jueves, 18 de marzo de 2021

Mercenarios


 

por Jorge Zabalza
Publicado hoy jueves 18 marzo 2021 en VOCES.


Es producto del intercambio de ideas en la "Coordinadora Oeste contra toda la LUC" y en la Mesa de Radio Activa. No existe mejor inspiración que los colectivos de compañeres. 

 

En memoria de Raúl Sendic (1925-16 de marzo-2021)

 

Estado, orden jurídico y poder político…diferentes términos que se usan en ciencia política y filosofía del derecho, pero que, en realidad, describen el mismo fenómeno: el dominio de una clase social sobre las otras. Una clase que coacciona y reprime, en diferentes formas, a miles de familias confinadas en los campos de concentración de la periferia urbana; una clase que, para multiplicar su capital, impone su ley y su orden a las centenas de miles que ven esfumarse el poder adquisitivo de sus ingresos. Lo brutal de esa forma de vida vuelve muy necesaria la lucha para ponerle fin, es el fondo ideológico de cada conflicto concreto, la urgencia por liberarse del espanto.

La clase dominante, que no se ensucia las manos trabajando, tampoco quiere ensuciarlas con la violencia institucional y paga mercenarios para que repriman y coaccionen en su nombre. Les pagan para que disparen “munición no letal” (¡vaya eufemismo!) a manifestaciones pacíficas, al estilo carabineros de Chile. Para que fabriquen “falsos positivos” todos los días, imitando a vuestros colegas colombianos. Para que desalojen familias que no tienen otra salida que ocupar terrenos para vivir en casillas miserables. Son la fuerza de tareas de los dueños de todo. En la disyuntiva “con el pueblo o contra el pueblo”, se colocan fuera de la ley natural, esa que garantiza el derecho a la rebelión contra las tiranías, inclusive la del capital.

Si quieren ser abrazados por el movimiento popular, los mercenarios deberán pronunciarse por Verdad y Justicia y repudiar explícitamente los crímenes y los criminales de terrorismo de Estado. Deberán asumir el compromiso de aportar información sobre los desaparecidos, asesinados y torturados por la policía entre 1969 y 1985. Es más, le deben al pueblo explicaciones sobre los asesinatos en “democracia” de Guillermo Machado (1989), Fernando Morroni y Roberto Facal en Jacinto Vera (1994). Si quieren pertenecer al pueblo deberán saldar la deuda moral que contrajeron al ser miembros del aparato represivo. En definitiva, deben definirse de qué lado están.

No parece que la mejor ayuda haya sido consentirlos como a niños mimosos y facilitarles gratuitamente el orgullo de integrar el PITCNT, donde participan los trabajadores que ustedes reprimen. Al no exigirles respuestas trascendentales, el movimiento sindical se hizo eco de la aventura ideológica de “blanqueo” de la policía, del olvido y perdón a su participación en el terrorismo de Estado (1968-1985). Los mismos cánticos de sirena que se entonaron en febrero de 1973 y, atenuados, sonaron luego de la Masacre de Jacinto Vera (1994).

Un buen comienzo para ese necesario proceso de definiciones ha sido la suspensión del sindicato policial por la Mesa Representativa. El escándalo que se armó en el mundillo partidario y los medios de comunicación está obligando a tomar posición. Todas y todos, uniformados o sin uniforme, sienten necesidad de pensar sobre el rol de la policía en una sociedad de clases.

Los mercenarios tienen todo el derecho del mundo a organizarse en sindicatos para acordar con el Estado mejores salarios y condiciones de “trabajo”. Hasta pueden formar sus propias centrales amarillas con soldados y bomberos. En cambio, los sindicatos clasistas no tienen por qué convivir con el brazo armado de la clase dominante. La Convención fue creada en los ’60 para luchar por un mundo sin explotados ni explotadores y…¡¡¡sin Estado!!! Para integrar las filas del PITCNT, los mercenarios deben definir el lado del que están.

Obedecer sin pensar es la consigna de los mercenarios. No parece que posean condiciones para cuestionarse por sí solos las implicancias de asumir el papel de represor en la sociedad de clases. Por el contrario, lo más probable es que, por inercia, comodidad o pereza, continúen haciendo lo que siempre hicieron, saben hacer y volverán a hacerlo. La disciplina de los mercenarios es con sus mandos, no responden al movimiento obrero organizado en la Convención. Hasta es posible que operen como una quinta columna que espía y pasa información en democracia.

La historia muestra que las situaciones traumáticas, sin salida, estimulan las neuronas de los mercenarios… ¿será preciso encerrarlos con un corral de pueblo indignado e insumiso, movilizado, pacíficamente o no, que les exija apuntar las armas hacia la cumbre de la pirámide? La compulsión popular organizada parece ser el único modo de aclarar el entendimiento de los mercenarios. La presión desde abajo los ayuda a cobrar consciencia y a librarse de la sodomía a que se dejan someter cada día.

La creación de la CNT fue enriquecida con el modo de pensar del inolvidable Héctor Rodríguez. Sostenía que la unidad del movimiento obrero permitiría superar las formas de lucha por centro o por rama de trabajo. Avanzar como un todo y no en parcialidades separadas. Sentía que la unidad era estratégica para luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad de clases, que iba más allá, mucho más allá, de las pequeñas batallitas. Culminar el plan de lucha en una huelga general por tiempo indeterminado, decía Héctor, es la forma de cuestionar la dominación de los dueños del Uruguay.

Es el legado que se recibe de la Tendencia Sindical de los ’60, el que, con diferencias de enfoque, pero con el acuerdo en la intención revolucionaria, reanimaron los sectores que propiciaron la suspensión de la quinta columna mercenaria. La tendencia combativa, liderada por Héctor, León Duarte, Eduardo Gallo y otros grandes dirigentes, debió hacer frente a otra corriente de pensamiento, la que postulaba eludir la confrontación directa y global con patronales y gobierno, para encontrar una “salida política” a la grave situación creada por el pachecato. El propósito era salir del conflicto de clases mediante un pacto social y político.

En las elecciones de 1971, la gambeta ideológica a la inevitable confrontación se tradujo como opción por la lucha parlamentaria para los cambios, estrategia que puso un freno al período de ascenso de la lucha popular que se había iniciado en 1968 y que, sin dudas, impulsó el levantamiento antes de tiempo de la Huelga General de 1973. Al parecer, sus herederos siguen apostando al parlamentarismo y a desincentivar el espíritu rebelde y combativo, seguros de que la conciliación con el capital es la alternativa.

