me propongo acudir al llamado de lucha por la tierra, como también habré concurrido el martes por la mañana al Canal 10 junto a los que luchan por un Canelones libre de soja transgénica. Así comenzó aquella historia reciente, la que aún sigue corriendo.

¡¡ Tierra!!
Una vez más emergió la cuestión de la tierra. Desde que los malos europeos la robaron a mano armada, el modelo “tierra para quienes la trabajan” enfrenta el modelo “tierra para los pocos y privilegiados”. La lucha entre ambas formas de producir estuvo en el origen del Uruguay como república independiente. Los peores americanos pensaban, según Isidoro de María, que los pueblos indígenas “no eran capaces de comprender todos los beneficios que resultaban de la conquista y por eso luchaban contra los invasores”. Por eso impidieron recuperar su territorio a los pueblos originarios, los privaron del espacio propio, donde desarrollar sus autonomías y sus culturas.

José Artigas veía el problema desde el ángulo opuesto. Escribió al gobernador de Corrientes: “Recordemos que ellos tienen el principal derecho y que sería una degradación para nosotros, mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos”. Esa visión, Artigas la puso en práctica el 10 de setiembre de 1815 con su Reglamento de Tierras: la cuestión indígena se resolvía restituyendo la propiedad a los guaraníes, los charrúas y los negros, a los más infelices deambulaban por campos ajenos.

Luego de la “independencia”, el genocidio riverista hizo del Uruguay un territorio libre de poblaciones originarias y los genocidas pudieron apropiarse de los latifundios, del puerto y de los cargos en el aparato burocrático.

Ocupar, ocupar y ocupar.
Ciento cincuenta años después, el viejo modelo artiguista resurgía con el programa del Congreso del Pueblo. La Reforma Agraria se volvió el nudo de las más sentidas aspiraciones populares. Consigna de la rebelión peluda, la bandera de UTAA lucía el “tierra para el que trabaja”. En todo el espectro partidario, desde Wilson Ferreira Aldunate a la izquierda que se preciaba de revolucionaria, se coincidía en la necesidad de cambiar la estructura de propiedad de la tierra. Hablar de reforma agraria fue muy natural en aquel Uruguay sesentista. Los que empuñamos un arma, en busca de la palabra justa, la encontramos en el grito “Por la Tierra y con Sendic”, síntesis cañera del espíritu que reinaba.

En 1985, al regresar a los cuarteles, la dictadura nos dejó el 8% de la tierra bajo propiedad de capitales extranjeros, porcentaje que el movimiento popular consideró escandaloso. La pérdida de soberanía por la extranjerización de la tierra fue uno de los ejes crítico del discurso de la izquierda. Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos sindicatos y sectores minoritarios, fue imposible reinsertar la reforma agraria en los programas del PITCNT y del Frente Amplio. Se negaron los que marchaban hacia la moderación y el liberalismo.

Actualmente, casi sin ninguna oposición, los capitales extranjeros han llegado a ser propietarios del 50% del territorio nacional. La cifra indica el grado en que el Uruguay ha perdido independencia y ha sido insertado en la economía mundial como productor de materias primas. El proceso de recolonización ocurrió ante la pasividad y el desinterés del movimiento obrero, con la complicidad de los tres partidos que fueron gobierno luego de la dictadura cívico militar.

La tierra es el único recurso natural con que cuenta nuestro pueblo para alcanzar la justicia social. Con su plan de lucha por la tierra y contra la pobreza, Raúl “Bebe” Sendic supo unir los problemas de la marginación social con el cambio en la forma de hacer producir la tierra. La cuestión social se resuelve aboliendo el latifundio y poniendo en práctica el “tierra para el que trabaja”, transformando el modo de hacer producir la tierra y distribuir sus productos.

La tierra, sin embargo, continúa inaccesible para el marginado y empobrecido, para el que enriquece con su trabajo a los latifundistas locales y extranjeros… ¿ocupar, ocupar y ocupar será la única forma posible?

El 12 de octubre, fecha luctuosa para el pueblo indoamericano, nos vemos alrededor del parlamento para manifestar nuestro deseo de “tierra para el que trabaja”.

8 de octubre de 2021
Jorge Zabalza








jueves, 19 de agosto de 2021

El retorno de los brujos

A Juan Carlos “Pocho” Hornos.


 

Publicado el jueves 19 de agosto en "VOCES". Tal vez sea el primer capítulo del ensayo "IMAGINARIO INSURGENTE" que está recién en la punta del lápiz. Abrazos fraternos Tambero 

 

 

 

El rumor venía de la Avenida Paulista, fue trepando paredes arriba el Instituto del Cáncer del Estado de San Pablo (ICESP) y, finalmente, sacudió la salita de cuidados intermedios. Al entreabrir Veronika el ventanal, los pasos y las voces se hicieron tromba ensordecedora, amenazaban voltear árboles, destruir edificios e inundar las calles. Un huracán social y político.

Frente a la camilla, el televisor pasaba revista a las pancartas, unas exigían el impeachment de Dilma, otras acusaban de corrupción a Lula y su Partido dos Trabalhadores, pero la cámara se detenía, con deleite, en aquellos caminantes que pedían un golpe militar. El fenómeno se reprodujo en 150 ciudades del Brasil. Era el “retorno de los brujos”, ensayo de Jacques Bergier, uno de mis favoritos en la cárcel de Punta Carretas.

En su mayoría lucían piel y rasgos blancos, pero, como decía Pedro Archanjo, eso no quiere decir nada en Brasil, donde la “pureza de sangre” es un absurdo genético. Es cierto que los invasores europeos deseaban preservar la palidez de sus pieles y levantaron barreras para aislarse de las oscuras. Sin embargo, la supremacía blanca que bajó de los barcos, murió en las noches de cama tropical y terminó en infecundo onanismo ideológico. Los colores oscuros son los dominantes en la actual lndoamérica, Mestiza y Colonizada.

En función del lente que medía, el conteo de los manifestantes variaba de uno a más de dos millones de personas. Marchaban por la Paulista ciudadanos de clase media para arriba: las tres cuartas partes con estudios universitarios y más del 80% habían votado a Aecio Neves en el 2014. Estaba presente todo el espectro que va del centro a la extrema derecha, el que sostiene los negocios de los dueños de Brasil, o sea, en lenguaje más prosaico, los mayordomos y el personal de servicio que, en territorio brasilero, vigilan la reproducción del capital mundializado. Era un uppercut de derecha, directo al mentón.



Dilma

A Dilma Rouseff la sometieron al “pau de arará” y otras ingeniosas formas de torturar que usaron los militares brasileros, ingeniosos innovadores en la materia. Una vez salida de la cárcel se licenció en economía, enterró sus rencores y se fue desprendiendo de su pasado guerrillero. Amnistiada por la dictadura, apretó el botón de reinicio y se incorporó al laborismo de Brizzola, otra víctima del militarismo. En los ’90 integró su gabinete en Río Grande do Sul. Primeros pasitos por los senderos institucionales, aquellos que había desechado en los sesenta.

