viernes, 27 de enero de 2012

Itacumbú, segundo episodio

Jorge Zabalza

Enero del 2006. El gobierno del Frente Amplio cumplía su primer añito y la dulce espera apaciguaba los conflictos sociales. En ese clima de bonhomía general, cuatro organizaciones sociales de Bella Unión, de las cuales UTAA era la más conocida, tomaron un predio baldío de 32 hectáreas, ubicado en la entrada a la planta de CALNU (hoy ALUR). La consigna “tierra para el que trabaja” inscribió la toma en la lucha que viene desde los tiempos de Artigas y su reglamento de 1815, y que continuó, siglo y medio más tarde, con las marchas cañeras de los años ’60.


Tal vez, el episodio último de esa historia haya sido el “Movimiento por la tierra y contra la pobreza” que lideró Raúl Sendic en 1986. El guerrillero tupamaro planteaba, así nomás, sin vueltas, “expropiar sin indemnizar” las superficies por encima de las 2.500 hectáreas y pasar a manos del Estado la propiedad de los predios expropiados, aunque, desconfiando de la administración estatal, propuso varias formas de entregar la gestión al pueblo organizado. Desaparecido Sendic, desapareció la cuestión agraria del debate de la izquierda parlamentaria, pero no así del imaginario de UTAA y los trabajadores del norte uruguayo, quienes mantenían vivo el ideario artiguista y de Raúl Sendic. A seis años de la toma de la chacra, las familias de la cooperativa “15 de enero” han transformado el baldío en tierra productiva: caña de azúcar, invernáculos, quinta de verduras, chanchos y gallinas, galpones, jardín de juegos con piscina para los niños, experiencias en construcción con barro y un centro de formación técnica . Los “peludos” de UTAA, en el lenguaje de los hechos, están dando una batalla profundamente programática e ideológica para romper el cerco latifundista que frena el nacimiento del Uruguay Productivo para el pueblo uruguayo.


La inesperada toma de tierras repercutió inmediatamente en el plano institucional. En el mes abril del 2006, el parlamento aprobó la ley No. 18.116, que modificó el artículo 354 del Código Penal, creando el delito de usurpación y convirtiendo en delincuentes a los luchadores sociales que toman tierras para trabajar o terrenos para construir un techo (más del 11% de la población de Montevideo). Para disuadir a quienes pensaran seguir el ejemplo de los “peludos”, todos los sectores progresistas, incluyendo los parlamentarios de origen tupamaro, votaron esta ley infame y reaccionaria. Por otra parte, a poco de la toma de tierras, el gobierno se apresuró a desenredar la madeja burocrática que demoraba el llamado “proyecto sucroalcoholero” y el 28 de junio logró colocar la piedra fundamental de la planta de ALUR. Se invirtió un millón de dólares en la tarea, entendiendo que el gasto valía la pena para contraponer el modelo ALUR del progresismo a la “loca aventura” de los asalariados rurales. Fue la respuesta ideológica y programática al reaparecido fantasma de la reforma agraria .


Esta historia no se detuvo. En enero del 2007, cuatro productores lecheros de la zona, con 80 vacas cada uno, tomaron otro predio de 400 hectáreas del Instituto, ubicado en Mandiyú a varios quilómetros de Bella Unión. Apoyados por las mismas cuatro organizaciones sociales que habían ocupado la chacra de CALNU, los tamberos se instalaron en el campo con sus familias y actualmente continúan la lucha, todos los días, trabajando desde el alba al oscurecer, porque la ocupación es apenas una herramienta para conquistar un lugar propio en la producción social. Meses más tarde 39 familias accedieron al Campo Placeres y tiempo después ALUR adjudicó varias parcelas al grupo “Itacumbú” en Colonia España e hizo lo mismo con 45 familias que se radicaron en la Colonia Raúl Sendic. También a las 8 familias de la cooperativa ARCU se les entregó tierras en la zona de Calpica. Muy ligada a las empresas capitalistas del campo, Colonización ha sido incapaz de satisfacer la reivindicación de los asalariados rurales, por lo menos no lo ha hecho con la masividad y profundidad necesarias. Estos parches colocados para aquietar aguas encrespadas, eran insuficientes para resolver el problema de fondo, mientras que, por el contrario, la acción de UTAA, era una especie de ensayo de reforma agraria, demostraba que los trabajadores eran capaces de hacerse cargo de la producción con responsabilidad y decisión.