Jorge Zabalza







jueves, 4 de marzo de 2021

Está pronta la hoguera

No asonarás

 

Un laberinto de burocracias, persecución y criminalización para sostener una vez más la impunidad.
Hace ya 8 años la memoria y la rabia entró a la SCJ. Cientos y cientos de personas reclamamos que la jueza Mariana Mota no fuese desplazada de las decenas de causas de violaciones de DDHH que tenía encausadas
Se reclamaba que se dejara de amparar a violadores, torturadores,  secuestradores. Terroristas de Estado que de esta manera no irían a prisión porque todos esos casos volvieron a foja cero. Y aún hoy, la gran mayoría de ellos siguen impunes.
Siete personas fueron indagadas y enjuiciadas.
El 16/09/2013 la fiscalía solicitó la imputación por el delito de Atentado.
El 19/09/2013 se realizan las audiencias.
El 4/11/2013, siete personas fuimos procesadas por el delito de Asonada. Las Defensas plantearon “no sólo estar en contra de la tipificación de la fiscalía, sino en razón de la impunidad de las acciones enjuiciadas” discriminatorias y restrictivas del derecho de la protesta y las libertades de expresión.
La fiscalía otra vez en desacuerdo, presentó una apelación en noviembre de 2013.
La Defensa considera que la tipificación implica "una  conducta impune” y se  interpone el recurso de Inconstitucionalidad.
La Suprema Corte (Ac doc) conformada para este caso, declara la Inconstitucionalidad  (Sentencia N° 104 del 27 de abril de 2015)
La Fiscalía vuelve a discrepar y el 23 de octubre de 2015 se informó a las Defensas.
La defensa presentó otra Apelación y Nulidad. No es aceptado.
El 2 de febrero de 2016,  la jueza de ese entonces,  desestima el pedido de procesamiento por el delito de atentado ya que estábamos procesados por Asonada y dispone la clausura definitiva y archivo de la causa, basada en que ya existía un fallo de Inconstitucionalidad. Por entender que se viola el principio de no juzgar dos veces por los mismos hechos (non bis in ídem)
El 3/2/16 se notifica al fiscal. Al otro día, el 4/2/16 este presenta una queja por denegación de apelación y nulidad volviendo a pedir se procese por Atentado y se expide contra la clausura definitiva y archivo de actuaciones.
La defensa es notificada el 29/4/16 y presenta otra demanda el 9 de mayo de 2016.
El 2 de mayo de 2017 se da una nueva instancia. La defensa responde el 9 de mayo de 2017.
El 13 de junio de 2019 se notifica la Sentencia del Tribunal de Apelación de 4to. Turno. Es decir, esto implica, a buen entendedor que se violó " la prohibición contenida en el Art. 3ro. del Código del Proceso Penal: Prohibición del doble enjuiciamiento"
No hubo ni hay garantías.
Es decir, en el imperio de impunidad, quedamos en sus manos. Un uso y abuso de poder. Mientras los represores andan libres y privilegiados.
Se nos volvió a juzgar EXACTAMENTE POR LOS MISMOS HECHOS POR LOS CUALES YA HABÍAMOS SIDO PROCESADOS. Sin haberse en ningún momento presentado pruebas de violencia por parte de los manifestantes.
La frutilla de esta persecución es que además del procesamiento ya dictado, había una sentencia de Inconstitucionalidad.
La defensa interpuso el recurso de Casación. El curso de este proceso contiene aberraciones jurídicas para mantener la impunidad de una Corte que se convirtió hace décadas en la muralla de la impunidad.
Mucho tiempo ha pasado.
Y la asqueante impunidad reina y sin embargo la acusación no solo se mantiene si no  que ahora se pide prisión por Atentado especialmente agravado. Hablan de violencia y la que existió y existe es la de la desaparición y  la actitud de la policía para proteger y amparar este estado de cosas.
El 15 de febrero de 2013, no  hubo más violencia que la que ejercieron los miembros de la SCJ dilatando los juicios contra los represores y la policía impidiendo la libertad de expresión.
La persecución selectiva, prolongada durante años nos habla de una judicialización selectiva, un señalamiento altamente discriminante y peligroso al estilo dictatorial.
Decenas de imágenes dan cuenta que el 15 de febrero de 2013 la policía entró al recinto de la SCJ  provocando, empujando a niños, mujeres, adultos mayores, pero esto no es juzgado.
Solo es juzgada “la autodefensa de las personas que actuaron para no ver vulnerados sus derechos y detener las agresiones a terceros en claro estado de vulnerabilidad”
Si se protestó, se dejó explícita una discrepancia respecto al autoritarismo del Poder Judicial al servicio de los impunes represores.
En este juicio queda evidente la falta de garantías procesales, la selectividad de las personas que se encausan y la clara persecución política que se desprende del accionar prolongado en el tiempo llevada adelante por la Fiscalía.

Basta de impunidad

Basta de criminalización y judicialización de la protesta

Cese de persecución política.

Álvaro Jaume.

Jorge Zabalza.

Irma Leites.

Anibal Varela.

Eduardo Jaume.

Diego Jaume.

Marzo 2021 



JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE 26to. TURNO

Juan E. Fagúndez, en representación de Aníbal VARELA, Irma LEITES, Alvaro y Diego JAUME, y Jorge ZABALZA, Gonzalo Galíndez, defensor de Eduardo JAUME, compareciendo en los autos caratulados “Atentado”, expediente indizado IUE 94-35/2013, nos presentamos y DECIMOS:

Que, en tiempo y forma, y en la representación procesal invocada, venimos a EVACUAR EL TRASLADO DE LA ACUSACIÒN.

I ANTECEDENTES.

1.1.- Los comparecientes fueron sometidos a proceso, del que resulto el enjuiciamiento de los mismos por el delito de ASONADA, el 4/11/2013.
 
1.2.- Habiendo la fiscalía solicitado el 16/09/2013 la imputación por el delito de ATENTADO, fs. 340 y ss.
Se confirió vista a las Defensas de la requisitoria fiscal.
Con fecha 19/09/2013 se realizan las audiencias del 126 del CPP. Las Defensas abogaron no solo en contra de la tipificación de la fiscalía, sino en razón de la impunidad de las acciones enjuiciadas.
La Sede, el mismo día, dispone autos para resolución.
Con fecha 04/11/2013, la Sede dicta el procesamiento de los comparecientes por el delito de ASONADA, fs. 437.
La fiscalía recurre: reposición y apelación en subsidio, fs. 498. Pieza II, 7 de noviembre de 2013.

1.3.- A su vez, no estando conforme la Defensa con la tipificación, por considerar la conducta impune, repone y apela, pero conjuntamente y considerando la vulneración de derechos constitucionales a partir del procesamiento, interpone excepción de inconstitucionalidad.

1.4.- La Suprema Corte acoge la excepción, declara la inconstitucionalidad, por Sentencia N° 104 del 27 de abril de 2015 y devuelve los autos el 13 de mayo de 2015, fs. 729.

1.5.- Decreto 1369/2015, 1° de junio de 2015, fs. 730: Autos para resolución.
La Fiscalía comparece y solicita por vía recursiva la continuación de los autos a los efectos del trámite de la vía recursiva que interpusiere el 7 de noviembre de 2013, inmediatamente antes de la inconstitucionalidad interpuesta por las Defensas, el 11 de noviembre de 2013.

1.6.- Decreto 3075/2015, 23 de octubre de 2015, fs. 741, da traslado de los recursos interpuestos por el Ministerio Público a las Defensas.
1.7.- Los comparecientes Leites a fs. 748, Varela, Zabalza y Alvaro, Diego y Eduardo Jaume, a fs. 754, interponen contra el decreto 3075/2015: la primera Apelación y Nulidad, los demás: Nulidad, Reposición y Apelación, y evacúan aquel recurso del 7 de noviembre de 2013 a los efectos de aclarar algunos extremos que el fiscal expuso en el mismo.              

1.8.- Decreto 3349/2017: Traslado de las nulidades al Ministerio Público.