Una década más tarde, Dilma se sumó al Partido dos Trabalhadores, que había irrumpido con fuerza en el escenario político de Brasil. Integró el primer gobierno de Lula Da Silva (2003) en la gestión de Petrobras y Electrobras. Pudo sortear indemne el “mensalao”, o sea, las denuncias sobre las “mensualidades” que recibían los parlamentarios opositores para levantar la mano a favor del gobierno. El escándalo había involucrado los cuadros del Partido de los Trabajadores (PT), especialmente a José Dirceu y Antonio Palocci, dos posibles herederos de la corona encarcelados por corrupción. No corromperse fue la proeza que fortaleció la imagen pública de Roussef y la impulsó electoralmente.

Lula

Lula había sido derrotado por Collor de Melo en 1989 y, en las dos elecciones siguientes, le ganó Fernando Henrique Cardozo. Para salir de perdedor creyó necesario buscar aliados en la derecha para cambiar la correlación entre los partidos. En las negociaciones terminó de candidato a la vicepresidencia José Alencar, ligado a las organizaciones empresariales y muy liberal. Al mismo tiempo, Lula designó ministro de economía a Henrique Meirelles, otro liberal, que estaba ejerciendo la presidencia del Banco de Boston de los EE. UU. Alencar y Meirelles ofrecían garantías de moderación en la política económica de un posible gobierno de Lula. Fueron designaciones definitorias, marcaron el comienzo del cambio ideológico del Partido de los Trabalhadores, el abandono de la marcha hacia la tierra prometida por la izquierda: superar y transformar el capitalismo.

La fortaleza del Partido dos Trabalhadores radicaba en sus bases populares, en los millones de víctimas del Brasil colonizado, cuya necesidad de justicia social era mucho más que un vano discurso electoral: la necesidad de transformar la sociedad surgía de su forma de existir. Lula cambió la perspectiva transformadora y se aboco a solucionar el estado de emergencia que vivía el pueblo brasilero. Por consiguiente, desde que llegó al gobierno implementó políticas dirigidas al crecimiento del poder adquisitivo del salario y a empujar los sectores marginados y excluidos por encima de la línea de pobreza.

Lula designó a Dilma como jefa de gabinete en lugar del defenestrado Dirceu. Quedó identificada con el plan “fome zero”. Fue la “madre del PAC”, el Programa de Aceleración del Crecimiento: los fondos públicos aportarían 250 millones de dólares para incentivar las inversiones privadas en un plan de obras de infraestructura: rutas, saneamiento, puertos, vías ferroviarias y un largo etcétera. También gestionó el programa “Mi Casa, Mi Vida”, que prometió subvencionar la construcción de hasta 3 millones y medio de viviendas para sectores de bajos y muy bajos recursos. Decía Dilma, “cuando uno construye una casa, un conjunto residencial, se necesita ladrillos, arena, cemento, aluminio…quien produjo esos materiales contrató a personas, creó puestos de trabajo, pagó sueldos, se generó ingresos e hizo girar la rueda de la economía” … la rueda que genera plusvalor para el capital.

Los límites

El Partido dos Trabalhadores sacó de la invisibilidad la pobreza. Se propusieron una serie de reformas para erradicarla, pero, por supuesto, para evitar fricciones con los aliados, sin tocar el carácter capitalista de la sociedad. Capitalismo sin pobreza es la expresión que resume la concepción progresista, pero, al mismo tiempo, es un contrasentido absoluto: mientras continúe reproduciéndose el capital, se mantiene la línea de producción de la pobreza, la exclusión y la marginación.

Al proteger la tasa de rentabilidad, pagar puntillosamente la deuda externa y favorecer las inversiones multinacionales, el progresismo se hunde en la ciénaga del conservadurismo. Hace soñar con una sociedad justa y libre, todas y todos iguales, pero no se atreve a impedir que unos pocos devoren al resto de la población. El discurso liberal encubierto que hace el progresismo se limita, en última instancia, a indicar a los lobos cómo y dónde comerse mejor las ovejitas. Imposible eliminar la pobreza y la desigualdad sin transformar el modo de producir. Hete acá el freno al impulso de los progresistas.

Gracias a la moderación y el pragmatismo que le exigían sus aliados, Lula accedió al gobierno, pero no pudo escapar del laberinto en que se había metido. Abandonó el reclamo de expropiar latifundios y transferir al Estado la propiedad de las tierras, para ocupar una silla en la mesa del agronegocio. De la crítica al pago de los servicios de la deuda externa, pasó a privilegiar los intereses de los acreedores internacionales por encima de cualquier consideración social. Colocó un techo político al asistencialismo social: no podía lesionar los intereses de los inversores extranjeros, ni de los dueños criollos de las tierras, las industrias y el capital bancario. El gobierno de Lula fue, de cierta manera y en cierto grado, continuación del modelo desarrollista de Fernando Henrique Cardoso. Lula terminó siendo un operador del proceso de concentración del capital a nivel mundial.

Teniendo la posibilidad de intentar la superación del capitalismo, Lula marchó en dirección opuesta, la de financiar las empresas y los bancos privados desde el Estado, para poner en marcha los “motores del desarrollo económico”, es decir, la reproducción ampliada del capital. Por otra parte, sus medidas de asistencialismo social ampliaron, de hecho, la base del consumo de bienes, otra forma de asegurar la rentabilidad de los capitales. Las reformas de Lula se inscribían en el marco de la economía política capitalista, abandonó la perspectiva teórica de la transformación revolucionaria de la sociedad, su pecado juvenil.

Los burgueses parisinos del siglo XVIII no inventaron la república democrática para acabar con el capitalismo que, de hecho, todavía no había superado sus estadios más primitivos. Faltaba mucho genocidio, mucha esclavitud y mucha rapiña para que capitalismo pasara de la reproducción simple a la reproducción ampliada. En realidad, la posibilidad de elegir representantes parlamentarios fue un privilegio censitario, reservado a los burgueses, y no a todos ellos. Un derecho prohibido a los “sin propiedad”, la forma política de impedir que las masas irredentas pasaran por arriba la revolución burguesa, como ya habían hecho con el poder feudal.

En definitiva, en la eterna batalla de ideas entre la conservación de sistema y los que se proponen transformarlo, los progresismos desarrollan una versión encubierta del pensamiento liberal. Más sensible con las víctimas, es cierto, pero, en definitiva, tan neoliberal como la de los “chicago boys”. Parecen haber venido al mundo para ayudar a soportar penurias, una rueda de auxilio de las religiones.

La finalidad “sesentista” de las izquierdas revolucionarias, la lucha por una sociedad sin clases y sin Estado, la sustituyeron con la fantasía de humanizar las consecuencias sociales de la opresión y la explotación. Una imitación indoamericana de la socialdemocracia y el eurocomunismo: trepados a una especie de mirador, critican las aristas más feas y violentas de la opresión, pero las mantienen vivas. Una especie de “bonapartismo de izquierda”.