La posibilidad de contagio era realmente peligrosa y llevó a que el Instituto intentara una medida preventiva, desalojando a Ney Thedy, adjudicatario de la fracción No. 52 de Colonia “Eduardo Acevedo” que debía parte de su renta. Muchísimos otros colonos deben rentas al Instituto, algunos por montos muy elevados... ¿porqué a ellos se les perdona la vida y, en cambio, el Instituto se ensañó con Ney Thedy? Porque, con sus 70 años, era un sobreviviente de las luchas del ´60, el único de aquellos luchadores sociales que recibió un pedazo de tierra en el que fuera latifundio de Silva y Rosas, 33.000 hectáreas en aquel entonces reclamadas por UTAA para trabajarlas en forma cooperativa. Una especie de afiche vivo de la vieja consigna “por la tierra y con Sendic”, depositario de la herencia histórica de “Cachorinho” Vique, Nelson Santana y Atalivas Castillos, del “Manchao” Peralta, Jorgelino Dutra y Félix Bentín Maidana. Pero, además, representaba la actualidad de esa lucha al ser padre de dos de los tamberos que habían tomado tierra en Mandiyú. Simbólicamente se intentó desalojar a Ney Thedy el mismo día que los viejos tupamaros recordaban al fallecido Raúl Sendic en el Cementerio de La Teja. El apoyo de las organizaciones sociales impidió la expulsión, pero, implacable, el Instituto envió desde Montevideo cien coraceros armados a guerra para expulsar al anciano de su tierra y dejar el predio bajo custodia. La persecución prestigió a Ney Thedy. Como se volvió emblema de la dignidad, atrajo la ira del poder político, que lanzó una campaña de difamación contra el veterano. Primero se lo acusó falsamente de arrendar el predio a empresarios arroceros y embolsarse una fortuna, y luego, Lucía Topolansky mintió en una entrevista con Víctor Hugo Morales, acusando a Thedy de desviar el destino de su parcela y dedicarla a la cría de caballos de carrera (¿?). Es la vieja lucha de ideas entre los dueños del Uruguay y el pueblo organizado. En los momentos de definición, unos, como la Topolansky, toman partido por las ideas más reaccionarias y, otros, como las organizaciones sociales de Bella Unión, asumen la agitación de los valores de la justicia social y la solidaridad de clase.


La lucha no se detuvo con el escarmiento propinado a Ney Thedy, la Comisión de Tierras dinamizada por UTAA, presentó proyectos que se traspapelaron o encajonaron en el Instituto, de manera que, para librarse de las eternas esperas en las puertas de oficinas, el viernes 13 de enero del 2011, 80 afiliados a UTAA, poco supersticiosos ellos, tomaron 530 hectáreas en la zona de CAINSA. Entrevistados por algunos medios, denunciaron la condición de usurero antipopular del propietario del predio tomado, y fundamentaron la toma como una medida de la lucha del sindicato en el marco de la batalla por “tierra para trabajar”. Después de ser citados tres de sus dirigentes por el juez letrado de Bella Unión, quién amenazó con aplicar el novísimo delito del Código Penal y mandarlos presos por haberse atrevido a tomar tierras estériles, los ocupantes acamparon en las orillas del Itacumbú, contra el puente de la ruta 3. Allí esperan que el Instituto de Colonización del Uruguay se digne a darles una respuesta clara a los proyectos presentados en los últimos años. La incapacidad política del organismo del Estado es la razón de fondo para que los asalariados se vean obligados a seguir apostando a los métodos de acción directa.


