viernes, 19 de noviembre de 2021

Desayunos informales 19 noviembre 2021



Zabalza criticó condena por incidentes en la SCJ: "El argumento es justificar con un demonio malo la liberación de los viejitos buenos" de Domingo Arena 

 

A principios de noviembre la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro, Diego y Eduardo Jaume por un delito de atentado por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la órbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota, encargada en ese momento de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.

Esta nueva condena fue rechazada por los implicados, quienes la calificaron como "un disparate jurídico", ya que se los está juzgando por segunda vez, además de ser una forma de "criminalización" de la protesta.

Condena por participación en la protesta en 2013

Nos fuimos nosotros solos, sino el PITCNT, la FEUU, Madres y Familiares los que convocaron en contra del traslado de la jueza Motta, fue general el rechazo, no fue un invento nuestro. Nosotros nos quedamos 10 minutos y todo el mundo terminó yéndose. La jueza Mota fue la que procesó a Bordaberry como dictador por atentado a la Constitución, por golpe de estado y no haber hecho nada para impedir la tortura a 20 compañeros. Él tenía el poder para impedirlo y no lo impidió. Ese procesamiento que cuestionaba al sistema político y partidario es el que provocó el traslado. En su juzgado tenía 50 causas de derechos humanos y posiblemente ella seguiría atendiendo esas cuestiones, cosa que hasta el momento, a pesar que no había ninguna actitud de parte de los gobiernos de procesar a personas vinculadas a delitos de lesa humanidad, probablemente la doctora Mota sí hubiera dado trámite a esas 50 causas. La decisión de la SCJ tenía un contenido político de defensa de la impunidad. El presidente de la SCJ dijo que iban a hacer una muralla de contención.

Cada persona que fue ahí fue por un acto de conciencia convocado por organizaciones sociales. Cada cual fue por una decisión propia. Hay una mirada del mundo en la que se necesita líderes para acarrear gente. Ahí no hubo líderes, ahí cada uno actuó de acuerdo a su accionar. En el 2015 nos procesaron por la asonada, quedó anulado y en lugar de salir en libertad, el fiscal Zubía nos procesó. Fue una exhibición de su modo de ver el mundo en donde los militares tienen que tener impunidad, en primer lugar porque su padre y tío fueron golpistas. Nos volvió a procesar por atentado, cuando ya fue declarado inconstitucional. Por los mismos hechos nos procesan dos veces. Ahora hay una apelación.

Por suerte, algunos procesamientos han seguido. Perciavalle es otra persona activa en la aplicación de principios internacionales. El gobierno uruguayo fue cuestionado por la Corte Interamericana por no cumplir en el caso Gelman. Eso ha continuado, es cierto. A mí modo de ver, de una manera totalmente insuficiente. La responsabilidad no es solo de los individuos, sino del Estado. En 36 años la democracia ha juzgado de una manera muy débil lo que fue la dictadura.

Cuando el Foro de Montevideo pide la liberación de los viejitos de Domingo Arena está pidiendo la liberación de gente por delitos que se cometieron. La desaparición forzada no desaparece. Está vigente. De mi punto de vista, ¿por qué hechos que fueron juzgados en el 2013 reaparece justo en este momento? Tengo la percepción de que es para oponerlo al proyecto del Foro de Montevideo de liberación de los viejitos buenos. Hay un demonio que va a ser liberado, inventemos otro demonio opuesto.

La corte la cambió de juzgada a Salterain y al último momento nos sentenció. Fue su último acto. Nuestro expediente pasó a otro juzgado. No es un hecho casual. Creo que en algún momento van a saltar (los defensores de la liberación de presos de Domingo Arena). Creo que el argumento es justificar con un demonio malo la liberación de los viejitos buenos. Apelamos y vamos a seguir todo el proceso judicial hasta llevarlo a tasación. Vamos a llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procesamiento es con prisión, la sentencia queda en suspenso.

Hubo empujones. En el expediente se ve al encargado de la operación de desalojo dice que ordenó a los policías sacarse los escudos, protecciones y bastones. Entendía que no era necesario. Si no era necesario, es porque no hubo un pétalo de una flor que se cayera. No se tocó ningún pétalo. La jueza hizo una valoración bastante subjetiva.

Crímenes cometidos en dictadura

 Yo siento odio hacia el Estado, al aparato represivo. Cuando eso que revivo personalmente fue experimentado fue experimentado por 1 de cada 500 (la tortura). Fue mucho más profundo quizá de lo que ocurrió en Brasil.

Fueron actos que nosotros no debiéramos haber cometido. Con la diferencia que no era el aparato del Estado y segundo que los compañeros que cometieron esos actos fueron severamente castigados y torturados. Pasaron 13 años en situaciones bastante lamentables e inhumanas. Hay mucha gente que se fue del país expulsada. Los de Pascasio Báez y Arteche fueron crímenes.

Más allá de esos episodios lamentables, creo que nosotros desarrollamos el movimiento guerrillero pensando en conformar un ejecito. Ese ejército implicaba sustituir la voluntad el pueblo, que en ese momento era de mucha indignación, por la voluntad de un aparato militar que nosotros dirigíamos. Es decir, olvidar que la revolución de trata de una insurrección popular en donde el pueblo decide hacerla y creer que nosotros éramos los encargados de tomar el poder del Estado. Terminábamos siendo un espejo del Estado que repudiábamos. Eso fue el error. En donde hay una pirámide que se rige por el orden y mando, esa piramida está cercenando la libertad democrática de la gente. La sombra del aparato armado termina incidiendo sobre la voluntad de todo el mundo. A partir de eso, hay una cantidad de errores. Esa era la teoría central de todo el movimiento guerrillero. En el libro trato de sostener que justamente la guerrilla solo debe limitarse a apoyar una insurrección popular y que hubiera una forma de auto organizar el poder popular. Eso está en la raíz de muchos fenómenos, por ejemplo el de la URSS. La guerrilla incentivando, respaldado lo que es la voluntad popular.

Toma de Pando

En lo personal me trae recuerdos terribles. La toma de Pando fue en homenaje y memoria del asesinato del Che Guevara. También me recuerda otro momento desgraciado para el MLN que es la muerte de Burgueño. Creo que es reivindicable en dos sentidos. Primero, por la memoria de los caídos en Pando. Segundo, la toma de Pando demuestra el estado de ánimo de la sociedad del momento. A esa derrota que dejó el aparato represivo le siguió un crecimiento enorme desde el punto de vista cuantitativo. La gente golpeaba la puerta del MLN para incorporarse. El crecimiento enorme del MLN que hubo en ese momento, que llegaron a ser más de nueve mil, se inició en un momento de derrota, muerte y persecución. Eso es lo que el MLN siempre ha homenajeado.

Postura y reunión con Diego Burgueño

El hecho de haber podido hablar los dos libremente de nuestro mutuo sufrimiento me parece que tiene un sentido liberador. Fue una conversación muy personal. Hubo pedido de disculpas a los familiares de la toma de Pando. No es cierto que no haya habido.

Hay mucha gente que también ha perdido la memoria. Para mí la toma de Pando tiene un significado y para otros no. Con Julio Marenales y Raúl Sendic padre estuvimos 11 años en subterráneos y en los cuarteles sometidos a un maltrato solo por el hecho de estar ahí. ¿Cómo no voy a sentir odio?