Primera mujer presidenta

Inmersa y condicionada por esa atmósfera de regresión, Dilma, la exguerrillera, arrojó al basurero los manuales estalinistas que, con menos de 18 años, había memorizado en “Política Obrera”. No dejó vacío el espacio dedicado a los dogmas, sino que, por el contrario, los rellenó con preceptos liberales, aprendió a pensar y sentir con las reglas que le permitieron navegar en la república parlamentaria. La aureola del regreso al redil favoreció su ascenso a la presidencia de Brasil. Dilma es un ejemplo paradigmático del transformismo ideológico y político.

Fue en esos años que se descubrieron gigantescas reservas de petróleo en las costas del puerto de Santos. En consecuencia, Brasil ascendió a los primeros lugares entre las potencias petroleras, fenómeno que despertó euforia nacionalista. Lula usufructuó el afortunado descubrimiento que también jugó a favor de su jefa de gabinete. En octubre del 2010, Rousseff fue la primera mujer electa presidenta de Brasil.

Al poco tiempo convocó una Comisión para la Verdad, hecho que provocó expectativas en el movimiento de derechos humanos. En diciembre de 2014 se la vio llorar al recibir el informe sobre los crímenes cometidos por los militares. Nada hizo, sin embargo, para anular la ley que en 1979 amnistió a los culpables. Arrogándose, de hecho, la representación de todas las víctimas consolidó la impunidad de los victimarios. El manto de olvido continuó cubriendo las verdades ocultas. El Partido dos Trabalhadores, Lula y Dilma atravesaron un puente que les exigieron atravesar.

Rousseff se había comprometido con una seguidilla de espectáculos estelares: la copa de las confederaciones (2013), el mundial del 2014 y las olimpíadas en 2016. Quería aprovechar la pasión deportiva, para juntar los votos necesarios para ser reelecta. El gasto público requerido para reacondicionar estadios y construir la ciudad deportiva anduvo por los 11.000 millones de dólares. La cifra competía forzosamente con el gasto social del Estado. Se volvió intolerable. Además, la gente sospechaba, con fundamento, que altos funcionarios eran cómplices en negociados con los empresarios que construían la infraestructura.

El 7 de setiembre del 2011, al grito de “paren de robar”, salieron a la calle algunos miles de “indignados”. Fue el arranque de otro ciclo de intensa movilización popular contra el gobierno, pero, no necesariamente contra Dilma, embarcada en la llamada “operación limpieza” de los altos cargos. De todas maneras, no pudo evitar la indignación genérica, que la acompañó hasta que fue destituida. Su talón de Aquiles fue el fútbol, rasgo identitario del Brasil.

El 16 de junio del 2013, en el partido inaugural de la copa de las confederaciones, otros miles manifestaron en las puertas del Maracaná, que había sido remozado al costo de 500 millones de dólares. La policía progresista los disolvió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo protestas en todo Brasil. Desencantados, los brasileros gritaban contra el aumento del transporte público, de las tarifas y del costo de vida en general, contra la represión progresista.

Para peor, sin nada de inocencia, el juez Moro les tiró encima la Operación Lava Jato. Quedaron sospechados de corrupción Lula y otras figuras de relieve. Según varias encuestadoras, luego del operativo, las simpatías hacia Dilma cayeron hasta un mísero 7%. Por izquierda y por derecha, los indignados no cejaron en su movilización en el 2014. Desencanto y protestas, sin embargo, no impidieron que, a finales de año, Dilma fuera reelecta en el ballotage derrotando, aunque por muy escaso margen, a su rival Aecio Neves, un liberal puro y duro. El electorado brasilero quedó dividido prácticamente en dos mitades, a favor y en contra del Partido dos Trabalhadores. Era el fracaso de la estrategia electoral para los cambios. La desilusión cundió en la militancia “petista”.

Dos días antes que la derecha tronara en la Paulista, la CUT y otras organizaciones sociales convocaron una concentración masiva en respaldo de Dilma. La indiferencia fue el síntoma más grave de las varias enfermedades que aquejaban al progresismo. Parecía agotado su poder de convocatoria. Las calles quedaron libres para la derecha. Las alianzas posibilitaron tres victorias electorales, pero a la larga fortalecieron a las élites en la misma medida que debilitaron el movimiento popular. El fenómeno no fue tenido en cuenta por los progresistas, que continuaron a paso cansino, camino al precipicio. La mesa estaba servida y los comensales con mucho apetito.

Desacumulación

Dilma designó ministro de economía a Joaquim Levy, presidente hasta entonces de BRADESCO, uno de los bancos más poderosos de Brasil. Toda una definición política e ideológica. A poco comenzado su mandato, con un decreto presidencial, Dilma recortó el presupuesto en 26.000 millones de dólares. Su mayor preocupación parecían ser las cifras negativas del déficit fiscal y la opinión de las calificadoras de riesgo. La macroeconomía, una abstracción, en última instancia, le importaba más que la microeconomía, muy concreta, la del bolsillo popular.

El recorte fiscal fue un tiro en el pie. Los movimientos sociales dejaron de sentir suyo el gobierno, que quedó prisionero de la negociación con los delincuentes que eran sus aliados electorales. Prosternarse no había sido suficiente. No le perdonaban sus pecados juveniles. La gesta guerrillera se negaba a soltarla, sobrevolaba en cada actitud, gesto o discurso suyo. Por otra parte, a los poderes les interesaba mantener vivo su pasado de enemiga de la república. Era el flanco más débil, el que golpearon sin piedad. La sometieron a insultos y presiones: en su discurso a favor de la destitución, Jair Bolsonaro se deleitó elogiando los verdugos y felicitó al coronel Brilhante Ustra, el torturador de Dilma.

Vicepresidente de la república y aliado mayor del Partido dos Trabalhadores, Michel Temer lo hirió con puñalada trapera. Apenas pasado un año de la marcha por la Paulista, Temer encabezó la coalición de senadores, un 60% del total, que destituyeron a Dilma. Se apuró a ocupar el vacío presidencial. Al quitar de en medio los amortiguadores progresistas, poder y gobierno quedaron en manos de sus únicos dueños que, al toque, se arrojaron a saco sobre la masa salarial. Fue un golpe de Estado contra el pueblo trabajador.

Un golpe dado en el parlamento, por acuerdo entre la derecha liberal y los devotos del terrorismo de estado. Las fuerzas armadas no tuvieron necesidad de intervenir, ni de disolver las cámaras y florearse sable en mano. Bastó con distorsionar los mecanismos constitucionales y legales de la república democrática, esos que enmascaran la violencia cotidiana de la opresión. Aplicaron técnicas siglo XXI para el golpe de Estado, las que sustituyeron las de Curzio Malaparte y la Escuela de las Américas.