1.9.- Comparece el Ministerio Público, a fs. 774 pide:
1. No hacer lugar a la nulidad invocada…
2. Interpone reposición y apelación contra el Decreto 3075 por no haber dado traslado de la requisitoria fiscal obrante a fs. 340.
Es de hacer notar aquí que, la requisitoria fiscal fue dada en traslado previamente a la audiencia del día 19 de setiembre de 2013, y a la que se opusieron las defensas en oportunidad de la audiencia ratificatoria (fs. 369 y ss.) punto 1.2 de este libelo.

1.10.- Sentencia 108/2016, 2 de febrero de 2016, fs.783. Fallo:
a.- Desestima nulidades y recursos,
b.- desestima el pedido de procesamiento por el delito de atentado.
c.- Dispone la clausura definitiva y archivo de la causa.
Funda, entre otros extremos, la violación del principio de non bis in ídem, de aceptarse la continuidad de la causa.

1.11.- El 3/2/16 se notifica el fiscal (fs. 797 vto.) y el 4 se presenta a fs. 802 e interpone:
I.- Queja por denegación de apelación y nulidad contra 108/2016 por cuanto desestima los recursos contra el decreto 3075/2015.
II.- Reposición y apelación contra la denegatoria de procesar por atentado y contra la clausura definitiva y archivo de actuaciones.
III.- Se revoque la clausura, se dé traslado de la requisitoria original de responsabilidad penal por atentado, se disponga su procesamiento por tal figura.

1.12.- Se forma testimonio con recurso de queja.
A fs. 195 del testimonio por el recurso de queja, surge en original el escrito por el que la Defensa evacua el traslado del recurso de la fiscalía de fecha 4 de febrero de 2016, notificado el 29/4/16 y presentado el 9 de mayo de 2016.

1.13.- Con fecha 2 de mayo de 2017 se da traslado de una nueva interposición (o superposición) de recursos del Ministerio Público, lo que la Defensa evacúa con fecha 9 de mayo de 2017.

1.14.- El 13 de junio de 2019 se notifica la Sentencia 329 del T.A.P. de cuarto turno.

II.- NO DEBIO CONTINUARSE CON ESTE PROCESO DESDE LA          Sentencia 108/2016, 2 de febrero de 2016, fs.783.
     ERRORES DEL TRIBUNAL.

2.1.- Al   evacuar el decreto 3075/2015, en oportunidad en que se pretendió diligenciar los recursos de fiscalía interpuestos a fs. 498 a 510, la defensa se fundó, y luego reiteró, como error del Tribunal respecto de su Sentencia:

    Consideran los comparecientes que, la continuación de estos obrados, a partir del decreto 3075/2015, y hasta esta sentencia del Tribunal constituye un acto procesal nulo por violar la prohibición contenida en el artículo tercero del Código del Proceso Penal: Prohibición del doble enjuiciamiento.
    Véase como, admitir la continuidad de tamaña empresa procesal, además de ultrajar el principio contenido en la disposición (art. 3 del CPP de 1980),  afectaría claramente las garantías del justiciable, el que quedaría a merced de la voluntad de cuantas oportunidades crea conveniente el acusador o el juzgador de investigar a una persona por los mismos hechos que ya han investigado, por ejemplo, si al procesar el juez lo hace por una figura diferente a la requerida por la fiscalía (sin que se viole el principio de “ultra petita”) y ésta apela, pero el Tribunal no sólo revoca, sino que además absuelve, ¿que detiene a la fiscalía de continuar por los mismos hechos la persecución penal pero ahora por un tercer tipo punitivo? Creemos, que al igual que en el caso que nos ocupa, lo que lo limita es el principio del “non bis in ídem”.
    Extremos que claramente entran en contradicción con los artículos 12, 18, 23, y 72 de la Constitución Nacional, y 2 del CPP, y concordantes.
    Nos serviremos de una sentencia del Tribunal de 3er turno, a los efectos de continuar con el análisis: Sent. 278/2011 (RUDP N°22 Caso 504).
    “Debe valorarse que, al tratarse de los mismos hechos ya investigados, sin la ocurrencia de ninguna nueva particularidad, solo se introduce ahora la denuncia por delitos contra la fé pública, esto es que, si ya se había producido la acción ilícita no puede valorarse ahora en otra forma los mismos hechos y ello es necesario para preservar una eficiente administración de justicia y los principios de libertad y seguridad del denunciado.”
    Veamos entonces cómo en el caso de autos, en el que se determinó la inconstitucionalidad del procesamiento por la inaplicabilidad del tipo penal seleccionado por la Sede, se pretende volver a juzgar EXACTAMENTE LOS MISMOS HECHOS POR LOS CUALES LOS COMPARECEINTES HAN SIDO PROCESADOS, en una suerte de reinicio a los efectos de darle al Ministerio público la oportunidad de que su voluntad punitiva, a pesar del procesamiento ya dictado, y de la Inconstitucionalidad sentenciada, sea nuevamente considerada a los efectos, EN DEFINITIVA, DE UN NUEVO PROCESAMIENTO.
    La voluntad punitiva del Ministerio Público YA FUE CONSIDERADA Y DESCARTADA POR LA SEDE, y ahora en esta nueva etapa ante el Tribunal, no se puede ignorar el tracto procesal anterior y sus resultados JURIDICOS.
En definitiva, es justamente esta etapa ante el Tribunal que culmina con un segundo procesamiento, la que constituye la violación del “non bis in ídem”.
     Dijo el TAP 1° en Sent.75/12, “Mientras la cosa juzgada es una institución de derecho procesal civil, que busca la firmeza de las resoluciones judiciales, el principio analizado es una garantía constitucional de seguridad jurídica, establecida a favor del acusado para impedir el doble juzgamiento. De ello se deriva una diferencia fundamental: la estabilidad de la cosa juzgada en materia procesal civil se basa en la presunción absoluta de verdad de la sentencia; en cambio, en materia procesal penal, el ne bis in idem no es tanto una garantía procesal como una garantía político-constitucional con la que se quiere proteger más que la estabilidad de la sentencia, la libertad de los ciudadanos” (Mariano BERTELOTTI) …
    “La garantía penal-procesal del ne bis in idem (a veces llamada o equiparada con res judicata), no solo significa que nadie puede ser procesado o condenado por un mismo hecho delictivo, sino que también impide que pueda ver agravada por una nueva condena otra anteriormente impuesta por su comisión, ni expuesto –siquiera- al riesgo de que cualquiera de estas hipótesis ocurra mediante una nueva persecución penal (MAYER)…”
    Es de hacer notar a esta altura del análisis que en autos no solo se ha dictado el procesamiento de los comparecientes, sino que, además, se ha declarado la inconstitucionalidad de dicho procesamiento, y no puede, de ninguna manera, ignorarse dicho acontecimiento judicial, y pretender un nuevo análisis de la cuestión, ahora bajo la requisitoria de otra figura penal.

    Estos argumentos llevaron a la Sede de primera instancia a dictar la sentencia 108/2016, por la que se clausura la causa, fundamentándose la misma, en parte, en que la continuidad de la causa estaría violando el principio del non bis in ídem.