El teléfono rojo y una sintonía espiritual que se termina llamando “olvido y perdón”. No solo es una cuestión del MLN. En el 2009 cuando se hacía el segundo plebiscito para anular la ley de caducidad, el congreso del FA apoyó a Fernández Huidobro, en contra de la posición que defendíamos nosotros que había que apoyar el plebiscito del 2019. Sin embargo, triunfó por una abrumadora mayoría siguiendo el pedido de Fernández Huidobro. El FA no hizo campaña y decidió apostar a llegar al gobierno. Eso para mí es un pacto de impunidad.

Fernández Huidobro chocó con Familiares y la doctora Mota. No entiendo que haya sido un  traicionero. Fueron decisiones políticas que no comparto para nada. Sentí la pérdida de Raúl Sendic como un padre. Sentí la pérdida de muchos compañeros como hermano. Siempre creí que el MLN se iba a mantener del lado de los derechos humanos y sin embargo los vemos en un pacto de silencio de olvidar y perdonar a los viejitos, que es la posición que ha dado Mujica. Significa olviden lo que hice y perdónenme. Es indignante y no sé cómo puede haber compañeros que lo apoye (sobre el acercamiento entre Mujica y Cabildo Abierto).

Hay crímenes que no debieran ser cometidos, no me arrepiento en general. El MLN logró que sus accione militares repetaran la regla de oro en su primera etapa, es decir, que esas acciones fueran comprensibles para todo el mundo, no que despertaran simpatía. El asesinato se escapa a la regla de oro y Pando abandona la primera vez que se abandona la

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jueves, 11 de noviembre de 2021

Por la vuelta

"La asonada" en la SCJ por el traslado de la jueza Mariana Mota.


 

 

Por aquellos tiempos en que tejíamos amores en los campamentos “peludos”, nos cayeron encima unas medidas prontas de seguridad. El 7 de octubre de 1965 las decretó el colegiado con mayoría del Partido Nacional, su ala “liberal conservadora” integrada por los mismos apellidos que hoy nos gobiernan. Su liberalismo nos les impidió apoyarse en la ley para instaurar un régimen de excepcionalidad dirigido a controlar las movilizaciones obreras.

Símbolo de su violencia institucional, fue la foto de Juan Carlos “Pocho” Hornos, militante del vidrio, a quien la policía colgó del arco de la cancha de “El Puente”, a orillas del Pantanoso, el emblemático “paralelo 38”. La democracia formal, burguesa y liberal, tenía peores antecedentes: en 1961 un policía enfurecido había asesinado a Walter Motta, militante sindical de la industria de la carne. Bastaba un poco de barullo obrero para que los liberales se quitaran la careta y sacaran a relucir los colmillos del poder. En esos días, el 22 de octubre, en el semanario “Marcha”, Carlos María Gutiérrez, el Negro, publicó una columna titulada “Arizaga no existe”.

Relataba en ella la detención de Julio Arizaga en jefatura de policía. El directorio de OSE había proporcionado a la policía una lista de “sospechosos” que incluía a Arizaga, por su militancia sindical, pero, también y principalmente, por ser fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Gutiérrez denunciaba que Julio había sido sometido a torturas.

La información de la policía, “veraz y transparente”, contaba que el Canario se había auto flagelado y que, posteriormente, estando internado en el Hospital Militar, atacó al custodio, le sobrevino un shock nervioso y se golpeó la cabeza contra las paredes y la tarima. En el juzgado pudieron constatar que su cuerpo y la cara estaban tapizadas con hematomas, quemaduras de cigarrillos, cortes y arañazos. El juez decretó la libertad de Arizaga, pero, apenas traspuesta la puerta del juzgado, fue nuevamente detenido y nuevamente torturado.

A Julio Arizaga no lo amparaba ninguna constitución de la república, no había ley ni habeas corpus que lo protegiera… no tenía derechos ni libertades… “no existía” para la república democrática. En “Marcha”, noviembre de 1965, el maestro Julio Castro caracterizó esas circunstancias: “reinado de los torturadores”.

El terrorismo de Estado no nació de un repollo, lo precedió una escalada de actos preparatorios, el período que los intelectuales liberales y conservadores necesitaron para fundamentar la violencia institucional. Los acicateaba la molesta sensación de que el pueblo uruguayo podía hacer una revolución parecida a la hecha por el cubano. Recién luego llegó la brutalidad descarnada.

A fines de los ’50, principios de los ’60, fueron surgiendo las teorías que postulaban una especie de “contrarrevolución preventiva” para defender la “libertad” y el Estado de Derecho. Académicos, historiadores e intelectuales liberales, orgánicos de los partidos institucionalizados, satanizaron bajo el término “antipatria” a la izquierda no institucionalizada, argumento que justificaba el recurso a la represión violenta.

Aparecieron las organizaciones del activismo reaccionario: MONDEL, ALERTA y el MEDL, todas usaban el término “Libertad” en sus siglas. Fueron el anticipo directo de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), fundada en 1970. Manifestaban que los asistía la razón y la fuerza, pues contaban, en especial, con el respaldo de las fuerzas armadas. Proclamaban no temer el recurso a la violencia, se preparaban para todas las formas de lucha y así irrumpió el Escuadrón Caza Tupamaros. Otra expresión de esas ideas la concretó el general Mario Aguerrondo al organizar la logia de la triste fama.

Ocho años después de la tortura impune a Julio Arizaga, las fuerzas que fue acumulando la reacción más extrema dieron su golpe de Estado. Ya contaban con las ideas y los argumentos, la organización de su militancia, el necesario apoyo electoral y habían colonizado importantes sectores de las fuerzas armadas, aspecto, éste último, en el que contaron con la invalorable colaboración de la Escuela de las Américas.

En 1985 los militares de la dictadura se retiraron de manera ordenada a sus cuarteles. Políticamente desgastados, pero no derrotados; culpables, pero sin remordimientos, intactas sus convicciones y su manera de interpretar la realidad. Conservaron tanta fuerza en lo moral y lo práctico, que los partidos políticos se sintieron obligados a conceder la impunidad. Fue el peaje que pagaron para que los milicos permitieran la restauración institucional. Wilson Ferreira Aldunate no se avino a las exigencias planteadas en el Club Naval, pero, luego, dio sus dos pasos atrás y respaldó la inmoral caducidad.

Las ínfimas mayorías electorales obtenidas en 1985 y 2009, reafirmaron el modo de pensar y de sentir de los impunes. Con la moderación la izquierda cuestionadora del sistema y del capitalismo, se transformó en progresismo, otra versión liberal, que los llevó a ser apoyo de la democracia formal y burguesa, esa que los poetas de las ciencias sociales califican de “altísima calidad”. Hoy en día el Uruguay es un “paraíso de la impunidad y de la paz entre oprimidos y opresores”, una excepción en este continente convulsionado, la rediviva Suiza de América.

De repente, el 2 de febrero del 2010, una joven mujer, jueza de Penal de 7° Turno, condenó a 30 años de prisión al golpista Juan María Bordaberry. En la sentencia, la doctora Mariana Mota demostró que el dictador era culpable de atentado a la constitución por dar el golpe, de nueve delitos de desaparición forzosa y de los homicidios políticos de Ubagésner Cháves Sosa y Fernando Miranda. Lo acusó por no haber hecho nada para impedir la muerte de 29 personas torturadas entre mayo de 1972 y mayo de 1976.