Para difundir viejas triquiñuelas semánticas contaron con el auxilio del juez Moro y de “O Globo”, que hicieron ver un acto de justicia en el golpe. Otra era la realidad: no necesitaban más la amortiguación de Lula y Dilma y los despidieron sin indemnización. La opinión pública se corrió a la derecha, acompañando los medios de comunicación y a los parlamentarios y, finalmente, una clara mayoría electoral eligió presidente a Jair Bolsonaro el 28 de octubre del 2018. Durante sus siete periodos como diputado, había exhibido públicamente sus ideas. Nadie podía ignorar que reivindicaba la dictadura militar, que insistía en considerar instrumentos legítimos la tortura y las desapariciones forzosas. Los casi 58 millones que lo votaron conocían su perfil.

Fueron 15 años de gobierno del Partido de los Trabalhadores. Un plazo harto prolongado para que las mayorías comprendieran los beneficios de las políticas del progresismo, para que rechazaran visceralmente el militarismo. Ello no ocurrió. Lula no logró que sintieran el mismo “no va más” que puso fin a la dictadura. En cambio, al parecer, la moderación y el pragmatismo nublaron el horizonte y ablandaron la estaca, debilitaron los ánimos. La adopción de ideas liberales creó mucha confusión y ayudó el ausentismo en las calles. Se desacumuló lo acumulado en la lucha contra la dictadura, la regresión ideológica facilitó el retorno de los brujos.

Acumulación

La victoria electoral de Bolsonaro inició un proceso de acumulación de fuerzas en torno a las ideas, valores y concepciones del partido militar. El militarismo lanzado a la conquista de la hegemonía. Su propósito declarado es suprimir el “marxismo cultural” que, según ellos, domina las organizaciones populares, la educación y otros aspectos de la vida social. No se salva ni la izquierda vestida de seda.

Su ideal es el Estado-Cuartel, la sociedad sometida al ordeno y mando, a una rigurosa disciplina militar. Quieren hacer del Brasil un país “ordenadito”, socialmente estático, sin lucha social, sin feminismos y, mucho menos, con LGTB movilizado. Para adocenar revoltosos, Bolsonaro promueve la pena de muerte y el derecho de los terratenientes a usar las armas contra los sin tierra.

Cuatro décadas pasaron desde que los pueblos se cansaron de obedecer órdenes sin sentido y empujaron la retirada de las dictaduras. Tiempo suficiente para que el partido militar revisara y corrigiera su modo brutal de hacer política. Aprendió a moverse con modales políticamente correctos. Ahora se limitan a exhibir sus armas sin dispararlas o, por lo menos, sin usar el poder fuego como en los ‘60. Atemorizan con la memoria de la barbarie y la impunidad actual.

¿Bolsonaro dice y hace cosas de energúmeno? Por supuesto, pero ¿cómo se caracterizaba a Mussolini o a Hitler? Los disparates de Bolsonaro, repetidos hasta el cansancio, van anestesiando sensibilidades, acostumbran los oídos a los diez mandamientos del militarismo, arrean la opinión hacia el horizonte reaccionario. Es la estrategia de Goering.

No solamente acumulan en el plano de las ideas, lo hacen en músculo contante y sonante. Veintidós militares integran el gabinete ministerial de Bolsonaro. Además, en el 2020, 6.157 oficiales desempeñaban funciones en la gestión de gobierno, muchísimo más que los 2.765 del 2018, el año de Temer. Más aún que los que ocuparon cargos estatales en la dictadura. Son cifras que cuantifican su dominio del militarismo sobre el aparato del Estado.

En los últimos días, tanquetas y carros de combate desfilaron por Brasilia y entregaron a Bolsonaro una invitación a sus maniobras militares. El presidente los esperaba junto a los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Simbolismo puro. En Indoamérica, pero, especialmente en Brasil, el partido civil del “orden” está abrazado y confundido con el partido militar.

En Brasil las milicias son parapoliciales. No obedecen la cadena de mando. Las integran soldados, policías y bomberos, retirados y en servicio. Actúan con autonomía, se auto financian con negocios inmobiliarios, venta de seguridad y hasta de energía eléctrica. Controlan alrededor de 100 favelas. Constituyen una especie de extensión irregular del Estado. Han sido reiteradamente denunciadas y probadas sus vinculaciones políticas y financieras con el clan Bolsonaro. Es su fuerza de choque, la que está bajo sospecha en el asesinato de Mireille Franco.

Los motoqueros son otro círculo concéntrico del apoyo organizado al golpismo. Bolsonaro encabezó varias de sus demostraciones. No usan camisas pardas ni negras, pero se parecen demasiado a aquellos que metían miedo en la Alemania de Hitler o en la España de Franco. Son la fuerza de choque del militarismo.

Bertolt Brecht

En la misma medida que atemoriza, el disparatero bolsonarista cosecha repudios: hasta “O Globo” y el juez Moro tomaron distancia. Las multitudes que desfilan por la Paulista ahora son pueblo en movimiento y exigen que se vaya Bolsonaro. Más por rechazo al energúmeno que por virtudes propias, Lula da Silva puede ser el próximo presidente. Llegará embanderado con las mismas reformas de antes, meros parches a la situación de los menesterosos, nada de transformaciones de fondo. El desenlace de esta segunda oportunidad ¿será el mismo que en la primera? ¿otra vez el freno ideológico y la alternancia electoral?

El Partido dos Trabalhadores deberá enfrentar las fuerzas acumuladas por el militarismo organizado. Situación parecida vive Pedro Castillo en Perú. El grado de “contundencia” del partido militar brasilero no lo registran las encuestas de opinión pública. Tampoco está registrada la anuencia ideológica del Departamento de Estado, cuya mira apunta a Iberoamérica para competir con China. Son fuerzas suficientes para provocar y obligar resistencias populares, como las de Chile y Colombia.

La antesala de los golpes de Estado en Indoamérica fueron los atentados de grupos fascistas organizados. Ahora, el bolsonarismo, el fujimorismo y el uribismo cuentan con una capacidad de acción mucho mayor que la de aquellos grupos de los ‘50. Las circunstancias parecen ser más graves que las del siglo pasado.

Por supuesto, las similitudes del proceso en Brasil con otros de Iberoamérica son pura casualidad. Con Uruguay, en particular, donde reina una “democracia de altísima calidad”, según afirman los poetas de la politología. Sin embargo, como ya sucedió con harta frecuencia, cuando Brasil traza una senda, se oscurece la bola de cristal de las ciencias políticas institucionalizadas y el futuro se decide en los casinos de oficiales. Un análisis fino de la coyuntura uruguaya necesariamente debe considerar la sombra amenazante de la fuerza paraestatal organizada en Brasil.