El proceso real y la conciencia popular

A los feligreses más ingenuos les parece insólito que los trabajadores tomen medidas de fuerza. Más allá de lo justo del reclamo tierra para trabajar, entienden que deberían ser más pacientes y esperar sin ansiedades que el gobierno les resuelva el problema.... Porque, como dicen Astori, Bergara y Lorenzo, nunca han sido tan auspiciosas las cifras de la macroeconomía, se han batido todos los récords, creció el producto bruto pese a la crisis mundial, crecieron las exportaciones de soja y el turismo, también las importaciones de cero quilómetros y de laptops, nunca hubo tanto empleo como ahora, el crédito al consumo se fue a las nubes, la pobreza bajó a su piso, el manejo de la Deuda es genial y vivimos en la isla de la fantasía. Entonces... si el gobierno ha logrado ese clima de bonanza para los “nuevos uruguayos”, ¿cómo es posible que los “peludos” lo desconozcan, desconfíen del gobierno y salgan a la calle a luchar?


El pesito más que casi todos tienen en el bolsillo actúa como un blindaje que protege la conciencia e impide la percepción de los aspectos más ingratos del proceso en desarrollo. Por ejemplo, es cosa bien sabida –los medios se encargan de ello- que en el Uruguay Progresista la superficie cultivada con soja se expandió desde menos de 30.000 hectáreas en el 2004 a más de 850.000 en el 2011, y que se elevaron las cifras de exportaciones del grano a niveles desconocidos. Los uruguayos lo festejan como un logro progresista, pero pasan por alto que los “pools” de siembra argentinos controlan el 60% de la soja uruguaya, que el 95% de lo cosechado se exporta sin industrializar y que tres empresas estadounidenses monopolizan las ventas de soja al exterior. Ignoran absolutamente que toda la soja sembrada es transgénica y que aumentó en un 400% el riego con agrotóxicos del campo cuyos frutos comen. El “agronegocio” sojero es un proyecto del gran capital transnacional que especula en la bolsa de Chicago con los “commodities”, no le interesa el manejo sustentable de la tierra uruguaya y nada tienen que ver con el sueño frenteamplista del Uruguay Productivo. Por el contrario, se consolida el papel de proveedor de materias primas que nos asigna la división internacional del trabajo. Por ser la síntesis de la nueva maldición de Malinche, el modelo sojero es clave para desentrañar lo que ocurre en la realidad económica y social del Uruguay por detrás de la retórica gubernamental sobre la “bonanza”.


En el Uruguay Progresista las inversiones extranjeras directas han crecido desde 332 millones de dólares a 2.358 millones en el 2010, año récord en que crecieron un 48% respecto al año anterior (2009). Claro que no se presta atención al hecho de que los capitales fueron atraídos por las neocolonialistas leyes de Zona Franca y de Inversiones, bases jurídicas del “buen clima de negocios” o, sin eufemismos, de la entrega del país al capital extranjero. En el Uruguay Progresista las empresas transnacionales que se dedican a la forestación (Stora Enso, UPM, Ence y Weyerhaeuser) alcanzaron a ser dueñas de, por lo menos, medio millón de hectáreas de tierras, la mitad de la superficie dedicada a la plantación de pinos y eucaliptos. Es conocido el hecho de que una empresa brasilera compró frigoríficos uruguayos hasta controlar el 40% de la faena de carne vacuna y ovina. Toda las fases de la cadena productiva del arroz está en manos de capitales brasileros. Es verdaderamente poco entendible que estos aspectos medulares de la vida del Uruguay sean ocultados a las grandes mayorías y que ellas aplaudan a rabiar las cifras conque se ocultan la invasión de la economía nacional por el capital extranjero.