    Al declararse la inconstitucionalidad de la imputación, pierde los efectos el auto de procesamiento, el que, de todas formas, fue dictado.
Así dictado el auto de procesamiento se declaró su inaplicabilidad al caso concreto.
De esto se desprende que, aceptado como lo fue por el Tribunal continuar con la persecución de la fiscalía hacia el procesamiento de atentado es lisa y llanamente pretender el dictado de UN SEGUNDO PROCESAMIENTO, y no, como lo pretende el fiscal, permitirlo en virtud de que el auto de procesamiento es modificable en cualquier momento, ya que esa hipótesis parte de un auto de procesamiento UNICO, y en el caso de autos, el procesamiento dictado, ya no tiene eficacia por lo que no es base de la vía recursiva de la fiscalía.
Si no se hubiera determinado la inconstitucionalidad, el recurso se apoyaría en el mantenimiento de la imputación dictada, en el caso el recurso invoca una actividad descartada del proceso, por lo que pierde sus sustento material y formal, y, como bien sabe el fiscal, al no poder reiniciar el proceso, intenta por vías improcedentes llegar a la obtención de un SEGUNDO auto de procesamiento en clara violación del artículo 3 del CPP y convenios internacionales que informan y forman nuestro elenco normativo.
Todo sin perjuicio de lo manifestado en las tres comparecencias referidas, sobre todo en cuanto a que el traslado de la requisitoria fiscal operó en su debido momento previo al procesamiento, en 2013, contestado por la Defensa y desestimado por la Sede al procesar por Asonada.

2.2.- Sin dudas este tracto procesal se ha convertido en un nuevo juicio, en el que ya se ha sentenciado sobre el non bis in ídem a favor de los requeridos, agravio presentado conjuntamente con otros que se vuelven a argumentar en virtud de la acusación cuyo traslado se está evacuando.

Recordamos entonces y ahora (puntos 1.2 y 1.9 de este libelo), que la requisitoria fiscal, obrante a fs. 310 del principal, deducida por el Ministerio Público con fecha 16 de setiembre de 2013, fue trasladada a la Defensa con fecha 19 de setiembre de 2013, en ocasión de la audiencia ratificatoria en la que la Defensa tuvo la oportunidad de rebatirla, oponiéndose a la misma por cuanto pretendía la imputación por el delito de ATENTADO, DELITO QUE AHORA PRETENDE IMPONER EL TRIBUNAL EN UN SEGUNDO AUTO DE PROCESAMIENTO, lo que causa el error que se continúa fundando.

La Fiscalía interpone reposición y apelación por desestimar el pedido de procesamiento por el delito de atentado, realizado en la requisitoria presentada el 3 de setiembre de 2013 a fs. 310.
Ese pedido de procesamiento fue desestimado a través del auto de procesamiento de fecha 4 de noviembre de 2013.
Lo que la Sede de primera instancia, por los argumentos que se verá a continuación, no aceptó fue reformar un procesamiento que había sido declarado inconstitucional, reposición solicitada a través de los recursos del Ministerio Público evacuados por la Defensa como surge de fs. 91 y 97, y más tarde fs. 195.
La fiscalía interpone reposición y apelación contra la decisión de clausura definitiva y archivo de las actuaciones.
Solo basta acudir a los principios generales del derecho procesal para sostener la naturaleza de definitiva de esta sentencia atacada N° 108, en virtud de sus efectos y de sus fundamentos – motivación.
Desde la doctrina procesal más recibida, en la que podemos citar como ejemplo al Profesor Arlas, se sostiene que habrá sentencia definitiva independientemente de la categoría en que se encuentre (interlocutoria, de mero trámite o definitiva) cuando sus efectos pongan fin a las etapas procesales necesarias que resuelven sobre el fondo del asunto.
La fiscalía debió entonces atacar la sentencia como definitiva y no como lo hizo, entendiendo la misma como interlocutoria.

Al haber errado desde el comienzo la fiscalía su estrategia procesal, como surge del propio expediente, se ha continuado protegiendo el error, en el mismo, multiplicándolo, la fiscalía de aquel momento, con recursos de la misma naturaleza en una suerte de repetición con ánimo de legitimación de lo que no es, ni será legal: interponer recursos de reposición y apelación contra una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva.

La Sentencia N° 108 resuelve definitivamente todas las cuestiones planteadas en virtud del fallo que le otorga su naturaleza, el que se inspira y funda en la consideración de que notificar algo que ya fue dado en vista, aceptar reponiendo realizar un nuevo y segundo procesamiento, y continuar en alzada esta negativa, todo ello, implicaría una clara violación del non bis in ídem, y por lo tanto la Magistrado PONE FIN A LA CAUSA.

3.- CASACION.

La defensa interpuso el recurso de casación a fs. 943, funda respecto de la Sentencia 339/2019 del T.A.P. de cuarto Turno en virtud del error “in procedendo e iudicando ” por cuanto:

in procedendo :

- no considera la errónea interposición de los recursos de la fiscalía que llevaron a su Sentencia, cuando procesalmente se ha verificado dicho error y ahora se mantiene a través de la Sentencia del Tribunal.

- dice el Tribunal revocar el auto de procesamiento por el delito de asonado dictando en su lugar el auto de procesamiento por el delito de atentado cuando en realidad no puede revocar lo que ya ha sido sentenciado por la Suprema Corte de Justicia, que es, ni más ni menos que la caída del auto de procesamiento en virtud del vaciamiento de su contenido teniéndolo por dictado en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que TODO LO ACTUADO DESDE ESE MOMENTO PROCESALMENTE VIOLA EL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM.  

- no puede fundar su decisión el Tribunal en que el auto de procesamiento no causa estado y es reformable en cualquier momento para fundar su nuevo dictado del auto de procesamiento (esta vez por ATENTADO), cuando lo reformable es la imputación del auto de procesamiento EXISTENTE.

Existe un claro error “in iudicando”, derivado de la errónea aplicación del derecho en cuanto a la determinación de su responsabilidad.

El error “in iudicando”.
Incumplimiento de los artículos 8, 10, 12, y 72 de la Constitución Nacional; artículo171 del Código Penal.

1.- Los fundamentos del error en la aplicación del derecho, fueron expuestos desde la evacuación del decreto 3075/2015, en oportunidad en que se pretendió diligenciar los recursos de fiscalía interpuestos a fs. 498 a 510.
En dicha oportunidad, 03/11/2015, la Defensa fundó su oposición a la tipificación del delito de ATENTADO, ahora se enfrenta al error de la Sentencia del Tribunal en los siguientes términos…
    El recurso fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia, Sentencia 2033, del 7 de octubre de 2019, fs. 966.
    
    La S.C.J. solo analiza la naturaleza de la Sentencia que ha sido impugnada, partiendo de la base que fue una resolución de carácter interlocutorio, tomada sobre las anteriores a de análoga naturaleza.

    Y entonces dice a fs.967 vto.
    “ 4.- En la especie, la sentencia interlocutoria impugnada: i) no pone fin a la acción penal; y ii) no hace imposible la prosecución del proceso.
    Por el contrario, el pronunciamiento de segunda instancia, revocó el auto de procesamiento de los apelantes por un delito de asonada y en su lugar mantuvo sus procesamientos sin prisión por un  delito de atentado… por lo que ordena,  justamente, proseguir con el proceso.
    En consecuencia, la interlocutoria imputada no impide la prosecución del proceso, por lo que resulta inadmisible la interposición a su respecto del recurso de casación.”
     