El retorno de los brujos trasciende fronteras, contagia reaccionarios en toda Indoamérica, particularmente en los centros militares. La impunidad y los pactos de silencio entre civiles y militares dan solidez al discurso tóxico, patriotero y antipopular que antecede a la guerra que vendrá. Hacen mal los progresismos en olvidar el poema de Bertolt Brecht, el que desoyeron sus contemporáneos…y así les fue.

Todo parece indicar que amanece un nuevo 1968, con el arriba apretando tuercas y el abajo sin muchas alternativas, empujado a ocupar plazas y avenidas, el territorio de su libertad. El 22 de marzo de 1963, un lustro antes del ’68, Raúl Sendic Antonaccio pronosticaba en el semanario “El Sol”: “Hoy día podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda las Constitución de la República y las leyes que consagran derechos justos. Esto debemos entenderlo antes de que sea demasiado tarde"

Jorge Zabalza







jueves, 15 de julio de 2021

"Ingobernables"

publicado el 15 de julio 2021 en el Semanario VOCES
 

por Jorge Zabalza



“Los orientales son ingobernables”, sentenció el coronel, metió violín en bolsa y renunció al cargo de dictador infame. Ingobernables por el látigo y el cepo, ingobernables para los autoritarismos en todos sus grados y las tiranías en todas sus formas. Bien que se saben gobernar a sí mismos los orientales, como lo hicieron cada vez que las circunstancias lo exigieron, como en 1980, en el plebiscito del mudo y masivo acuerdo contra la dictadura. Una vez más la brutalidad viene desde el vértice, porque… ¿de qué otro modo se puede calificar la imposición, de “pesado”, de esa ley de urgente consideración? En ciertos momentos, los buenos modales dejan de servir a los dueños del poder, comienzan a apretar las clavijas suavemente, estiran al máximo los mecanismos de la dominación pacífica, van descubriendo que algunos ofrecen la otra mejilla y que otras y otros ocupan las trincheras de la resistencia. ¿No es algo así lo que está ocurriendo?
Ahora y saben que 800.000 voluntades se oponen a las suyas. Ahora desplegarán su fuerza política para impedir que deroguen su tan preciada ley portaviones. Habrá que resistir una vez más. Por supuesto, los oprimidos no abandonan las vías pacíficas por voluntad propia. Preferirían, por supuesto, quitarse las cadenas mientras toman mate en la cocina.
Son los dueños de todo quienes recortan los espacios a la expresión pacífica de los dueños de nada, los que, paulatinamente, van provocando reacciones airadas del abajo que se mueve, dejándolo sin alternativas, hasta que al magma no le queda más salida que la erupción, sea cómo y dónde sea. En este islote de la poesía liberal, muchos creen que “nunca más” habrá golpes de estado, hacen abstracción de la lucha de clases, de su historia, de las imperiosas necesidades de los dueños del Uruguay, de su interés vital en reproducir y ampliar el capital, sin importarles sus consecuencias sociales, la reducción de la masa salarial y la producción en masa de la marginación y la exclusión.
Sin embargo, quienes conocen la historia iniciada en 1958, la que iniciaron Echegoyen y Nardone, la de los grupos fascistas y la primera Carta de Intención con el FMI, ponen las barbas en remojo, están alertas y preparan su espíritu para lo que pueda venir. Los golpes no se pueden detener cuando los tanques ya ruedan en las calles, sino antes, cuando el autoritarismo muestra sus pezuñas y va trepando la cuesta de la represión violenta hacia el terrorismo de Estado.

La atropellada baguala desconcertó a dirigentes y parlamentarios frenteamplistas que quedaron como anestesiados, mirando para la fiambrera. La Mesa Política rechazó todo el contenido de la LUC por “inoportuno, inconstitucional y antidemocrático”, pero los parlamentarios, inusitada e incomprensiblemente, terminaron por aprobar el 50% del articulado. Confiaron en las acostumbradas negociaciones y transas de pasillo, en los discursos de salón, modificaron la superficie, es cierto, pero dejaron intacta la sustancia de clase de la ley contra el pueblo trabajador. No confiaron en las reservas espirituales de nuestro pueblo, en su espontaneidad para movilizarse y luchar.
La gruesa contradicción trajo desavenencias, reproches y parálisis en el Frente. La voluntad popular de luchar contra la brutalidad debió asumirla la Intersocial. La iniciativa de impulsar el referéndum fue de FUCVAM, la FEUU, el movimiento feminista y el movimiento sindical. El mayor acierto del partido opositor vino de las bases sociales y no del núcleo de dirigentes partidarios.
Los artículos 135 y 136 (que modifican el sistema de educación técnica y terciaria) y los 235 y 236 (que fija nuevos mecanismos para fijar el precio del combustible), despertaron más contradicciones internas en el Frente. Cuatro artículos que la bancada parlamentaria entendió que iban en la “dirección correcta”, mientras que el movimiento social los sintió como un agravio y consideró que era urgente derogarlos. En realidad, en los 341 artículos restantes hay otros sapos que pasaron inadvertidos y la militancia debió tragar. La conciliación y el pragmatismo obstaculizan la lectura correcta del modo de pensar de la masa que dicen representar. Abren rumbos divergentes, las bases sociales toman un camino y los que hacen política en el Palacio Legislativo emprenden el otro.

En los últimos quince días la iniciativa del referéndum trascendió las fronteras de lo organizado y, por decisión propia, miles de mujeres y hombres salieron a recoger las firmas que faltaban. Lo lograron en exceso. Un fenómeno similar al ocurrido en al ballotage de noviembre de 2019, cuando una espontánea movilización de base elevó al 49% el caudal electoral del Frente, superando con luz el 39% alcanzado un mes antes.
La capacidad militante demostrada en los hechos deja planteado un interrogante básico: ¿la participación directa fortalece la democracia representativa como se está sosteniendo o, por el contrario, la deslegitima y plantea otras formas de luchar? ¿No será que preciso confiar más en esa reserva anímica de rebeldía y proponerse pasos más audaces y menos institucionalizados?
Los acontecimientos políticos en toda América La Pobre están confirmando que los pueblos en movimiento son el único freno capaz de detener las ínfulas autoritarias y neoliberales de las actuales fuerzas reaccionarias. Incluidas las más violentas. Es la lección que se recoge de Haití, Chile, Bolivia y Colombia. Lecciones que conducen a pensar cuestiones más profundas: ¿hacia dónde se orienta el esfuerzo militante? ¿hacia la cosecha de votos? ¿a la acumulación de cabezas pensantes? Seguramente, hoy día una izquierda tipo “sesentista” no ganaría elecciones ni mayorías parlamentarias, pero es seguro que produciría montones de mujeres y hombres con clara comprensión de las necesidades históricas reales, verdaderas columnas de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Un caudal ideológico y político capaz de iluminar la oscuridad. Para ganar elecciones se dejaron por el camino muchas cosas: en aras de cosechar votos se renunció a todo, incluso a la anulación de la ley de impunidad. La moderación y el pragmatismo nos dieron el 2005, pero… ¿cuánta confusión produjeron? ¿el transformismo no será el motivo de la cada vez mayor distancia que separa el parlamento de las bases sociales?
Bueno, llegado a este punto, quisiera dejar aclarado algo: me sentí convocado por el grupo “Maestras No a LUC” y participé de en la “Coordinación Oeste contra TODA la LUC”. Sigo pensando que, al acto agresivo que es la LUC, se le debería haber respondido con la derogación de ese portaviones legislativo.
Ahora se viene una gran batalla política contra este gobierno del agronegocio, de los latifundistas y las empresas extranjeras, para librarnos de una economía tutelada por las calificadoras de riesgo, que recorta el gasto social para reducir el déficit fiscal y pagar los servicios de la Deuda. Habrá que enfrentar el sesgo ideológico que el gobierno adopta en el campo internacional. Defender al pueblo revolucionario de Cuba.