En el Uruguay Progresista se pagan los intereses y amortizaciones de la deuda externa antes que nada y después de pagados los acreedores, se destina un millón de dólares por día a las fuerzas armadas y otras cuantiosas cifras en pesos uruguayos a la policía. Entonces sí, los parlamentarios se atreven a debatir las sumas que el presupuesto nacional otorgará a la salud pública, la educación y la vivienda. “Vivimos pagando y morimos debiendo” dice Eduardo Galeano pero, además, el hecho de pagar y pagar deuda externa, impide al gobierno pagar como es necesario la deuda interna.


La era está pariendo un nuevo Uruguay, es cierto. Un Uruguay proveedor de materias primas en bruto, país de servicios turísticos y país plaza financiera. Un Uruguay Neocolonial, el modelo que el Frente Amplio repudió durante toda su corta historia. ¿Saben ahora porqué hay quienes salen a la calle a luchar? Pues, pura y simplemente, porque tomaron conciencia de adónde conduce el proceso real de la economía y decidieron resistir y resistir la entrega. No hay blindaje que resista a la lucha de clases.


Teoría de las estacas.

Abruma lo extenso y profundo del sentimiento religioso que han logrado imponer a la subjetividad de los frenteamplistas, una forma de sentir y de pensar que determina actitudes tipo “mano de yeso” e incide directamente en todos los aspectos de la vida social y política. Lateralmente, la fe religiosa impuesta masivamente demuestra como los medios modernos de comunicación penetran mucho más eficazmente que los instrumentos de alienación usados por la clase dominante en el siglo pasado. Perforar la pesada lápida que aplasta la capacidad de crítica se ha constituido en el principal desafío de los que tienen un horizonte revolucionario. Es preciso recalcar que la ocupación del campo fue una movilización de masas, decidida en el sindicato y en la Comisión de Tierras. Fueron los trabajadores de la caña de azúcar, en uso de su proverbial independencia de criterio, quienes supieron quebrar la hegemonía de la religión imperante y sorprendieron a la opinión pública, pero también obligaron a repensar las relaciones entre el movimiento de masas y la acción de los revolucionarios.


Es cierto que hoy los trabajadores tienen un pesito más pero, sin embargo, cuando se sientan a la mesa cada día, no pueden dejar de pensar que “si la torta ha crecido tanto... ¿porqué no nos tiran huesos con un poquito más de carne?”. En función de esa ecuación tan simple salen a exigir redistribución del ingreso y chocan con patronales como las de la industria metalúrgica, que se niegan devolver un sólo peso de los miles que han arrebatado, o con directorios como los de la banca oficial, que se ríen cuando se les reclama cumplir con la palabra empeñada. No es que los trabajadores se nieguen a negociar, simplemente les parece más sensato golpear donde más le duele a las patronales y al Estado, buscando cambiar la correlación de fuerzas para negociar en condiciones más favorables ¿Está mal acaso esa táctica o hay que sentarse a negociar por principio, aunque sea en las condiciones más desfavorables? Nadie podrá convencer al asalariado que postergue sus intereses económicos porque el gobierno es progresista o porque los patrones son amigos del gobierno. La crudeza de la reacción autoritaria y las ambigüedades de algunos dirigentes sindicales, provoca que se reactive el instinto anticapitalista conque nacen los asalariados y que está anestesiado por el pesito más en el bolsillo. No es de extrañar que, entonces, algunos de ellos vuelquen la mirada hacia los sectores sindicales que les proponen la lucha digna e independiente de los intereses del trabajador. Lo que ocurre en Bella Unión es un ejemplo paradigmático del fenómeno.