Tampoco esa sentencia histórica nació de un repollo, fue abonada con el duro batallar contra los diferentes pactos de impunidad que nos atraviesan. El dictamen hizo saltar los acuerdos explícitos e implícitos que sostenían la “muralla” de protección a los criminales. Fue un elefante que rompió la corrección política que reinaba en el bazar de impunidades. Condenar a Bordaberry por dictador significó colocar un punto final a las justificaciones para no hacer nada. Punto final a las aspiraciones “dar vuelta la página” que se esconden en los recovecos de los partidos institucionalizados. Mariana pateó el nido de la partidocracia interesada en mantener el statu quo acordado en el Club Naval. Quedó en la mira de todos, del liberalismo conservador y del liberalismo progresista. La persiguieron por igual Jorge Batlle, Gonzalo Aguirre y Fernández Huidobro (que la acusaba de haber procesado sin pruebas a su amigo, el general Calcagno). La persecución culminó con su traslado del ámbito penal al de los juzgados civiles, un acto político de reafirmación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Nueve años después llegó el disparate judicial que condena por “atentado” una protesta pacífica, la criminaliza. Deja la sensación de que, en verdad, este período de institucionalidad republicana es, más bien, un lento transitar entre dos dictaduras, la que se retiró en 1985 y la que acecha desde los cuarteles, la que vendrá, apenas sientan que acumularon las fuerzas necesarias. Como decía Enrique Cadícamo en su tango “Por la vuelta”: “la historia vuelve a repetirse”.

Jorge Zabalza







miércoles, 3 de noviembre de 2021

Un hecho político muy serio


 

Salió el jueves 4 de noviembre en Semanario VOCES.

 

El viernes por la tarde me llegó la carta. La firmaba la doctora Ana Margarita De Salterain, titular del Juzgado Penal de 26° Turno, apellido ilustre, de élite, incorporado al nomenclátor de Montevideo. En su carta me decía que, junto a Irma Leites y Álvaro Jaume, nos condenaba a 24 meses de prisión. Casi nueve años, desde febrero del 2013, llevábamos procesados por manifestar y protestar por el traslado de la doctora Mariana Mota.

El 28 de mayo del 2015, aceptando la fundamentación presentada por nuestro abogado, el Dr. Juan Fagúndez, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 145 del Código Penal que configura el delito de asonada que nos había endilgado la fiscalía. Por mayoría, los supremos cortesanos determinaron que la asonada agraviaba las libertades de expresión y de reunión proclamadas en la constitución y, por consiguiente, el delito no debía sernos aplicado. Se clausuró la causa. Quedamos libres de culpa.

Un año después, sin embargo, el 20 de mayo del 2016, el órgano supremo del poder judicial, integrado ahora por otras personas, reconsideró el asunto y, sin sonrojarse siquiera, resolvió lo contrario: declaró que el delito de asonada era perfectamente constitucional.

El viraje de 180° de la Suprema Corte, evidencia la precariedad de las decisiones de los encargados de impartir “justicia”. En realidad, sus interpretaciones de la constitución y las leyes son muy veleidosas, dependen del modo de ver el mundo que, en un momento dado, tengan los supremos pontífices que administran la “justicia”. Se presume su imparcialidad, pero no hay ninguna garantía de que así sea.

Más adelante, Gustavo Zubía exigió que nos condenaran por atentado. No le importó pedir que nos procesaran dos veces por el mismo hecho. Fue una exhibición de poder por parte de un fiscal.

En su sentencia, la doctora De Salterain comunica que los tres imputados somos autores de un delito de atentado especialmente agravado por la “violencia y amenazas contra funcionarios públicos, con el fin de impedir el libre ejercicio de la función, actuando con prepotencia, odio y menosprecio a la autoridad”. No es “La Ley” quien juzga, sino una funcionaria que administra un juzgado que, por consiguiente, queda sujeto a sus maneras de sentir y ver la realidad.

En el texto, para fundamentar sus dichos, la jueza reproduce las declaraciones de los integrantes de la fuerza policial que desalojó los manifestantes del edificio de la Suprema Corte. No se reproducen otros testimonios, algunos de ellos que contradicen los aportados por los uniformados.

Aun así, la doctora De Salterain pasó por alto un detalle bien importante. En sus declaraciones, el jefe de la operación hizo constar que, cuando iba a proceder al desalojo por segunda vez, ordenó a la fuerza de choque que se despojara de los implementos que usan para la represión violenta, bastones y escudos, por ejemplo. Entendió que no eran necesarios los instrumentos “pacificadores”. El hecho indica que la actitud de los manifestantes no ameritaba ir en pie de represión, porque apenas fueron necesarios unos pocos empujones. Él mismo oficial señala que, al fin y al cabo, los manifestantes se retiraron de buenas maneras. La mirada sesgada de la señora jueza simplemente ignoró esta contradicción porque, en última instancia, quería ver violencia en nuestra actitud.

A De Salterain, como a Zubía, sólo les interesaba criminalizar a las tres personas que, de antemano, tenía decidido condenar. Alcanza con tener el poder de hacer valer su punto de vista o su capricho. Con una persona diferente a cargo del Juzgado, otros hubieran sido sus criterios y otra su decisión. Tal vez hasta habría reconocido que no hubo violencia ni amenazas y archivaría la causa. A veces, el destino de un indagado depende del estado de humor de quien goza del poder de juzgar.

En su sentencia, la señora jueza refrenda al pie de la letra, el contenido de la acusación presentada por Gustavo Zubía, entonces fiscal y ahora diputado por la coalición gobernante. Inclusive determina la misma pena cuantificada por el fiscal. Le agrega, como prueba de culpabilidad, las declaraciones de los oficiales y policías encargados de desalojar los manifestantes que protestaban en la Suprema Corte. Deja a un lado otros testimonios prestados por otros testigos. Hay un claro sesgo ideológico en la sentencia, cosa que no es de extrañar de parte de Zubía, conocido en los medios de comunicación por sus posturas, las más reaccionarias de nuestro país. Está apenas un pasito detrás de Bolsonaro, que elogia la tortura, el terrorismo de Estado y las dictaduras militares.

La sentencia podía haber sido redactada y comunicada dos, tres, varios meses atrás, o dentro de dos o tres meses. Al parece la jueza ni se acordaba del expediente, que parecía perdido en los estantes de Penal 26. Algo hizo que le viniera a la memoria justo cuando, una vez más, se plantea el olvido y el perdón para los criminales del terrorismo de Estado. Es inevitable sospechar en la sentencia un propósito de crear otro polo de demonios, de oponerlo al de los recluidos en Domingo Arena.

Regresa la teoría de los dos demonios, ahora utilizada para justificar la campaña por la impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

El hecho convocante de la protesta en cuestión, el 13 de febrero de 2013, fue el traslado a un juzgado civil de la Dra. Mariana Mota, jueza penal a cargo de más de 50 expedientes con militares indagados por delitos de lesa humanidad. El traslado despertó la certeza de que era un adoquín más en la “muralla” de impunidad que el poder judicial estaba levantando. Aunque lo disfrazaran de decisión puramente administrativa, fue un hecho político muy grave, que impregnó de ideología y política el proceso judicial que ahora culmina con la sentencia de la jueza De Salterain. Con intencionalidad política, la doctora trastoca en acto de violencia una manifestación de protesta en repudio al acto político de la Suprema Corte. La sentencia transpira política.

El poder judicial, institución que integra el andamiaje de poder de la clase dominante, nos regresa al rol de presos políticos, nuestra ubicación tradicional en esta historia que el terrorismo de Estado sembró de desaparecidos, asesinados, violados y torturados. Estamos prisioneros de la visión más reaccionaria de la sociedad, hoy enseñoreada en las figuras de la señora jueza y del señor ex fiscal, brazos ejecutores del “dar vuelta la página”.


Jorge Zabalza





sábado, 23 de octubre de 2021

Charla en Liberación (video)

 

 

Charla sobre la toma de Pando, algo que duele pero sostiene convicciones y actitudes.