La LUC fue una grosería. El primer eslabón de la cadena de groserías contra el pueblo: la seguridad social, las desmonopolizaciones que crean monopolios privados, el respaldo político y jurídico a la represión, el cerco a las huelgas de las y los asalariados, etc. No se va solamente por 135 artículos de la LUC, vamos contra el gobierno. Ya suenan los tambores en la torre ejecutiva, auguran la puesta en marcha del proyecto político de cuño liberal contra el pueblo.
La respuesta también está en marcha, se movilizan los trabajadores de la pesca, los de OSE y, desde Bella Unión, como en tiempos pretéritos se vienen los peludos en la defensa de ALUR y la producción de caña de azúcar (que en asamblea popular resolvieron “bajar” a Montevideo y acampar frente al Palacio el 19 de Julio). Todas y todos los ingobernables estamos autoconvocados a resistir el embate. Habrá que mantener encendida la llamita.






miércoles, 19 de mayo de 2021

Vela de armas

 

"VELA DE ARMAS", escrito por Jorge Zabalza es un prólogo a "MARIO ROBERTO SANTUCHO" biografía escrita por Daniel de Santis, que salió a la venta en primera quincena de abril del 2021. Reitero el agradecimiento a Daniel por la oportunidad de escribir tan cerca de quién encabezó el movimiento guerrillero tal vez con mayor desarrollo político militar en América Latina.

 

 

 
 

La matanza al por mayor instaló el difuso temor a sufrir más desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas masivas, a quedar nuevamente desprotegidos ante la violencia irracional de las instituciones. Las secuelas del terror aún perduran y, de una u otra manera, ayudan a resignarse, a la desmovilización y la disgregación. Elemento subjetivo y vaporoso, pero con efectos muy prácticos a la hora de decidir. Cuando se descarta la insurgencia organizada y se opta por la paciente espera, ¿cuánto pesa el temor en la decisión?

Las fuerzas populares fueron derrotadas, es cierto, y su derrota marcó a fuego el ciclo postdictaduras, el de las democracias formales con hegemonía liberal. Sin embargo, con el orgullo de haber sido y la vergüenza de sobrevivir, ahí seguimos, arañando las paredes, sobreviviendo, regando las plantitas del jardín. Ni liberales ni progresistas pueden conciliar la fuerza de trabajo con los propietarios del capital. Misión imposible. Histórica incompatibilidad. Por mucho 5G que consuman las y los asalariados, la lucha no se detendrá hasta la eliminación de las clases sociales, hasta instalar formas de poder popular y de gestión colectiva de la producción planificada. El antagonismo irreconciliable es el alma de la lucha de clases, empuja desde el subterráneo, no deja dormir la paz de los sepulcros.

Porque la causa de los pueblos no fue derrotada ni se rindieron las ideas revolucionarias. Sobreviven como pueden, en las grietas de los muros derrumbados, cercadas por restauraciones varias, resistiendo apostasías de los que ya no son. No alcanza con sobrevivir, sin embargo. Sólo tiene sentido la sobrevida si sirve para recrear espíritu e imaginario similares al que abonó la lucha revolucionaria en el mundo de los ’60.

En el actual clima de apología a la democracia liberal, el pensamiento de Mario Roberto Santucho rompe esquemas y emplaza a la reconstrucción, ayuda a sortear las trampas del laberinto, a descubrir nuevas perspectivas, a pensar en la necesidad de prepararse para navegar con el pampero en contra. Bienvenido, entonces, este nuevo libro de Daniel De Santis. Es trascendental rescatar las ideas y el modo de pensar del fundador y principal dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). No sólo como datos para el relato histórico, sino que se recuperan ingredientes esenciales para la recreación de nuevas referencias revolucionarias. Es la magia que necesitan estos tiempos de velar armas para renacer.



Los agrupados con Francisco René y Mario Roberto Santucho, que fundaron en 1961 un movimiento con intenciones revolucionarias, lo adjetivaron “indoamericano”. Una definición ideológica central que, por lo general, pasa desapercibida cuando se analiza la epopeya del PRT-ERP. El continente no es iberoamericano ni panamericano y es más que dudoso que sea latinoamericano. Usaron a propósito el término “indoamericano”, acuñado por el mexicano José Vasconcelos y luego resignificado por José Carlos Mariátegui. Reafirmación del carácter de invasión sangrienta, del estupro financiado por el capitalismo europeo. En rechazo del engañoso “encuentro de dos culturas”, camuflaje que oculta el holocausto más grande de la historia humana. El Frente Revolucionario Indoamericano Popular optó por interpretar nuestra historia a la luz de los cinco siglos de resistencia indígena a la cultura, la religión y la dinámica del capital.

Mientras que el estalinismo criollo miraba hacia Buenos Aires, los Santucho sostuvieron que la lucha por la liberación nacional y el socialismo detonaría en las provincias del noroeste. En particular apuntaron a su Santiago del Estero, donde hablan quichua los obreros de los cañaverales y de las minas, los campesinos de la sierra, el pueblo asalariado y sobrexplotado. En ese idioma -y en castellano también- se escribían los folletos y la revista que difundía el FRIP. La revolución en Argentina se iniciaría en la región donde el carácter obrero era indistinguible del indígena.

Es que los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Katari (1780) fueron hechos definitorios en la historia del siglo XVIII. Influyeron decisivamente para que, en las condiciones de 1810, detonaran sublevaciones masivas: las “republiquetas” en Alto Perú, las guerrillas de Guemes en Salta y, sobre todo, el pueblo reunido y armado del artiguismo que, desde 1816, hablaba en guaraní.

Pese a su notoria influencia en los procesos reales, las rebeliones indígenas fueron ignoradas por las ‘historias oficiales’, ni siquiera las reivindicaron las veinte repúblicas surgidas de la mal llamada “guerra de la independencia” que, en realidad, fue una victoria del imperialismo británico. En la segunda mitad del siglo XX, muchos movimientos guerrilleros leyeron la historia como la leía el FRIP y reubicaron en el centro las insurgencias quichua, aimara y guaraní. No es posible suprimir la particularidad histórica de cada proceso social, como, asimismo, tampoco es posible dejar de ver que el rasgo particular está inserto en un proceso general: en la historia de la humanidad que es la historia de la lucha de clases. Lo indoamericano añade un carácter más a las condiciones generales de la lucha.