Cuando a fines de los ’50, las papas empezaron a quemar, cobró actualidad el término “revolución”, revalorizado sobretodo por la proeza cubana, las luchas sociales se hicieron políticas y, en consecuencia, mucha gente salió a buscar referencias revolucionarias en pleno Uruguay Batllista. A pesar de que en su mayoría votaban a Luis Batlle o Fernández Crespo, los trabajadores no se equivocaban a la hora de reivindicar sus intereses inmediatos y elegían socialistas, comunistas y anarquistas para las direcciones sindicales. De la misma manera, tampoco se equivocaron cuando tocaron los clarines y buscaron con la mirada los luchadores con larga historia de firmeza ante las patronales y de consecuencia con los principios clasistas. En ese lugar, los textiles encontraron a Jorgelina Martínez, Luis Correa Páez y Héctor Rodríguez, los obreros del caucho a León Duarte, Washington Pérez y Conrado Fernández, en el Cerro y La Teja a Ruben Sassano, Nuble Yic y el Pocho Hornos, en Fray Bentos al “Ciego” Macedo y al “Negro” Franco, y los “peludos” ya sabían dónde estaban los primer campamento del Itacumbú. En los ’60 había muchas estacas clavadas en la punta revolucionaria del abajo que se movía que sirvieron de referencia natural de la combatividad política y de la acción directa.


Al igual que en el Uruguay Batllista, hoy se duermen inocentes sueños en brazos de la demagogia, pero la confusión es mucho mayor todavía, pues en aquellos tiempos se sabía con claridad quién era quién, la derecha estaba con la clase dominante y la izquierda con los trabajadores. Aún así, por muy espesa que sea la bruma, nadie puede entender que el gobierno esté favoreciendo al capital extranjero y amparando a los impunes del terrorismo de Estado. Nadie se explica un cambio tan drástico en los valores y las actitudes, al traslucirse las contradicciones entre los hechos del presente y los dichos del pasado, horroriza descubrir hipocresía y doble moral en quienes alguna vez fueron referencia revolucionaria. Ese es el momento en que “cae la ficha” y los que comulgaban con la religión se vuelven herejes, se atreven a pensar críticamente y critican abiertamente las claudicaciones e incongruencias del progresismo. La sensación térmica es diferente a la de dos o tres años atrás.


Aunque parezca una visión exagerada, se puede pensar que la forma de resolver la cuestión agraria en Bella Unión entraña o implica la puesta en práctica de una concepción revolucionaria y que la estrategia en adelante sería, simplemente, extender la metodología de lucha de UTAA a todo el movimiento popular. Sin embargo las papas no están ni siquiera tibias todavía. Falta tiempo de lucha, mucha lucha, para que se pase de lo reivindicativo a la lucha por el poder político, pero es indudable que ese es el cambio que determina el carácter revolucionario de cualquier proceso. El pueblo asalariado, conciente y organizado, erguido frente a los dueños del poder, es la condición sin la cual es imposible hacer revoluciones sociales.


Es el sueño y la aspiración de todo militante que pretenda participar en una revolución, pero hay que evitar el autoengaño, el creer que es posible acelerar el curso del desarrollo de la conciencia y la organización populares. Está en la tapa del libro que el poder político del pueblo surge y se desarrolla con autonomía de las estrategias y los propósitos de los revolucionarios pero, por otra parte, en algún momento de crisis es probable que los trabajadores busquen nuevamente, como lo hicieron en los ’60, las estacas de conducta clasista y combativa. Desgastadas las referencias progresistas, las expectativas populares pueden volcarse hacia los militantes que resistieron al malón socialdemócrata y que la gente los designe para que expresen su bronca y la necesidad cambiar el estado de cosas. Sin embargo el problema de fondo no se resuelve sustituyendo a unos por otros, porque para que el movimiento popular adquiera un carácter revolucionario, los trabajadores deberán organizarse sin ceder a nadie su representación política, constituidos ellos mismos en sujeto político independientes.


Esta base teórica elemental del quehacer revolucionario no niega la intervención de los revolucionarios en el desarrollo autónomo del poder del pueblo, por el contrario, es necesario que intervengan por la vía del debate público, de la agitación de ideas y del mensaje dado a través de la acción directa. Eso sí, intervenir respetando los tiempos del movimiento popular, que son más lentos que los tiempos de los militantes, y dedicando los principales esfuerzos a incentivar el crecimiento de la subjetividad del pueblo organizado.