 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 7 de octubre de 2021

"Por la tierra y con Sendic"

 




“El dinero es libertad acuñada”, sentencia de Fedor Distoievski, ruso él, pero que, no por ello puede ser acusado de comunista. Son más libres aquellos “malla oro” que disfrutan de capitales más grandes, evaluaba el extraordinario escritor, la libertad como una función de la riqueza.
Publicado en Semanario VOCES


Ayer, nomás, los peludos de UTAA bajaron a Montevideo con su reclamo de expropiar (sin indemnizar) las 33.000 hectáreas de Silva y Rosas, un latifundio improductivo que pensaban transformar en plantación cooperativa de caña de azúcar. Parece mentira, pero fue ayer nomás que esos campamentos nos cambiaron la vida a toda una generación, la del Ché Guevara.

Pocos días atrás, convocados por la Mesa Nacional de Colonos, AFINCO (gremio de los trabajadores del INC) y la Mesa Intersindical de Bella Unión, se reunieron unas 80 personas en la chacra cooperativa “15 de enero”. Como el grupo de oligarcas que nos gobierna se propone desmantelar el Instituto Nacional de Colonización (INC), los allí reunidos discutían cómo organizarse para defenderlo.

Entendieron que era buena cosa rodear el parlamento los días 12 y 13 de octubre, momento del senado para votar el artículo del presupuesto que desfinancia el INC. Convocaron entonces a reunirse en “fogones artiguistas” al costado del Palacio Legislativo. A los convocantes se suman varias organizaciones más, las que representan la Nación Charrúa, a los afrodescendientes, productores ecológicos, aspirantes a colonos, sindicatos de trabajadores rurales, asalariados con tierra de Bella Unión, estudiantes, cooperativistas de FUCVAM. La concentración coincide con la convocada por el PITCNT en la plaza 1° de Mayo.

Al igual que en 1964 me propongo acudir al llamado de lucha por la tierra, como también habré concurrido el martes por la mañana al Canal 10 junto a los que luchan por un Canelones libre de soja transgénica. Así comenzó aquella historia reciente, la que aún sigue corriendo.

¡¡ Tierra!!
Una vez más emergió la cuestión de la tierra. Desde que los malos europeos la robaron a mano armada, el modelo “tierra para quienes la trabajan” enfrenta el modelo “tierra para los pocos y privilegiados”. La lucha entre ambas formas de producir estuvo en el origen del Uruguay como república independiente. Los peores americanos pensaban, según Isidoro de María, que los pueblos indígenas “no eran capaces de comprender todos los beneficios que resultaban de la conquista y por eso luchaban contra los invasores”. Por eso impidieron recuperar su territorio a los pueblos originarios, los privaron del espacio propio, donde desarrollar sus autonomías y sus culturas.

José Artigas veía el problema desde el ángulo opuesto. Escribió al gobernador de Corrientes: “Recordemos que ellos tienen el principal derecho y que sería una degradación para nosotros, mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos”. Esa visión, Artigas la puso en práctica el 10 de setiembre de 1815 con su Reglamento de Tierras: la cuestión indígena se resolvía restituyendo la propiedad a los guaraníes, los charrúas y los negros, a los más infelices deambulaban por campos ajenos.

Luego de la “independencia”, el genocidio riverista hizo del Uruguay un territorio libre de poblaciones originarias y los genocidas pudieron apropiarse de los latifundios, del puerto y de los cargos en el aparato burocrático.

Ocupar, ocupar y ocupar.
Ciento cincuenta años después, el viejo modelo artiguista resurgía con el programa del Congreso del Pueblo. La Reforma Agraria se volvió el nudo de las más sentidas aspiraciones populares. Consigna de la rebelión peluda, la bandera de UTAA lucía el “tierra para el que trabaja”. En todo el espectro partidario, desde Wilson Ferreira Aldunate a la izquierda que se preciaba de revolucionaria, se coincidía en la necesidad de cambiar la estructura de propiedad de la tierra. Hablar de reforma agraria fue muy natural en aquel Uruguay sesentista. Los que empuñamos un arma, en busca de la palabra justa, la encontramos en el grito “Por la Tierra y con Sendic”, síntesis cañera del espíritu que reinaba.

En 1985, al regresar a los cuarteles, la dictadura nos dejó el 8% de la tierra bajo propiedad de capitales extranjeros, porcentaje que el movimiento popular consideró escandaloso. La pérdida de soberanía por la extranjerización de la tierra fue uno de los ejes crítico del discurso de la izquierda. Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos sindicatos y sectores minoritarios, fue imposible reinsertar la reforma agraria en los programas del PITCNT y del Frente Amplio. Se negaron los que marchaban hacia la moderación y el liberalismo.

Actualmente, casi sin ninguna oposición, los capitales extranjeros han llegado a ser propietarios del 50% del territorio nacional. La cifra indica el grado en que el Uruguay ha perdido independencia y ha sido insertado en la economía mundial como productor de materias primas. El proceso de recolonización ocurrió ante la pasividad y el desinterés del movimiento obrero, con la complicidad de los tres partidos que fueron gobierno luego de la dictadura cívico militar.

La tierra es el único recurso natural con que cuenta nuestro pueblo para alcanzar la justicia social. Con su plan de lucha por la tierra y contra la pobreza, Raúl “Bebe” Sendic supo unir los problemas de la marginación social con el cambio en la forma de hacer producir la tierra. La cuestión social se resuelve aboliendo el latifundio y poniendo en práctica el “tierra para el que trabaja”, transformando el modo de hacer producir la tierra y distribuir sus productos.

La tierra, sin embargo, continúa inaccesible para el marginado y empobrecido, para el que enriquece con su trabajo a los latifundistas locales y extranjeros… ¿ocupar, ocupar y ocupar será la única forma posible?

El 12 de octubre, fecha luctuosa para el pueblo indoamericano, nos vemos alrededor del parlamento para manifestar nuestro deseo de “tierra para el que trabaja”.

8 de octubre de 2021
Jorge Zabalza








jueves, 19 de agosto de 2021

El retorno de los brujos

A Juan Carlos “Pocho” Hornos.


 

Publicado el jueves 19 de agosto en "VOCES". Tal vez sea el primer capítulo del ensayo "IMAGINARIO INSURGENTE" que está recién en la punta del lápiz. Abrazos fraternos Tambero 

 

 

 

El rumor venía de la Avenida Paulista, fue trepando paredes arriba el Instituto del Cáncer del Estado de San Pablo (ICESP) y, finalmente, sacudió la salita de cuidados intermedios. Al entreabrir Veronika el ventanal, los pasos y las voces se hicieron tromba ensordecedora, amenazaban voltear árboles, destruir edificios e inundar las calles. Un huracán social y político.

Frente a la camilla, el televisor pasaba revista a las pancartas, unas exigían el impeachment de Dilma, otras acusaban de corrupción a Lula y su Partido dos Trabalhadores, pero la cámara se detenía, con deleite, en aquellos caminantes que pedían un golpe militar. El fenómeno se reprodujo en 150 ciudades del Brasil. Era el “retorno de los brujos”, ensayo de Jacques Bergier, uno de mis favoritos en la cárcel de Punta Carretas.

En su mayoría lucían piel y rasgos blancos, pero, como decía Pedro Archanjo, eso no quiere decir nada en Brasil, donde la “pureza de sangre” es un absurdo genético. Es cierto que los invasores europeos deseaban preservar la palidez de sus pieles y levantaron barreras para aislarse de las oscuras. Sin embargo, la supremacía blanca que bajó de los barcos, murió en las noches de cama tropical y terminó en infecundo onanismo ideológico. Los colores oscuros son los dominantes en la actual lndoamérica, Mestiza y Colonizada.