La teoría revolucionaria indoamericana no puede ignorar su particularidad. El rol que se adjudique a los pueblos originarios será una definición ideológica sustancial del movimiento insurgente en América Latina. Obliga a revisar los conceptos de liberación nacional y de autodeterminación de los pueblos: ¿negarán las futuras insurgencias el derecho ancestral de la nación mapuche a su territorio? ¿a desarrollar como quieran sus relaciones políticas? ¿satisface las necesidades de las naciones quichuas y aimaras un Estado plurinacional? ¿se las obligarán a someterse a un Estado ajeno y extraño, aunque se diga popular y revolucionario? Poder Popular es una concepción que obliga a abarcar lo particular y lo general, es el derecho a la autonomía de todos y cada uno de los pueblos. En enero de 1964 se reunió en Tucumán el último Congreso del FRIP. Se aprobaron las diez tesis que, ocho meses más tarde, se esgrimieron en la fusión con “Palabra Obrera” para dar origen al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las tesis sintetizaron los debates que precedieron el inicio de la lucha armada en la Argentina, la región y el continente. Despejaron incógnitas, anticiparon, fue la creación intelectual que abonó la acción creadora.


Las dos primeras tesis explicaban que el desarrollo industrial no fue obra de la burguesía nacional argentina, sino de la inversión extranjera con fines colonialistas, una seudo industrialización, pues. No se podía confiar en la burguesía nacional para enfrentar a la oligarquía y el imperialismo. No le interesaba. Una caracterización con enormes consecuencias prácticas. La había esgrimido Ernesto Guevara en “Guerra de guerrillas, un método”, publicado en 1960: “En las actuales condiciones históricas de América Latina, la burguesía nacional no puede encabezar la lucha anti feudal y antiimperialista”.

Asimismo, lo dijo Fidel al cerrar las sesiones de la OLAS: “Hay veces que los documentos políticos llamados marxistas dan la impresión de que se va a un archivo y se pide un modelo; modelo 14, modelo 13, modelo 12, todos iguales, con la misma palabrería, que lógicamente es un lenguaje incapaz de expresar situaciones reales. Y muchas veces los documentos están divorciados de la vida. Y a mucha gente le dicen que es esto el marxismo... ¿Y en qué se diferencia de un catecismo, y en qué se diferencia de una letanía y de un rosario? “(…)” Porque hay tesis que tienen 40 años de edad; la famosa tesis acerca del papel, por ejemplo —para citar una—, de las burguesías nacionales. Cuánto trabajo ha costado acabarse de convencer que ese es un esquema absurdo a las condiciones de este continente; cuánto papel, cuánta frase, cuánta palabrería, en espera de una burguesía liberal, progresista, antimperialista. Y de verdad que nos preguntamos si hay alguien que a estas horas pueda creer en el papel revolucionario de ninguna burguesía en este continente”.

Antes de tomar las armas, el movimiento revolucionario debió dividir aguas con el “esquema absurdo” de los partidos estalinistas, simple justificación de sus devaneos con las burguesías. Las guerrillas de toda América Latina sólo pudieron nacer del rompimiento ideológico con el estalinismo criollo.

En realidad, la debilidad de los burgueses criollos ya venía codificada en el modo de expansión del capitalismo europeo. No vinieron a invertir sus capitales para que se reprodujeran y acumularan en Indoamérica, generando intereses independientes de los centros del capitalismo, sino a saquear y enviar el botín para pagar sus deudas con la burguesía prestamista. Como hoy, como siempre, los capitales se acumularon en los centros del desarrollo capitalista. En esas condiciones era imposible que surgiera una pujante burguesía nacional, por el contrario, surgió la élite de mayordomos y capataces incapaces de pensar en la independencia económica.
Aunque eran muy equivocados los esquemas del estalinismo, los progresismos de hoy día los asumieron como verdaderos, es la ideología que les permite ser buenos pagadores de la deuda contraída con el capital financiero global. Se transformaron en administradores del capital extranjero con un discurso hipócrita, que emplea términos marxistas para disimular su práctica liberal. Antes de las futuras insurgencias habrá que liberarse del freno ideológico del progresismo.


Como ofrecían más bajos costos para la salida de sus productos, las inversiones extranjeras privilegiaban notoriamente las zonas portuarias. De ese modo, a la par que acentuaron la superexplotación en las regiones atrasadas, más alejadas de los puertos, generaron sectores de trabajadores privilegiados en los “islotes industriales”. No hicieron sólo negocios, sino que determinaron diferencias y estructuraron a los productores de plusvalía a su gusto y conveniencia.

Los sindicatos de los trabajadores privilegiados constituyen un imprescindible instrumento de lucha, es verdad, pero, por otro lado, también son la garantía de que la lucha obrera se dará dentro de la constitución y las leyes, es decir, sin salir de la superestructura jurídica de la clase dominante. La gestión institucional –“lobby”- de las reivindicaciones sindicales requiere esos grandes aparatos administrativos y, con ello, se favorece la formación de grupos burocráticos. La burocracia sindical oficia de amortiguador político, de engranaje para el aceitado funcionamiento del sistema, para impedir que la clase se desmadre y se proponga cambiar el sistema.

En contrapartida, dada la superexplotación que sufre el proletariado rural, las ideas y las actitudes de sus direcciones sindicales serán muy diferentes: promueven piquetes, ocupaciones, medidas de fuerza y de choque, organizan el proletariado en función de la lucha frontal y no de “lobby” institucional. Son vehículos de la aspiración difusa a la emancipación, de la necesidad de luchar por el poder. No ven la realidad desde el mismo lugar ni con las mismas gafas de los burócratas.

Sin desmerecer para nada el papel revolucionario del proletariado urbano, el FRIP entendió que los trabajadores rurales y, en particular, los de la caña de azúcar, eran el sector social más explosivo, llamados a ser el detonante de la Revolución en la Argentina, definición que orientó su acción política hacia el Norte argentino, el eslabón más débil de la cadena.

Casi sesenta años después de la definición del FRIP, el proletariado rural ha sido expulsado de las tierras y de la producción agropecuaria. Emigraron a las periferias urbanas, fenómeno sociológico profundo que abarrotó con pobreza las grandes ciudades: Buenos Aires, Santiago, Rosario, Montevideo. Sin embargo, en el actual discurso político sindical continúan predominando los sectores privilegiados, proclives a los pactos y acuerdos con la clase dominante. Borraron la reforma agraria de sus plataformas de lucha. Sin embargo, los descendientes de los condenados de la tierra parecen heredar la condición de sepultureros del capitalismo, de sector social más explosivo y detonante de las grandes transformaciones, vehículo para expropiar -sin indemnizar- los latifundios agropecuarios y urbanos, de la creación de cooperativas agropecuarias que revolucionen el modo de hacer producir la tierra. Es el legado de los fundadores de los movimientos guerrilleros en toda América Latina, de su opción por el proletariado más empobrecido, el que trabaja la tierra (caña de azúcar, forestales, minería, peones de tambo y de estancia, etc.)