Puede ocurrir que, a partir de viejas ideas, algunos militantes se refugien en organizaciones con definiciones ideológicas muy exigentes y que, cuanto más cerrada e impenetrable sea la estructura, más protegidos se sientan frente a la hegemonía de la religión dominante. Organizaciones que, por autosuficientes, podrían caer en el error de anteponer la construcción del “aparato” al crecimiento de la comprensión política general y colocar en su propio ombligo el centro de las decisiones políticas que corresponden a las organizaciones sociales. Consciente o inconscientemente se deriva hacia la reedición de los errores de concepción que tan caro pagaron los revolucionarios del siglo XX, tanto los que lograron la conquista del poder como los que quedaron en el camino. En realidad, apostar al crecimiento del movimiento de masas y la organización del poder popular, es la forma más firme de fortalecer, indirectamente por cierto, la organización de los revolucionarios y su incidencia en el proceso insurreccional.


Bueno, no sé si soy un iluso, pero este segundo campamento del Itacumbú estimula la imaginación y la esperanza de que tal vez sea el síntoma de algo que está latiendo en lo más profundo de la subjetividad popular.


Gracias UTAA. ¡Por la tierra y con Sendic!.


Jorge Zabalza

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http://zurdatupa.blogspot.com

Colectivo “Noticias Uruguayas

Blog El Muerto

martes, 17 de enero de 2012

Operación mentira

Al quedar probado que el maestro Julio Castro fue fría y alevosamente asesinado por uno o varios oficiales del ejército, la imagen de las fuerzas armadas quedó hecha un enchastre por enésima vez en los últimos cuarenta años. Es tan hondo el desprestigio, que el presidente Mujica debió reclamar rápidamente un pronunciamiento público de los altos mandos. De inmediato y buscando salir del paso lo más airosamente posible, los generales se declararon en estado de sesión permanente. . De puro suspicaz, uno se  atreve a sospechar que este zafarrancho de combate “limpieza de imagen” puede ser obra de la febril imaginación del ministro de defensa,  experto asesor en materia de preservación del prestigio y el honor de los militares.

Aunque no pidieran perdón a la sociedad, cosa que debieran haber hecho hace rato, parecía imprescindible una respuesta sincera que atenuara la indignación despertada por el descubrimiento del equipo de antropólogos. Al menos el reconocimiento de haber manejado el país a su antojo, como si fuera un gran cuartel, durante más de una década. Podían haber reconocido que  clasificaron en categorías a los uruguayos y las uruguayas para vigilarlos y verduguearlos mejor; que censuraron la prensa, el cine, el cancionero popular y hasta las misas; que quemaron libros y recortaron cabelleras, barbas y bigotes; que se robaron el presupuesto de la aviación civil y de metereología;  que sus razzias policiales llenaban una cuota de detenidos todas las noches; que prohibieron minifaldas y persiguieron la homosexualidad salvo en la Escuela Militar; y que, además de todo, falsificaron la historia nacional que enseñaron en las escuelas y los liceos. La concepción fascista que animó estas maldades no pertención exclusivamente a los Comandantes en Jefe, pero ellos fueron los principales ejecutores de la represión generalizada que lastimó severamente a todo un pueblo. El general Aguerre (hijo perdió la oportunidad de cambiar la historia.  

Se podía aspirar a que Pedro Aguerre (hijo) reconocería que el ejército torturó masiva y sistemáticamente decenas de miles de uruguayos y uruguayas, que los sometió a plantón y capucha, picana y submarino, golpes, colgada y  caballete, vejámenes varios y violaciones al por mayor. Que arrepentido de tanta inhumanidad, repudiaría el haber aplicado tan concienzudamente la metodología aprendida en la Escuela de las Américas, esa que EEUU continúa empleando y enseñando contra los pueblos del mundo. Imposible esconder el sadismo, la crueldad y la morbosidad de los uniformados tras la fachada de los Bordaberry, Aparicio Méndez, Juan Carlos Blanco y la caterva de reaccionarios que se integró a la dictadura. Hay una indiscutible responsabilidad del ejército como institución.