En función del lente que medía, el conteo de los manifestantes variaba de uno a más de dos millones de personas. Marchaban por la Paulista ciudadanos de clase media para arriba: las tres cuartas partes con estudios universitarios y más del 80% habían votado a Aecio Neves en el 2014. Estaba presente todo el espectro que va del centro a la extrema derecha, el que sostiene los negocios de los dueños de Brasil, o sea, en lenguaje más prosaico, los mayordomos y el personal de servicio que, en territorio brasilero, vigilan la reproducción del capital mundializado. Era un uppercut de derecha, directo al mentón.



Dilma

A Dilma Rouseff la sometieron al “pau de arará” y otras ingeniosas formas de torturar que usaron los militares brasileros, ingeniosos innovadores en la materia. Una vez salida de la cárcel se licenció en economía, enterró sus rencores y se fue desprendiendo de su pasado guerrillero. Amnistiada por la dictadura, apretó el botón de reinicio y se incorporó al laborismo de Brizzola, otra víctima del militarismo. En los ’90 integró su gabinete en Río Grande do Sul. Primeros pasitos por los senderos institucionales, aquellos que había desechado en los sesenta.

Una década más tarde, Dilma se sumó al Partido dos Trabalhadores, que había irrumpido con fuerza en el escenario político de Brasil. Integró el primer gobierno de Lula Da Silva (2003) en la gestión de Petrobras y Electrobras. Pudo sortear indemne el “mensalao”, o sea, las denuncias sobre las “mensualidades” que recibían los parlamentarios opositores para levantar la mano a favor del gobierno. El escándalo había involucrado los cuadros del Partido de los Trabajadores (PT), especialmente a José Dirceu y Antonio Palocci, dos posibles herederos de la corona encarcelados por corrupción. No corromperse fue la proeza que fortaleció la imagen pública de Roussef y la impulsó electoralmente.

Lula

Lula había sido derrotado por Collor de Melo en 1989 y, en las dos elecciones siguientes, le ganó Fernando Henrique Cardozo. Para salir de perdedor creyó necesario buscar aliados en la derecha para cambiar la correlación entre los partidos. En las negociaciones terminó de candidato a la vicepresidencia José Alencar, ligado a las organizaciones empresariales y muy liberal. Al mismo tiempo, Lula designó ministro de economía a Henrique Meirelles, otro liberal, que estaba ejerciendo la presidencia del Banco de Boston de los EE. UU. Alencar y Meirelles ofrecían garantías de moderación en la política económica de un posible gobierno de Lula. Fueron designaciones definitorias, marcaron el comienzo del cambio ideológico del Partido de los Trabalhadores, el abandono de la marcha hacia la tierra prometida por la izquierda: superar y transformar el capitalismo.

La fortaleza del Partido dos Trabalhadores radicaba en sus bases populares, en los millones de víctimas del Brasil colonizado, cuya necesidad de justicia social era mucho más que un vano discurso electoral: la necesidad de transformar la sociedad surgía de su forma de existir. Lula cambió la perspectiva transformadora y se aboco a solucionar el estado de emergencia que vivía el pueblo brasilero. Por consiguiente, desde que llegó al gobierno implementó políticas dirigidas al crecimiento del poder adquisitivo del salario y a empujar los sectores marginados y excluidos por encima de la línea de pobreza.

Lula designó a Dilma como jefa de gabinete en lugar del defenestrado Dirceu. Quedó identificada con el plan “fome zero”. Fue la “madre del PAC”, el Programa de Aceleración del Crecimiento: los fondos públicos aportarían 250 millones de dólares para incentivar las inversiones privadas en un plan de obras de infraestructura: rutas, saneamiento, puertos, vías ferroviarias y un largo etcétera. También gestionó el programa “Mi Casa, Mi Vida”, que prometió subvencionar la construcción de hasta 3 millones y medio de viviendas para sectores de bajos y muy bajos recursos. Decía Dilma, “cuando uno construye una casa, un conjunto residencial, se necesita ladrillos, arena, cemento, aluminio…quien produjo esos materiales contrató a personas, creó puestos de trabajo, pagó sueldos, se generó ingresos e hizo girar la rueda de la economía” … la rueda que genera plusvalor para el capital.

Los límites

El Partido dos Trabalhadores sacó de la invisibilidad la pobreza. Se propusieron una serie de reformas para erradicarla, pero, por supuesto, para evitar fricciones con los aliados, sin tocar el carácter capitalista de la sociedad. Capitalismo sin pobreza es la expresión que resume la concepción progresista, pero, al mismo tiempo, es un contrasentido absoluto: mientras continúe reproduciéndose el capital, se mantiene la línea de producción de la pobreza, la exclusión y la marginación.

Al proteger la tasa de rentabilidad, pagar puntillosamente la deuda externa y favorecer las inversiones multinacionales, el progresismo se hunde en la ciénaga del conservadurismo. Hace soñar con una sociedad justa y libre, todas y todos iguales, pero no se atreve a impedir que unos pocos devoren al resto de la población. El discurso liberal encubierto que hace el progresismo se limita, en última instancia, a indicar a los lobos cómo y dónde comerse mejor las ovejitas. Imposible eliminar la pobreza y la desigualdad sin transformar el modo de producir. Hete acá el freno al impulso de los progresistas.

Gracias a la moderación y el pragmatismo que le exigían sus aliados, Lula accedió al gobierno, pero no pudo escapar del laberinto en que se había metido. Abandonó el reclamo de expropiar latifundios y transferir al Estado la propiedad de las tierras, para ocupar una silla en la mesa del agronegocio. De la crítica al pago de los servicios de la deuda externa, pasó a privilegiar los intereses de los acreedores internacionales por encima de cualquier consideración social. Colocó un techo político al asistencialismo social: no podía lesionar los intereses de los inversores extranjeros, ni de los dueños criollos de las tierras, las industrias y el capital bancario. El gobierno de Lula fue, de cierta manera y en cierto grado, continuación del modelo desarrollista de Fernando Henrique Cardoso. Lula terminó siendo un operador del proceso de concentración del capital a nivel mundial.

Teniendo la posibilidad de intentar la superación del capitalismo, Lula marchó en dirección opuesta, la de financiar las empresas y los bancos privados desde el Estado, para poner en marcha los “motores del desarrollo económico”, es decir, la reproducción ampliada del capital. Por otra parte, sus medidas de asistencialismo social ampliaron, de hecho, la base del consumo de bienes, otra forma de asegurar la rentabilidad de los capitales. Las reformas de Lula se inscribían en el marco de la economía política capitalista, abandonó la perspectiva teórica de la transformación revolucionaria de la sociedad, su pecado juvenil.

Los burgueses parisinos del siglo XVIII no inventaron la república democrática para acabar con el capitalismo que, de hecho, todavía no había superado sus estadios más primitivos. Faltaba mucho genocidio, mucha esclavitud y mucha rapiña para que capitalismo pasara de la reproducción simple a la reproducción ampliada. En realidad, la posibilidad de elegir representantes parlamentarios fue un privilegio censitario, reservado a los burgueses, y no a todos ellos. Un derecho prohibido a los “sin propiedad”, la forma política de impedir que las masas irredentas pasaran por arriba la revolución burguesa, como ya habían hecho con el poder feudal.

En definitiva, en la eterna batalla de ideas entre la conservación de sistema y los que se proponen transformarlo, los progresismos desarrollan una versión encubierta del pensamiento liberal. Más sensible con las víctimas, es cierto, pero, en definitiva, tan neoliberal como la de los “chicago boys”. Parecen haber venido al mundo para ayudar a soportar penurias, una rueda de auxilio de las religiones.