    Se desconoció, por completo la razón jurídica que motivó el recurso fundada en dos sentencias anteriores, una de INCONSTITUCIONALIDAD Y OTRA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA  Nº 108.
    4.- LA ACUSACION.
    La fiscalía ha acusado a la Sra. Irma Leites, y a los Sres. Jorge Zabalza y Alvaro Jaume, como autores de atentado agravado, solicita una pena de 24 meses de prisión.
    A los Sres. Aníbal Varela, Diego y Eduardo Jaume, como cómplices en un delito de atentado agravado, solicita una pena de 8 meses de prisión.
    
    4.1.- Sobre la prescripción de los delitos.

    El comienzo de la prescripción en esta causa, ocurrió el día 15 de febrero de 2013, día de los hechos objeto de este expediente.
    La prescripción opera en el tiempo, y tiene como parámetro la fecha del hecho, y los límites y circunstancias normativas, contenido en el Título VIII Capítulo I del Código Penal.
    Lo que no hay duda es que procede en cualquier estado de la causa
Como lo afirma el propio Irureta Goyena en sus apuntes al artículo 124 del C.P.
     Es más, debe interpretarse claramente y en favor del enjuiciado, el artículo 117; para el caso en concreto, en cuanto dispone en su inciso segundo que, “…será la pena pedida…, la que se tendrá en cuenta para la aplicación de las reglas que preceden.”
    Volviendo a las notas de Irureta Goyena, ahora sobre el artículo 117 del C.P., el autor enumera cinco posibles fundamentos relacionados con el artículo 117, pero dice preferir solo uno, aquel que determina que la pena debe ser relativamente cercana al delito teniendo en cuenta directamente la gravedad del delito, de esta combinación se evita la incomprensión de la sociedad cuando, luego de mucho tiempo, y de una acusación que refleja el escaso daño de un hecho olvidado por la generalidad de la sociedad, se decide, a pesar de ello, condenar.
    Así se conecta directamente la existencia de la determinación normativa en cuanto combina el real guarismo punitivo solicitado en la acusación, con la verdadera cuestión diligenciada en el expediente.
    Por ello, aplicándose la norma del art. 117 del C.P. exegéticamente, y tomando los guarismos punitivos solicitados por la fiscalía (8 y 24 meses), podemos afirmar que nos encontramos ante penas de prisión, y éstas tienen una prescripción de cuatro años, por lo que, habiendo transcurrido desde los hechos exactamente 8 años al 14 de febrero de los corrientes, ha prescripto la causa.

    4.2.- La causa es nula desde la Sentencia Nº 108 dictada en estos obrados.

    En primer lugar, los comparecientes, que enfrentaron una nueva investigación por los mismos hechos, no pueden ser incoherentes por lo que se remiten a todos los fundamentos expuestos en todas sus comparecencias, en los recursos interpuestos, en el recurso de Inconstitucionalidad y en los recursos de reposición y apelación, incluso en el equivocadamente rechazado recurso de casación.

    La defensa ha fundado legalmente cada paso, y discutido las resoluciones desde la norma, y razonabilidad jurídica y procesal.

    No es fácil lograr una inconstitucionalidad de una norma penal, y más en un hecho que involucra a la corporación que decide sobre el extremo, pero si obtuvo esa declaración.

    Tal vez, la falta de experiencias en la materia, en la doctrina, y jurisprudencia, sobre la naturaleza de la situación legal post declaración de inconstitucional de un una norma sostén de un auto de procesamiento, permitió lo que modestamente consideramos una seguidilla de errores a partir de la sentencia de autos  Nº 108, la que prolijamente situó las consecuencias de la inconstitucionalidad dictada en autos, respecto del proceso penal.

    Recordamos: la ley procesal llevó a la Sede de primera instancia a dictar la sentencia 108/2016, por la que se clausura la causa, fundamentándose la misma en parte, en que la continuidad de la misma estaría violando el principio del non bis in ídem.

    4.3.-     El tipo penal imputado no se adecua a los hechos.
        El atentado.

    En primer lugar, los comparecientes, que enfrentaron una nueva investigación por los mismos hechos, no pueden ser incoherentes por lo que se remiten a todos los fundamentos expuestos en el recurso de Inconstitucionalidad y en los recursos de reposición y apelación, ahora respecto de la improcedencia de la aplicación, en este caso, del tipo penal del ATENTADO.

    Específicamente volvemos a sostener que jamás hubo violencia en el sentido dado por el tipo penal, y que los hechos en que selectivamente se involucraron a 7 de los más de 200 partícipes, ocurrieron cuando se les ordenó solamente a cuatro Policías empujar a NIÑOS, MUJERES, ADULTOS MAYORES y otros, que se encontraban en la antesala de ceremonias y parte inmediata del patio del primer piso del Edificio de la S.C.J., lo que provocó la absoluta brutalidad, como si siendo arremetedores soslayarían su escaso número (surge de la filmación) y este ATAQUE provocó la autodefensa de las personas que actuaron para no ver vulnerados sus derechos y detener las agresiones a terceros en claro estado de vulnerabilidad. Todo lo que coloca a la acción Policial en estado de ilegitimidad, por desmedida, negligente, e imperita. Una verdadera PROVOCACION.
    Véase como, luego de algunos minutos, cuando la Policía actuó profesionalmente, no hubo ningún tipo de incidente, y se desalojó tranquilamente. Lo que constituye la mejor prueba de la afirmación realizada respecto del anterior procedimiento Policial.

    Es así que no solo no existió violencia (mucho menos amenazas), como instrumento para el fin de atentar, sino que tampoco se enfrentó a ningún funcionario policial y mucho menos judicial, de manera de cumplir con el requisito típico en relación a la descripción dada: “contra un funcionario…”

    Nótese que este delito esta previsto bajo el capítulo V del Título IV del Código Penal, De la Violencia y la Ofensa a la Autoridad Pública.

La violencia a la autoridad, contra el funcionario, en los hechos ya juzgados, NUNCA EXISTIO.

Inclusive, y como el propio Código lo determina en el Capítulo que nos convoca, violencia no es ofensa.

A su vez las ofensas, previstas en el artículo 173, bajo el tipo del DESACATO, se constituyen a partir de conductas que, nobleza obliga, se parecen más a los hechos ya juzgados con anterioridad.
Pero entonces ¿por qué, si las conductas parecían adaptarse a un tipo penal de forma cómoda, sin forzar tipos penales, ni hechos, se eligió un camino punitivo incorrecto, forzado, con interpretación sesgada de los hechos de manera de convencer de la existencia de fundamentos fácticos que sostuviesen los tipos por los cuales en un caso ya se procesó, y que ahora se pretende acusar, luego de abrir un nuevo caso para potencialmente volver a procesar en clara violación del non bis in ídem?

La respuesta está en la propia descripción típica, inciso final, del delito de DESACATO:

Nadie será castigado por manifestar sus discrepancias con el mandato de la autoridad.

Eso fue lo que pasó en los hechos, hubo una manifestación de la discrepancia, respecto de un mandato de la autoridad que disponía el traslado de una Magistrado: acto impune.
Por lo que, la verdad adecuada a la forma jurídica solo determinaría el archivo de la causa. Lamentablemente, en este caso, no solo ocurrió todo lo contrario, sino que, además, se pretende continuar vulnerando, profundizando, la errónea aplicación del derecho y la violación de las garantías procesales.
    4.4.- La ensordecedora circunstancia de que siete personas fueron elegidas para transitar esta causa.
    