Se podía creer que Huidobro, inspirado, había convencido a Pedro Aguerre (hijo) para que  confesara públicamente  que el ejército es responsable de los asesinatos que cometió desde 1972 en adelante, los de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whiletow y Rosario Barredo; de Luis Carlos Batalla en Treinta Tres; de Nelson Berreta, Blanca Castagnetto, Juan Diógenes Álvares,  Carlos Rodríguez Ducós, Aurelio Fernández, Eduardo Ariosa, Héctor Clavijo Quirque y Gustavo Couchet;  de Roberto Luzardo, Leonel Martínez Platero, Marcos Suárez Píriz, Bernardo Blanco, José Pérez Lutz;  de Daniel Banfi, Mario Camuirano, Luis Latrónica, Guillermo Jabif, Carlos Hernández Machado, Helios Serra, Eduardo Del Fabro, Julio Rodríguez Molinari y Luis Camacho en Buenos Aires; de Domingo Irazábal y Julio Larrañaga en 1974; de Celso Fernández,  Maria Karaian y Raúl Melogno en mayo de 1975; de Walter Medina;  de los “mártires de la 20”: Luis Alberto Mendiola, Elman Fernández, Raúl Gancio, Ricardo González, Justo Sena, Ruben López, José Abreu y Héctor Cervelli;  a los “cinco de Soca”: Graciela Estefanell, Daniel Brum, Floreal García, Maria Corbo y Mirta Hernández; de las “muchachas de abril”: Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik.  

Uno anhelaba que Huidobro hubiera convencido al comandante para que asumiera la responsabilidad por los asesinatos de Gerardo Alter y Walter Arteche, Leonardo de los Santos, Hugo Dermit, Juan Fachinelli, Pedro Lerena, Edison Marín, Eduardo Mondello y Walter Sanzó, que murieron cuando eran torturados por oficiales de ese ejército que se reivindica hipócritamente continuador del artiguista. Y, además, por los de José Artigas, Roberto Barbeito, José Campal, María Bonilla, Hugo Castro, Raquel Culnev de Mallarino, Jorge Dabo, Rodolfo Fernández Cúneo, Marcelino García, Miguel Goitiño, Jorge Leivas, Victorio Méndez, José Nieto, Ariel Ozer Ami, Mirtho Perdomo, Juan Pino Garín, Horacio Ramos, Yamandú Rodríguez Olariaga, Rodolfo Rolando, Edgar Sosa, Ángel Yoldi, Manuel Toledo y Adolfo Wasen, víctimas de homicidio por omisión de asistencia, mala praxis médica o, lisa y llanamente, homicidio con premeditación y alevosía cometidos en el Penal de Libertad y en el Hospital Militar.

¡Una lista impresionante de asesinados!

No se puede responsabilizar al ejército uruguayo por los homicidios de Rutilio Bentacur y Hugo Cacciavillani  (fueron los argentinos), los de Carlos Modernell y Antonio Vulcano (a manos de los colombianos) y los de Arazatí López López y Daniel Ferreira que corrieron por cuenta de los chilenos... pero no ahy dudas de que el ejército  es responsable de su participación activa y de su complicidad en las operaciones del Plan Cóndor, acciones decididas y orquestadas por las fuerzas armadas del Cono Sur, una campaña sistemática de secuestros de niños, vuelos de la muerte, desapariciones forzosas y asesinatos que contabilizó unos trescientos crímenes de lesa humanidad  cometidos por miembros del ejército uruguayo en complicidad  con los  chilenos, argentinos y paraguayos. Era de suponer que Aguerre (hijo), inspirado por el ministro, saldría a la prensa para hacerse cargo de tanta ignominia y reconocer la culpabilidad del ejército en esos crímenes con mucha vergüenza.