La finalidad “sesentista” de las izquierdas revolucionarias, la lucha por una sociedad sin clases y sin Estado, la sustituyeron con la fantasía de humanizar las consecuencias sociales de la opresión y la explotación. Una imitación indoamericana de la socialdemocracia y el eurocomunismo: trepados a una especie de mirador, critican las aristas más feas y violentas de la opresión, pero las mantienen vivas. Una especie de “bonapartismo de izquierda”.

Primera mujer presidenta

Inmersa y condicionada por esa atmósfera de regresión, Dilma, la exguerrillera, arrojó al basurero los manuales estalinistas que, con menos de 18 años, había memorizado en “Política Obrera”. No dejó vacío el espacio dedicado a los dogmas, sino que, por el contrario, los rellenó con preceptos liberales, aprendió a pensar y sentir con las reglas que le permitieron navegar en la república parlamentaria. La aureola del regreso al redil favoreció su ascenso a la presidencia de Brasil. Dilma es un ejemplo paradigmático del transformismo ideológico y político.

Fue en esos años que se descubrieron gigantescas reservas de petróleo en las costas del puerto de Santos. En consecuencia, Brasil ascendió a los primeros lugares entre las potencias petroleras, fenómeno que despertó euforia nacionalista. Lula usufructuó el afortunado descubrimiento que también jugó a favor de su jefa de gabinete. En octubre del 2010, Rousseff fue la primera mujer electa presidenta de Brasil.

Al poco tiempo convocó una Comisión para la Verdad, hecho que provocó expectativas en el movimiento de derechos humanos. En diciembre de 2014 se la vio llorar al recibir el informe sobre los crímenes cometidos por los militares. Nada hizo, sin embargo, para anular la ley que en 1979 amnistió a los culpables. Arrogándose, de hecho, la representación de todas las víctimas consolidó la impunidad de los victimarios. El manto de olvido continuó cubriendo las verdades ocultas. El Partido dos Trabalhadores, Lula y Dilma atravesaron un puente que les exigieron atravesar.

Rousseff se había comprometido con una seguidilla de espectáculos estelares: la copa de las confederaciones (2013), el mundial del 2014 y las olimpíadas en 2016. Quería aprovechar la pasión deportiva, para juntar los votos necesarios para ser reelecta. El gasto público requerido para reacondicionar estadios y construir la ciudad deportiva anduvo por los 11.000 millones de dólares. La cifra competía forzosamente con el gasto social del Estado. Se volvió intolerable. Además, la gente sospechaba, con fundamento, que altos funcionarios eran cómplices en negociados con los empresarios que construían la infraestructura.

El 7 de setiembre del 2011, al grito de “paren de robar”, salieron a la calle algunos miles de “indignados”. Fue el arranque de otro ciclo de intensa movilización popular contra el gobierno, pero, no necesariamente contra Dilma, embarcada en la llamada “operación limpieza” de los altos cargos. De todas maneras, no pudo evitar la indignación genérica, que la acompañó hasta que fue destituida. Su talón de Aquiles fue el fútbol, rasgo identitario del Brasil.

El 16 de junio del 2013, en el partido inaugural de la copa de las confederaciones, otros miles manifestaron en las puertas del Maracaná, que había sido remozado al costo de 500 millones de dólares. La policía progresista los disolvió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo protestas en todo Brasil. Desencantados, los brasileros gritaban contra el aumento del transporte público, de las tarifas y del costo de vida en general, contra la represión progresista.

Para peor, sin nada de inocencia, el juez Moro les tiró encima la Operación Lava Jato. Quedaron sospechados de corrupción Lula y otras figuras de relieve. Según varias encuestadoras, luego del operativo, las simpatías hacia Dilma cayeron hasta un mísero 7%. Por izquierda y por derecha, los indignados no cejaron en su movilización en el 2014. Desencanto y protestas, sin embargo, no impidieron que, a finales de año, Dilma fuera reelecta en el ballotage derrotando, aunque por muy escaso margen, a su rival Aecio Neves, un liberal puro y duro. El electorado brasilero quedó dividido prácticamente en dos mitades, a favor y en contra del Partido dos Trabalhadores. Era el fracaso de la estrategia electoral para los cambios. La desilusión cundió en la militancia “petista”.

Dos días antes que la derecha tronara en la Paulista, la CUT y otras organizaciones sociales convocaron una concentración masiva en respaldo de Dilma. La indiferencia fue el síntoma más grave de las varias enfermedades que aquejaban al progresismo. Parecía agotado su poder de convocatoria. Las calles quedaron libres para la derecha. Las alianzas posibilitaron tres victorias electorales, pero a la larga fortalecieron a las élites en la misma medida que debilitaron el movimiento popular. El fenómeno no fue tenido en cuenta por los progresistas, que continuaron a paso cansino, camino al precipicio. La mesa estaba servida y los comensales con mucho apetito.

Desacumulación

Dilma designó ministro de economía a Joaquim Levy, presidente hasta entonces de BRADESCO, uno de los bancos más poderosos de Brasil. Toda una definición política e ideológica. A poco comenzado su mandato, con un decreto presidencial, Dilma recortó el presupuesto en 26.000 millones de dólares. Su mayor preocupación parecían ser las cifras negativas del déficit fiscal y la opinión de las calificadoras de riesgo. La macroeconomía, una abstracción, en última instancia, le importaba más que la microeconomía, muy concreta, la del bolsillo popular.

El recorte fiscal fue un tiro en el pie. Los movimientos sociales dejaron de sentir suyo el gobierno, que quedó prisionero de la negociación con los delincuentes que eran sus aliados electorales. Prosternarse no había sido suficiente. No le perdonaban sus pecados juveniles. La gesta guerrillera se negaba a soltarla, sobrevolaba en cada actitud, gesto o discurso suyo. Por otra parte, a los poderes les interesaba mantener vivo su pasado de enemiga de la república. Era el flanco más débil, el que golpearon sin piedad. La sometieron a insultos y presiones: en su discurso a favor de la destitución, Jair Bolsonaro se deleitó elogiando los verdugos y felicitó al coronel Brilhante Ustra, el torturador de Dilma.

Vicepresidente de la república y aliado mayor del Partido dos Trabalhadores, Michel Temer lo hirió con puñalada trapera. Apenas pasado un año de la marcha por la Paulista, Temer encabezó la coalición de senadores, un 60% del total, que destituyeron a Dilma. Se apuró a ocupar el vacío presidencial. Al quitar de en medio los amortiguadores progresistas, poder y gobierno quedaron en manos de sus únicos dueños que, al toque, se arrojaron a saco sobre la masa salarial. Fue un golpe de Estado contra el pueblo trabajador.

Un golpe dado en el parlamento, por acuerdo entre la derecha liberal y los devotos del terrorismo de estado. Las fuerzas armadas no tuvieron necesidad de intervenir, ni de disolver las cámaras y florearse sable en mano. Bastó con distorsionar los mecanismos constitucionales y legales de la república democrática, esos que enmascaran la violencia cotidiana de la opresión. Aplicaron técnicas siglo XXI para el golpe de Estado, las que sustituyeron las de Curzio Malaparte y la Escuela de las Américas.