    La situación de intervención policial solicitada por la corporación preveía mucha gente desde antes de la hora de la ceremonia, lo que a su vez, podía provocar la necesidad de su intervención.

    Mucha gente, con cánticos, ruidos, aplausos, consignas… mucha gente atropellada por los cuatro policías, que respondían evitando el excesivo procedimiento de naturaleza provocativa (hay imágenes).

    Sin embargo, solo siete reconocidos líderes sociales, fueron seleccionados por los servicios de inteligencia policial para comparecer ante la Justicia Penal.

    Este último fundamento a los efectos de la prescripción – absolución que se solicitará, no es solo una reflexión con doble sentido, son datos, prueba, de la realidad en un expediente penal, que aportan material para determinar la injusticia de haber convertido una causa judicial en una persecución política.

    En el más puro sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado causas con contenido similar.
    5.- LA PRUEBA.
    
    5.1.- A los efectos de la prescripción surge notoriamente la data de los hechos que determinan el derecho a que la causa se declare prescripta.
    
    5.2.- En relación a sostener que todo lo actuado a partir de la sentencia 108 de obrados, es nulo, tratándose de un cuestión de derecho, exime de prueba más allá de lo que integra este expediente.

    5.3.- En cuanto a la prueba de los hechos, no solo existen filmaciones, fotos, testimonios de los jefes del procedimiento, sino que es claro que en la participación de los hechos acusados participan más de 50 personas.
    También ha quedado claro el desarrollo de la situación con los testimonios diligenciados por la defensa en la ampliación sumarial.
    Declararon la Dra. Mariana Mota, Alba Cristobal, Verónica Sosa, y los periodistas Walter Penas y Santiago Mazzarovich.
    Todos ellos presentes durante el desarrollo de los hechos, aportando desde su perspectiva lo que vivieron durante el desarrollo los mismos.
    De sus testimonios surge claramente que, la visión acusadora toma sesgada y parcialmente el  desarrollo de la situación, y de las acciones que se pretenden imputar a nuestros seis patrocinados de los siete encausados.
    Ninguno de ellos, únicos testigos en la causa, consideró de quienes se encontraban allí lo estaban para atentar contra algún funcionario, y que tampoco reconocieron conductas que se hubieren cometido en tal sentido.
Basta leer sus declaraciones para comprender parte del fundamento de esta defensa, sobre todo respecto de la atipicidad de la conducta imputada.

    PETITORIO

En virtud de las normas citadas, concomitantes y complementarias y en virtud de todo lo expuesto  SOLICITA:

I.- Que tenga por presentado en tiempo y forma y evacuado el traslado de la acusación.

II.- Que en virtud de lo sostenido en el punto 4.1.-, de este libelo se decrete la prescripción de la causa tratándose la razón de la solicitud de una cuestión de puro derecho.

III.- De considerar vigente la causa, la Sede absuelva a los acusados en virtud de los fundamentos expuestos en esta comparecencia:
        
        4.2.-     La causa es nula desde la Sentencia Nº 108 dictada
            en estos obrados.
        4.3.-     El tipo penal imputado no se adecua a los hechos.
            El atentado. O de aquellos que la Sede entienda correspondan.





domingo, 28 de febrero de 2021

Conversas irredentas



El sábado tuve la fortuna de disfrutar de una conversa organizada por la "Liga dos Irredentos". Allí me encontré/reencontré con Juan Contreras, uno de los motores de la lucha social y política en el barrio "23 de enero" de Caracas; con Olga Benario, portadora de uno de los apellidos ilustres de la revolución en América Latina; Silvio Tendler, con ya hicimos una entrevista y con Geraldo Sardinha, un compañero muy apreciado por los tupas que, junto con él, sobrevivieron las rejas y los interrogatorios. Todo coordinado y conducido por la compañera Irredenta Joana Brandao. Como buena conversa, fue distendida y, por momentos, nos dejamos arrastrar hacia el camino más querido, el que conduce a la transformación revolucionaria.


Liga Latino-americana de Irredentos entrevista o uruguaio Jorge Zabalza, ex-dirigente dos Tupamaros.









jueves, 25 de febrero de 2021

Timoratos

 

Publicado en Semanario VOCES
25 febrero 2021

La insistencia del Pocho Ríos, muy respetado “friyero” del Cerro, y de su yerno, el Negro Antonio Méndez, me trajo al Bajo Valencia a poco la gente nos había librado de las rejas. Ocupé frente al terreno donde José Pedro “el Niño” Martínez producía sus famosos bloques, 70 por bolsa de portland.
El “Cusa”, el Carlos y Ruben Martínez me dieron las lecciones de solidaridad que levantaron el rancho fuera de la ley que sería mi hogar. Aunque el 186 rojo pasaba sólo cada tres o cuatro horas, un par de veces a la semana me tiraba hasta la Cantina de los Pescadores. El Pocho te servía grappa sin dar tiempo a saludarlo.

A veces me acompañaba el Mario “Oveja” Rivadavia, herrero, vecino mío, que en 1983 había quedado sin trabajo por luchar contra la destrucción de ILPE, uno de los últimos proyectos de la dictadura, interesada en entregar al capital privado la pesca, el recurso de primera magnitud propiedad del pueblo.

En el mostrador solíamos engancharnos con el “tío” Oscar de León, el Hugo Vázquez y Carlos “Maneiro” Bregonis, que había donado el terreno donde el barrio se organizó para construir la escuela 309. En la ventana- mostrador marcaban presencia la Quica y el Cacho Bonti. Otras veces, entorno a una muy precaria mesa, haciendo equilibrio en muy precarias sillas, formábamos rueda con Laura Belli y Humberto “Negro” Franco, obrero de Swift, que había caminado en la marcha de 1957, con Magdalena y el “Coco” Morales, con Cristina y el Beto Cattoni, las columnas de la Comisión de Salud de Santa Catalina. Administraban la Policlínica levantada en la calle Lenguado con el esfuerzo organizado del vecindario. Desde 1990 el Coco manejaba una camioneta donada por la IMM que hacía las veces de ambulancia: en las madrugadas, su destino más frecuente era el Pereira Rosell.

A la policía no le interesaba lo que sucediera en aquél apartado territorio del extremo oeste de Montevideo, lejos de jueces, fiscales y demás instituciones del Estado. Vecinas y vecinos debían remediarse como pudían, resolviendo sus asuntos por sí mismos, hasta se veían obligados a administrar justicia. En la Cantina se encontraban soluciones concretas a los problemas concretos del vecindario: se hacía política real, en el marco de los usos y costumbres del barrio, verdaderas leyes no escritas, legitimadas por la aceptación del vecindario.

Nada extraño el autogobierno, una de las mejores tradiciones del Cerro y La Teja, producto de las luchas de los obreros de la carne, de los conflictos de los gremios solidarios en los ’50 y las comisiones barriales de apoyo.


Luego, en 1969, ese espíritu reverdeció en las clases escolares y la atención primaria de la salud organizadas al aire libre, en los movimientos vecinales por el no pago de las tarifas impagables de la energía eléctrica o en el campamento de desocupados de la esquina de Rivera Indarte y la Avenida Ramírez. En esas tradiciones de autonomía organizada se encuentran las raíces ideológicas de los comités de base que surgieron apenas fundado el Frente Amplio.