En su discurso en las OLAS, Fidel llamó a velar las armas: “(…)” que nadie se haga ilusiones de que conquistará pacíficamente el poder en ningún país de este continente, que nadie se haga el ilustrado y el que pretenda decir a las masas semejante cosa, las estará engañando miserablemente” (…) “esto no quiere decir que hay que agarrar un fusil mañana mismo, en cualquier sitio y empezar a combatir” (…) “tampoco quiere decir que la acción deba esperar al triunfo de las ideas” (…) “precisamente la acción es uno de los más eficaces instrumentos de hacer triunfar las ideas en las masas”.

No fue suficiente su voluntad ni la de los miles que velaron las armas, el Ché en primer lugar. Se debió esperar a que los dueños del capital acudieran a los sables, su recurso favorito. Pasaron del liberalismo al autoritarismo en un par de días, apenas cayó su tasa de ganancias y sintieron que ganaban un poco menos.

En la Argentina de 1966, el golpe “preventivo” lo dieron Onganía y sus “azules”. Derrocaron al presidente constitucional y abrieron los tiempos del palo y la reja. Cerraron los caminos institucionales a los reclamos, pero, pese a ello, los burócratas sindicales subieron al estrado de la dictadura. La tibieza descarada debilitó la hegemonía de la burocracia y, como los trabajadores deseaban combatividad y clasismo, surgió la CGT de los Argentinos.

Al finalizar mayo de 1969 fue el Cordobazo. Agustín Tosco encabezó una marcha pacífica de obreros y estudiantes. Sin justificación alguna fue reprimida y hubo cuatro muertos en un par de horas. El salvajismo trajo consigo barricadas, molotov, piedras y hondas. La manifestación tornó en repudio masivo a la dictadura desde abajo. Las cosas se aceleraron, se comenzó a vislumbrar la guerra que vendría, que no podía ser sólo abierta, legal y pacífica.

Tres meses más tarde, en setiembre, fue el Segundo Rosariazo. Un cuarto de millón ganó las calles de la ciudad y ocupó barrios enteros como Empalme Graneros y Arroyito. Gendarmes y policías fueron desbordados. Finalmente, como en el Cordobazo, Onganía sacó a la calle el ejército para reinstalar la ley y el orden. El PRT intervino organizadamente en este Rosariazo, sus militantes estuvieron en Graneros, recuperaron armas de un puesto de gendarmería que tomaron.

Luego de años de participación en instancias electorales, de severa represión a huelgas y ocupaciones sindicales, de luchas pacíficas derrotadas a palos por la policía, las compañeras y compañeros sintieron la necesidad de pasar al nivel siguiente, el de la franca lucha por el poder. Parece ser que las agresiones del arriba que ya no puede, motivaron el espíritu de lucha del abajo que ya no quiere vivir en las mismas condiciones. Se plantearon los problemas concretos para la lucha por el poder: ¿con qué estrategia, con cuáles herramientas?

La respuesta del PRT llegó el 30 de julio de 1970. En el V Congreso se decidió crear el Ejército Revolucionario del Pueblo. La decisión partidaria correspondía a la combatividad expresada en Córdoba y Rosario. Otros partidos no cargaban la mochila con la teoría y la ideología que hizo posible la responsabilidad política y práctica de asumir una respuesta de esa índole histórica.

Así comenzó la historia de la guerrilla con mayor grado de desarrollo en el cono sur del continente. Hicieron operaciones del porte de los asaltos al Batallón 141 en Córdoba (sin disparar un sólo tiro), a la guarnición de Azul en provincia de Buenos Aires y a la Fábrica Militar de Explosivos (Villa María, Córdoba). No finalizaron exitosamente la tentativa de tomar el Regimiento de Infantería Aerotransportada en Catamarca, ni la del Batallón Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo, Buenos Aires. En alguna de esas acciones intervinieron hasta 250 compañeras y compañeros. Fue una guerra a vencer o morir.

La estrategia consistía en ir de lo poco a lo mucho, como sostuvieron los vietnamitas y repetimos todas y todos. Era una guerra prolongada, desde la debilidad del foco armado -algo muy diferente a foquismo- hasta la fortaleza del ejército popular con la técnica militar y el poder de fuego suficientes para derrotar el ejército reaccionario. Así ocurrió en China, Argelia y Cuba. Así se peleaba en Vietnam y así poblamos América Latina con armas guerrilleras.

Es otra muy distinta la actual realidad, no vivimos en los ’60, está clarísimo. Sin embargo, los procesos sociales y políticos continúan recorriendo los mismos andariveles que antaño. Por muy liberal y democrático que se diga el sistema, la violencia institucional sigue siendo su instrumento preferido. Sus víctimas soportan las consecuencias, pero pierden la paciencia, pierden la esperanza en que las mayorías electorales puedan transformar revolucionariamente la sociedad.

El voto no defiende a nadie en la ardiente Amazonia, en las rutas cortadas de Bolivia o en la Patagonia Mapuche. ¿Cómo poner fin electoralmente a la silenciosa matanza de luchadores en Colombia? ¿Cómo hacerlo en el Chile de los carabineros exorbitados por el espíritu de revancha? Resurge el mismo imperativo ético que en los ’60 impulsó el movimiento revolucionario. Ello no significa salir a lo loco: los Moncadas que se sufrieron ayudan a ver y pensar mucho mejor. Sin embargo, no hay razón alguna para quitarse las gafas rojas y negras y pensar la realidad color rosadito verdoso.

Es imperioso debatir nuevas formas de insurgencias, discutirlas con Guevara, Santucho, Marighela, Enríquez y Sendic, desbrozar las malezas y cultivar con esmero las mil flores que se abrirán en el futuro. ¿No será preciso analizar el propósito de desarrollar la guerrilla hasta transformarla en ejército popular? La formación de ejércitos también entraña crear las condiciones en que surgen grupos burocráticos que arrojan sombras sobre toda la sociedad. Las jerarquías estrictas coartan el pensamiento crítico y echan a perder el sentido de responsabilidad social, son terreno fértil para las “nuevas clases sociales”, ¿no habrá que explorar más fondo en las formas organizativas de “pueblos reunidos y armados” que nos vienen de los pueblos originarios?

Agradezco esta posibilidad de firmar tan cerca del legado de Mario Roberto Santucho. Me llena de orgullo.

Gracias por el fuego, Robi.

Jorge Zabalza