Para difundir viejas triquiñuelas semánticas contaron con el auxilio del juez Moro y de “O Globo”, que hicieron ver un acto de justicia en el golpe. Otra era la realidad: no necesitaban más la amortiguación de Lula y Dilma y los despidieron sin indemnización. La opinión pública se corrió a la derecha, acompañando los medios de comunicación y a los parlamentarios y, finalmente, una clara mayoría electoral eligió presidente a Jair Bolsonaro el 28 de octubre del 2018. Durante sus siete periodos como diputado, había exhibido públicamente sus ideas. Nadie podía ignorar que reivindicaba la dictadura militar, que insistía en considerar instrumentos legítimos la tortura y las desapariciones forzosas. Los casi 58 millones que lo votaron conocían su perfil.

Fueron 15 años de gobierno del Partido de los Trabalhadores. Un plazo harto prolongado para que las mayorías comprendieran los beneficios de las políticas del progresismo, para que rechazaran visceralmente el militarismo. Ello no ocurrió. Lula no logró que sintieran el mismo “no va más” que puso fin a la dictadura. En cambio, al parecer, la moderación y el pragmatismo nublaron el horizonte y ablandaron la estaca, debilitaron los ánimos. La adopción de ideas liberales creó mucha confusión y ayudó el ausentismo en las calles. Se desacumuló lo acumulado en la lucha contra la dictadura, la regresión ideológica facilitó el retorno de los brujos.

Acumulación

La victoria electoral de Bolsonaro inició un proceso de acumulación de fuerzas en torno a las ideas, valores y concepciones del partido militar. El militarismo lanzado a la conquista de la hegemonía. Su propósito declarado es suprimir el “marxismo cultural” que, según ellos, domina las organizaciones populares, la educación y otros aspectos de la vida social. No se salva ni la izquierda vestida de seda.

Su ideal es el Estado-Cuartel, la sociedad sometida al ordeno y mando, a una rigurosa disciplina militar. Quieren hacer del Brasil un país “ordenadito”, socialmente estático, sin lucha social, sin feminismos y, mucho menos, con LGTB movilizado. Para adocenar revoltosos, Bolsonaro promueve la pena de muerte y el derecho de los terratenientes a usar las armas contra los sin tierra.

Cuatro décadas pasaron desde que los pueblos se cansaron de obedecer órdenes sin sentido y empujaron la retirada de las dictaduras. Tiempo suficiente para que el partido militar revisara y corrigiera su modo brutal de hacer política. Aprendió a moverse con modales políticamente correctos. Ahora se limitan a exhibir sus armas sin dispararlas o, por lo menos, sin usar el poder fuego como en los ‘60. Atemorizan con la memoria de la barbarie y la impunidad actual.

¿Bolsonaro dice y hace cosas de energúmeno? Por supuesto, pero ¿cómo se caracterizaba a Mussolini o a Hitler? Los disparates de Bolsonaro, repetidos hasta el cansancio, van anestesiando sensibilidades, acostumbran los oídos a los diez mandamientos del militarismo, arrean la opinión hacia el horizonte reaccionario. Es la estrategia de Goering.

No solamente acumulan en el plano de las ideas, lo hacen en músculo contante y sonante. Veintidós militares integran el gabinete ministerial de Bolsonaro. Además, en el 2020, 6.157 oficiales desempeñaban funciones en la gestión de gobierno, muchísimo más que los 2.765 del 2018, el año de Temer. Más aún que los que ocuparon cargos estatales en la dictadura. Son cifras que cuantifican su dominio del militarismo sobre el aparato del Estado.

En los últimos días, tanquetas y carros de combate desfilaron por Brasilia y entregaron a Bolsonaro una invitación a sus maniobras militares. El presidente los esperaba junto a los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Simbolismo puro. En Indoamérica, pero, especialmente en Brasil, el partido civil del “orden” está abrazado y confundido con el partido militar.

En Brasil las milicias son parapoliciales. No obedecen la cadena de mando. Las integran soldados, policías y bomberos, retirados y en servicio. Actúan con autonomía, se auto financian con negocios inmobiliarios, venta de seguridad y hasta de energía eléctrica. Controlan alrededor de 100 favelas. Constituyen una especie de extensión irregular del Estado. Han sido reiteradamente denunciadas y probadas sus vinculaciones políticas y financieras con el clan Bolsonaro. Es su fuerza de choque, la que está bajo sospecha en el asesinato de Mireille Franco.

Los motoqueros son otro círculo concéntrico del apoyo organizado al golpismo. Bolsonaro encabezó varias de sus demostraciones. No usan camisas pardas ni negras, pero se parecen demasiado a aquellos que metían miedo en la Alemania de Hitler o en la España de Franco. Son la fuerza de choque del militarismo.

Bertolt Brecht

En la misma medida que atemoriza, el disparatero bolsonarista cosecha repudios: hasta “O Globo” y el juez Moro tomaron distancia. Las multitudes que desfilan por la Paulista ahora son pueblo en movimiento y exigen que se vaya Bolsonaro. Más por rechazo al energúmeno que por virtudes propias, Lula da Silva puede ser el próximo presidente. Llegará embanderado con las mismas reformas de antes, meros parches a la situación de los menesterosos, nada de transformaciones de fondo. El desenlace de esta segunda oportunidad ¿será el mismo que en la primera? ¿otra vez el freno ideológico y la alternancia electoral?

El Partido dos Trabalhadores deberá enfrentar las fuerzas acumuladas por el militarismo organizado. Situación parecida vive Pedro Castillo en Perú. El grado de “contundencia” del partido militar brasilero no lo registran las encuestas de opinión pública. Tampoco está registrada la anuencia ideológica del Departamento de Estado, cuya mira apunta a Iberoamérica para competir con China. Son fuerzas suficientes para provocar y obligar resistencias populares, como las de Chile y Colombia.

La antesala de los golpes de Estado en Indoamérica fueron los atentados de grupos fascistas organizados. Ahora, el bolsonarismo, el fujimorismo y el uribismo cuentan con una capacidad de acción mucho mayor que la de aquellos grupos de los ‘50. Las circunstancias parecen ser más graves que las del siglo pasado.

Por supuesto, las similitudes del proceso en Brasil con otros de Iberoamérica son pura casualidad. Con Uruguay, en particular, donde reina una “democracia de altísima calidad”, según afirman los poetas de la politología. Sin embargo, como ya sucedió con harta frecuencia, cuando Brasil traza una senda, se oscurece la bola de cristal de las ciencias políticas institucionalizadas y el futuro se decide en los casinos de oficiales. Un análisis fino de la coyuntura uruguaya necesariamente debe considerar la sombra amenazante de la fuerza paraestatal organizada en Brasil.

El retorno de los brujos trasciende fronteras, contagia reaccionarios en toda Indoamérica, particularmente en los centros militares. La impunidad y los pactos de silencio entre civiles y militares dan solidez al discurso tóxico, patriotero y antipopular que antecede a la guerra que vendrá. Hacen mal los progresismos en olvidar el poema de Bertolt Brecht, el que desoyeron sus contemporáneos…y así les fue.