Eleuterio Fernández Huidobro fue de los primeros en organizar y convocar a la lucha guerrillera en el Uruguay. Es un hecho histórico  innegable. Por eso, Huidobro no puede eludir las responsabilidades éticas y morales que surgen de estar entre los que iniciaron un proceso donde perdieron la vida cientos de compañeras y compañeros. Uno podía pensar que Huidobro estuviera abrumado por toda esta sangre compañera derramada y que, además, aprovechandp sus bien trabajadas y trabajosas “relaciones íntimas” con la oficialidad, lograría hacer que el mensaje del ejército marcara un camino de verdad y justicia. Se podía esperar un mínimo de dignidad por parte de los protagonistas.

  “El Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas. Hoy estamos hablando de delitos, y esa es una línea que este comandante y su Ejército no traspasarán”, afirmó Aguerre (hijo) a la prensa y, por su intermedio, al soberano.

Si Aguerre (hijo) no quiere proteger ni encubrir delicuentes, tiene en sus manos los recursos necesarios para descubrir la verdad y denunciar los culpables en la justicia penal. Basta con revisar los archivos del ejército, identificar las unidades militares que actuaron en cada caso y pedir el procesamiento de los jefes de cada una de ellas, responsables jerárquicos de los crímenes cometidos por el personal bajo sus órdenes. Es muy sencillo, no tiene nada de misterioso. Con un poco de compromiso,  Aguerre (hijo), Huidobro y Mujica pueden abrir una brecha rumbo a la verdad y la justicia. Si no se investiga y descubre quienes fueron los mandos responsables, es porque, pese a los dichos en la prensa, la voluntad política es proteger y encubrir los criminales.

Desde la década del ’70, las fuerzas armadas vienen mintiendo descarada y públicamente para sostener la impunidad de los criímenes  de lesa humanidad. No tuvieron empacho en negar la tortura y las desapariciones forzosas con hipócritas e increíbles justificaciones. No sólo tergiversaron la información que daban al pueblo uruguayo, sino también a Venezuela cuando el secuestro de Elena Quinteros y a la mismísma comisión de DDHH de las Naciones Unidas.

Cuando la movilización popular amenazó con llevar a Gavazzo a la justicia en 1986, el general Medina sacó un comunicado minimizando y desvirtuando los crímenes del terrorismo de Estado como una “pérdida de puntos de referencia”. Culpando de los crímenes a una banda de delirantes y a la responsabilidad individual de unos pocos malvados, se  pretendió tapar con diarios la responsabilidad de la “Institución Armada”. De ese clima nació la ley de Caducidad.

Estos mismos generales al mando de Huidobro y de Aguerre (hijo) son los que mintieron a la Comisión para la Paz, mintieron a Madres y Familiares y corrieron a solidarizarse con el general Dalmao cuando fue procesado por el asesinato de Nibya Sabalsagaray. ¿Cómo creerles que no protegen ni encubren los crímenes cometidos por oficiales del ejército al que pertenecen? 

Ahora, cuando a confirmación de la infamia volvió a dejar el “prestigio” de las fuerzas armadas por debajo del nivel del mar, el ministerio y los mandos lanzan otra “operación mentira” para engañar y manipular a las organizaciones populares y a la opinión pública. “Este es un primer paso” dijo el presidente Mujica y repiten a coro muchos  personajes de la política y los medios de comunicaición. ¡No señores! Es otro paso más de una larga cadena de operaciones mentiras cuyo propósito es crear el clima subjetivo que necesita la impunidad, hacer digerir un sapo intragable, abrazarse con las culebras más peligrosas de estas tierras.

Luchamos por la memoria y, paradójicamente, padecemos de amnesia en el cortísimo plazo. Luchamos por la verdad y, sin embargo, creemos mentiras insostenibles. La ingenua credulidad abre paso a la impunidad.

Abrazos

Jorge Zabalza