En el país de América Latina con mayor cantidad de presos políticos por cada cien mil habitantes (algo que suele olvidarse), el espíritu de la solidaridad social supo sobrevivir la represión masiva del pachecato y de la dictadura. Resurgió en el sorpresivo NO a la dictadura en el plebiscito de 1980 y, luego en 1983 con el prohibido Primero de Mayo y el acto del Obelisco. Entre 1986 y 1989 se pudo cuantificarse su peso: casi la mitad del pueblo uruguayo rechazó la impunidad del terrorismo de Estado.

Más allá del peso de la otra mitad de pueblo, la que consiente en ser disciplinada por la autoridad institucional, pagando el precio en dignidad perdida, los gérmenes de poder y autonomía pudieron cercar la dictadura, impidiéndole volcar sus ideas fascistas sobre el resto de la sociedad. No pudieron pasar ni con el miedo provocado por las desapariciones forzadas, los asesinatos, violaciones y torturas que los milicos no ocultaban a propósito. Más que por la acción partidaria o por los lineazos de sus principales, el Frente Amplio sobrevivió montado en ese espíritu de auto organización popular.

20 años después la negativa a dejarse someter se expresó como victoria electoral…pero, luego, en el proceso de los 15 años de gobierno, todo fue quedando en aguas de borrajas. El progresismo centró su política en la gestión del Estado, descartando la posibilidad de profundizar las ya existentes formas de contrapoder popular. En 1990, a nivel municipal, se rebajó el proceso descentralización hasta dejarlo hecho una mera y vana desconcentración administrativa. Fue el retroceso paradigmático: la Intendencia de Tabaré y de Arana tampoco fueron gobiernos firmes de izquierda.

En la entrevista que le realizó Alfredo García, el compañero José Díaz 1 se despacha con total sinceridad: señala el carácter timorato de los gobiernos progresistas en contraposición a lo decidido de los gobiernos de “las clases dominantes” (¿cuántas son?). La timidez y la medianía parece ser una característica congénita del progresismo, mientras que, en cambio, el gobierno multi reaccionario se está destacando por su audacia: en un año ya logró, a contrapelo del interés popular, meter la LUC, la reforma de la seguridad social y el recorte de la masa salarial. Si llega a gobernar 15 años, probablemente alcance las metas que proponen las tesis neoliberales más radicales.

Esos señores y señoras tienen todo el poder a su disposición, son los dueños del capital, de los militares, de los medios y etc. Sus tradiciones de clase les indican cómo arrasar con el movimiento popular y lo están haciendo con todo desparpajo. Cuentan con que la timidez recurrente del progresismo, que continúa en forma de “oposición responsable”. Sus parlamentarios terminarán siendo simples figuras decorativas del Palacio Legislativo. Algo parecido a la forma de hacer política de don Emilio Frugoni, a la cual José Díaz y Bebe Sendic supieron oponerse cuando compartían pensión en la calle Maldonado.

Para hacer un gobierno realmente de izquierda, el progresismo debió haber apostado a cultivar las semillas de poder que venían germinando desde las luchas contra Pacheco Areco y el terrorismo de Estado. “No para hacer disparates”, nadie piensa en eso, sino para contar con un contrapoder social organizado, capaz de detener la avalancha multi reaccionaria.

Los presidentes progresistas renunciaron al imaginario transformador del Congreso del Pueblo en los ’60, hundieron en el olvido la reforma agraria y el repoblamiento de la campaña, la estatización de la banca y del comercio exterior, el no pago de la deuda externa, pero, sobre todo, no buscaron formas de trasladar la política al movimiento de base. Se creyó que podían enfrentar el poder económico y militar sin desarrollar el poder del pueblo: tres gobiernos ni fu ni fa. Perdonaron la vida a los dueños del Uruguay, una especie de suicidio compartido.

Todavía se creen capaces de detener el malón con discursos en el parlamento. Una cosa es proponerse transformar el mundo y otra, muy distinta, resignarse a limar las peores aristas del capitalismo.

Jorge Zabalza


1 VOCES, N°725, 11 de febrero de 2021 (aunque en la tapa del semanario se lee 2020)

 

 

 

 

Es hora de producir símbolos de resistencia


 

“Es hora de producir símbolos de resistencia, después vendrán la acción ideológica y el sembrar semillas revolucionarias"

24 febrero 2021

Por Carlos Aznárez


 

Jorge “Tambero” Zabalza sigue siendo una referencia a la hora de hablar de pensamiento crítico y de Revolución en el continente. Desde Santa Catalina, en su Uruguay natal, Zabalza sigue teniendo la misma fuerza ideológica como cuando se alzó en armas con los Tupamaros. Reconoce que algunos de sus compañeros cambiaron de montura y se dedicaron a administrar el capitalismo, como Pepe Mujica y otros, pero él sigue pensando en que la juventud tarde o temprano va a dar la sorpresa. Y por sobre todo, es un convencido que las grandes batallas se libran en las calles.

Con Zabalza hablamos del Uruguay actual, de la LUC, de la violencia policial y las rebeldías que como pequeñas lucecitas van prendiéndose aquí y allá.

-Nos interesa tu opinión sobre la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que tanto está dando que hablar allí

-Surgió como un invento de la reforma naranja de 1967, amparó todo el proceso de autoritarismo y luego el golpe de Estado. Pacheco Areco se afirmó en algunos artículos que protegían acciones autoritarias del Poder Ejecutivo y uno de esos era la capacidad que se le otorgaba por la constitución al presidente de la República para presentar Leyes de Urgente Consideración (LUC)

-¿Esta ley qué implica, cómo se gestó? Supongo que en complicidad de unos y otros, no solo de los partidos Blanco y lox Colorados.

-No, por supuesto. No solo los Colorados y los blancos. En Uruguay gobierna una coalición de 5 partidos, el Partido Nacional (Blanco), acompañado de el Colorado, el Partido Independiente, otra fracción muy pequeña  (Partido de la Gente) y el partido militar, encabezado por alguien que luce un apellido ilustre del fascismo uruguayo, Manini Ríos. Esta es la coalición que gobierna y proclama tener un discurso liberal, muy liberal, que apuesta a la libertad individual, pero más allá de todo eso, representa un proyecto antipopular. Proyecto que consiste en rebajar la masa salarial, reduciendo el poder adquisitivo del salario, para permitir la concentración mayor del capital y aumentar su rentabilidad. Es el proyecto que se viene dando en toda América Latina, Europa, China, en todos lados. Ahora se empezó a aplicar libremente a partir de las elecciones. Esta coalición, apuesta descaradamente al proyecto de la línea del acuerdo de Washington, que antes se proponía de manera más atenuada. En realidad, es el mismo proyecto neoliberal del Frente Amplio, que lo aplicó de manera más atenuada y más sensible hacia las organizaciones sociales. Pero en definitiva es el mismo proyecto.

-En ese sentido, lo que denuncia la Coordinadora contra Toda la LUC, esta ley acentúa la represión contra el movimiento popular.