Todo parece indicar que amanece un nuevo 1968, con el arriba apretando tuercas y el abajo sin muchas alternativas, empujado a ocupar plazas y avenidas, el territorio de su libertad. El 22 de marzo de 1963, un lustro antes del ’68, Raúl Sendic Antonaccio pronosticaba en el semanario “El Sol”: “Hoy día podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda las Constitución de la República y las leyes que consagran derechos justos. Esto debemos entenderlo antes de que sea demasiado tarde"

Jorge Zabalza







jueves, 15 de julio de 2021

"Ingobernables"

publicado el 15 de julio 2021 en el Semanario VOCES
 

por Jorge Zabalza



“Los orientales son ingobernables”, sentenció el coronel, metió violín en bolsa y renunció al cargo de dictador infame. Ingobernables por el látigo y el cepo, ingobernables para los autoritarismos en todos sus grados y las tiranías en todas sus formas. Bien que se saben gobernar a sí mismos los orientales, como lo hicieron cada vez que las circunstancias lo exigieron, como en 1980, en el plebiscito del mudo y masivo acuerdo contra la dictadura. Una vez más la brutalidad viene desde el vértice, porque… ¿de qué otro modo se puede calificar la imposición, de “pesado”, de esa ley de urgente consideración? En ciertos momentos, los buenos modales dejan de servir a los dueños del poder, comienzan a apretar las clavijas suavemente, estiran al máximo los mecanismos de la dominación pacífica, van descubriendo que algunos ofrecen la otra mejilla y que otras y otros ocupan las trincheras de la resistencia. ¿No es algo así lo que está ocurriendo?
Ahora y saben que 800.000 voluntades se oponen a las suyas. Ahora desplegarán su fuerza política para impedir que deroguen su tan preciada ley portaviones. Habrá que resistir una vez más. Por supuesto, los oprimidos no abandonan las vías pacíficas por voluntad propia. Preferirían, por supuesto, quitarse las cadenas mientras toman mate en la cocina.
Son los dueños de todo quienes recortan los espacios a la expresión pacífica de los dueños de nada, los que, paulatinamente, van provocando reacciones airadas del abajo que se mueve, dejándolo sin alternativas, hasta que al magma no le queda más salida que la erupción, sea cómo y dónde sea. En este islote de la poesía liberal, muchos creen que “nunca más” habrá golpes de estado, hacen abstracción de la lucha de clases, de su historia, de las imperiosas necesidades de los dueños del Uruguay, de su interés vital en reproducir y ampliar el capital, sin importarles sus consecuencias sociales, la reducción de la masa salarial y la producción en masa de la marginación y la exclusión.
Sin embargo, quienes conocen la historia iniciada en 1958, la que iniciaron Echegoyen y Nardone, la de los grupos fascistas y la primera Carta de Intención con el FMI, ponen las barbas en remojo, están alertas y preparan su espíritu para lo que pueda venir. Los golpes no se pueden detener cuando los tanques ya ruedan en las calles, sino antes, cuando el autoritarismo muestra sus pezuñas y va trepando la cuesta de la represión violenta hacia el terrorismo de Estado.

La atropellada baguala desconcertó a dirigentes y parlamentarios frenteamplistas que quedaron como anestesiados, mirando para la fiambrera. La Mesa Política rechazó todo el contenido de la LUC por “inoportuno, inconstitucional y antidemocrático”, pero los parlamentarios, inusitada e incomprensiblemente, terminaron por aprobar el 50% del articulado. Confiaron en las acostumbradas negociaciones y transas de pasillo, en los discursos de salón, modificaron la superficie, es cierto, pero dejaron intacta la sustancia de clase de la ley contra el pueblo trabajador. No confiaron en las reservas espirituales de nuestro pueblo, en su espontaneidad para movilizarse y luchar.
La gruesa contradicción trajo desavenencias, reproches y parálisis en el Frente. La voluntad popular de luchar contra la brutalidad debió asumirla la Intersocial. La iniciativa de impulsar el referéndum fue de FUCVAM, la FEUU, el movimiento feminista y el movimiento sindical. El mayor acierto del partido opositor vino de las bases sociales y no del núcleo de dirigentes partidarios.
Los artículos 135 y 136 (que modifican el sistema de educación técnica y terciaria) y los 235 y 236 (que fija nuevos mecanismos para fijar el precio del combustible), despertaron más contradicciones internas en el Frente. Cuatro artículos que la bancada parlamentaria entendió que iban en la “dirección correcta”, mientras que el movimiento social los sintió como un agravio y consideró que era urgente derogarlos. En realidad, en los 341 artículos restantes hay otros sapos que pasaron inadvertidos y la militancia debió tragar. La conciliación y el pragmatismo obstaculizan la lectura correcta del modo de pensar de la masa que dicen representar. Abren rumbos divergentes, las bases sociales toman un camino y los que hacen política en el Palacio Legislativo emprenden el otro.

En los últimos quince días la iniciativa del referéndum trascendió las fronteras de lo organizado y, por decisión propia, miles de mujeres y hombres salieron a recoger las firmas que faltaban. Lo lograron en exceso. Un fenómeno similar al ocurrido en al ballotage de noviembre de 2019, cuando una espontánea movilización de base elevó al 49% el caudal electoral del Frente, superando con luz el 39% alcanzado un mes antes.
La capacidad militante demostrada en los hechos deja planteado un interrogante básico: ¿la participación directa fortalece la democracia representativa como se está sosteniendo o, por el contrario, la deslegitima y plantea otras formas de luchar? ¿No será que preciso confiar más en esa reserva anímica de rebeldía y proponerse pasos más audaces y menos institucionalizados?
Los acontecimientos políticos en toda América La Pobre están confirmando que los pueblos en movimiento son el único freno capaz de detener las ínfulas autoritarias y neoliberales de las actuales fuerzas reaccionarias. Incluidas las más violentas. Es la lección que se recoge de Haití, Chile, Bolivia y Colombia. Lecciones que conducen a pensar cuestiones más profundas: ¿hacia dónde se orienta el esfuerzo militante? ¿hacia la cosecha de votos? ¿a la acumulación de cabezas pensantes? Seguramente, hoy día una izquierda tipo “sesentista” no ganaría elecciones ni mayorías parlamentarias, pero es seguro que produciría montones de mujeres y hombres con clara comprensión de las necesidades históricas reales, verdaderas columnas de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Un caudal ideológico y político capaz de iluminar la oscuridad. Para ganar elecciones se dejaron por el camino muchas cosas: en aras de cosechar votos se renunció a todo, incluso a la anulación de la ley de impunidad. La moderación y el pragmatismo nos dieron el 2005, pero… ¿cuánta confusión produjeron? ¿el transformismo no será el motivo de la cada vez mayor distancia que separa el parlamento de las bases sociales?
Bueno, llegado a este punto, quisiera dejar aclarado algo: me sentí convocado por el grupo “Maestras No a LUC” y participé de en la “Coordinación Oeste contra TODA la LUC”. Sigo pensando que, al acto agresivo que es la LUC, se le debería haber respondido con la derogación de ese portaviones legislativo.
Ahora se viene una gran batalla política contra este gobierno del agronegocio, de los latifundistas y las empresas extranjeras, para librarnos de una economía tutelada por las calificadoras de riesgo, que recorta el gasto social para reducir el déficit fiscal y pagar los servicios de la Deuda. Habrá que enfrentar el sesgo ideológico que el gobierno adopta en el campo internacional. Defender al pueblo revolucionario de Cuba.

La LUC fue una grosería. El primer eslabón de la cadena de groserías contra el pueblo: la seguridad social, las desmonopolizaciones que crean monopolios privados, el respaldo político y jurídico a la represión, el cerco a las huelgas de las y los asalariados, etc. No se va solamente por 135 artículos de la LUC, vamos contra el gobierno. Ya suenan los tambores en la torre ejecutiva, auguran la puesta en marcha del proyecto político de cuño liberal contra el pueblo.
La respuesta también está en marcha, se movilizan los trabajadores de la pesca, los de OSE y, desde Bella Unión, como en tiempos pretéritos se vienen los peludos en la defensa de ALUR y la producción de caña de azúcar (que en asamblea popular resolvieron “bajar” a Montevideo y acampar frente al Palacio el 19 de Julio). Todas y todos los ingobernables estamos autoconvocados a resistir el embate. Habrá que mantener encendida la llamita.