-Lógico. En sus inicios, cuando (el presidente) Lacalle presentó la LUC en el Parlamento, el Frente Amplio la consideró una ley regresiva, retrógrada, proclive al autoritarismo, porque tiene más de 500 artículos, es una ley monstruo. Un portaaviones jurídico. El Frente pronto cambió su bancada parlamentaria y cambiaron de posición y entraron a considerar artículo por artículo y terminaron votando en contra en general cuando se presentó la ley, pero aprobando el 50% de los artículos. Así fue que aquello que era retrógrado, derivó finalmente que era mitad retrógrado y la otra mitad iba en dirección correcta. Entonces, esto implicaría que la coalición que nos gobierna presentó un 50% de la LUC que iba “en dirección correcta”, en dirección del pueblo.

-¿Esto es lo que avaló el Frente Amplio?

-Así es, un disparate desde el punto de vista ideológico. En realidad, los parlamentarios tendrían que haberse levantado de la sala y dejar que la coalición multirreaccionaria aprobara por sí sola una ley tan retrograda. No lo hicieron y entraron a cavilar en los pasillos y despachos parlamentarios y aprobaron el 50%. Así pusieron al movimiento social en un apriete. Al igual que en Argentina con el peronismo, aquí todas las organizaciones sociales, el cooperativismo de vivienda que acá es muy importante, el movimiento feminista, todos los movimientos populares de Uruguay, se consideran frenteamplistas declarados. Entonces, quedaron en una disyuntiva. Sus bases estaban contra la LUC, pero resulta que el Frente Amplio ya había votado la mitad de la LUC, esa ley retrógrada. Esto terminó, con la imposición por parte del Frente Amplio de solamente rechazar o hacer referéndum contra 135 artículos. Es decir, el núcleo que ellos consideraban retrógrado, ahora se reduce a menos de un tercio de la LUC. Eso despertó, en una cantidad de militantes sindicales y populares, un gran rechazo. Así surge la Coordinadora contra toda la LUC. No cuenta con los fondos que tiene la Central de Trabajadores (PIT-CNT) que dicen haber invertido medio millón de dólares en la campaña, mientras nosotros estamos remando con esfuerzo. Acá en el lejano oeste de Montevideo se ha formado una agrupación, un zonal que está activo y que entiende, que más que tratarse de una disputa jurídica contra la ley, lo importante es volver a agrupar, nuclear a los luchadores más combativos del movimiento social, de los sindicatos, los movimientos sociales, los feminismos, los de la vivienda, la lucha en defensa del medio ambiente, de los movimientos barriales. Empezar a renuclearnos porque nos tenemos que enfrentar a una serie de medidas muy reaccionarias que vienen en cadena.

-Describí esa medidas, o por lo menos las más graves.

-La primera de ellas es la reforma de la seguridad social que va a ser totalmente neolibeal y perjudica a todo el pueblo. El hecho es que hay una serie de artículos de la LUC que respaldan la acción policial, que amplían la defensa propia del policía, consideran que, en el ejercicio de su autoridad, cualquier cosa que vos le digas, si vos estas sentado en un estadio de fútbol y el tipo viene y te pide el documento y vos le digas “no, no tengo, porque vine a ver el futbol”, bueno ya eso es considerado un desacato, desacato verbal contra el ejercicio libre de la autoridad policial. Entonces, ese respaldo jurídico, más el respaldo político que tiene la policía para reprimir por parte del ministro del interior y por parte del presidente y de los medios de comunicación reaccionarios, eso hace que los policías actúen, sobre todo en los barrios, con desconsideración, con mucha violencia.

-Recientemente hubo represión en algunos barrios populares.

-Últimamente se vio esto en un asentamiento de Malvín Norte, en el cual procedieron a disparar con perdigones contra tres mujeres que terminaron heridas, una con “munición no letal”. Esto es un nuevo eufemismo. Munición no letal, como la flecha, si te agarraba bien, tal vez te lastimaba un poquito, pero te agarra mal, te mata. Mirá, ahora en Catalunya, dejaron ciega a una militante. Tenemos los ejemplos de Chile, esta munición no letal ha matado a varios. ¿qué estamos haciendo? Es una onda mundial que no trata de humanizar al capitalismo, sino humanizar la represión, al salvajismo del aparato represivo.

-A propósito de estas acciones represivas, a la de Malvin Norte se le agregó otra en Pan de Azúcar, donde la intervención policial contra la gente fue brutal.

-En Uruguay la ofensiva reaccionaria es importante, porque el presidente suspendió la libertad de reunión. Primero, por 60 días ahora 30 días más y esto se aceptó porque dicen que se suspende la libertad de reunión para evitar las multitudes que contagien de Covid. La pandemia es usada como respaldo ideológico de medidas muy autoritarias. La policía va y actúa. ¿Qué van a hacer los jóvenes en verano? No tiene donde ir, porque está todo cerrado, por la pandemia. Se reúnen, bailan y tocan música en la rambla de Santa Catalina, y no puedes dormir, pero que le vas a hacer. Eso lograron: la gente se siente culpable de festejar y divertirse, los jóvenes en particular. Además, el vecindario se siente obligado para prevenir y defender su salud, cuidar la medida sanitaria. Si no se cumple con ello, llaman a la policía. Denuncian cualquier aglomeración y ahí la policía viene y actúa. En general, no hubo problemas, pero en determinado lugar se encuentran con jóvenes que, frente al autoritarismo por parte del aparato policial, reaccionan violentamente, se defienden. Eso ocurrió en los años 60 y ahora también. Pasa en Uruguay, en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta, en Chile, Bolivia, en Catalunya, en todos lados.

Quería tu opinión sobre cómo ves esa rabia juvenil que empieza a recorrer todo el mundo, rabia juvenil que apunta fundamentalmente con diferentes excusas: en Catalunya por la detención de un rapero, en Chile por todo lo que ha hecho Piñera, pero pasa también en Perú. Rabia que apunta a tres elementos: 1) no creen más en las instituciones, 2) no creen más en los partidos políticos tradicionales, incluídos los partidos de izquierda, ¿cómo ves esto? Hay mucha gente en la calle movilizándose contra la represión, pero no hay un instrumento político, que no debería ser partido, pero sí una instancia organizativa que sirva para canalizar esa bronca y que no termine en una nueva frustración.

-Como en 2001 y 2002. Ahora se tienen nuevas formas de organización. En Chile, por ejemplo, con Asambleas populares. Estamos hablando los viejos, pero son muy parecidas a las de los años 60. Expresiones de autonomía organizada que tuvieron nuestros pueblos de Latinoamérica, en aquellos años. Hay expresiones en los cuales los partidos viejos de izquierda, reformistas, el partido socialista, el comunista, perdieron legitimidad frente a las masas y las masas empezaron a recorrer otros caminos. Acá se terminó la democracia burguesa, la democracia liberal ¿votar, para qué? ¿Para llevar a un Bolsonaro o un Macri en el mejor de los casos? O a un Alberto Fernández, que los lleva por el mismo camino que Macri, pero de manera más edulcorada, más sensible para algunos problemas, pero que en definitiva termina teniendo un vacunatorio VIP, escondido en el Ministerio de Salud Pública. Acá pasa lo mismo: el Frente Amplio va perdiendo autoridad como en Chile le pasó a la Concertación Nacional, como perdió fuerza el Partido de Trabajadores (PT) en Brasil. Quién sabe si el PT podrá recuperar el prestigio que tenía sobre las masas. La gente está muy disconforme y ya no cree en las instituciones liberales. Que no le vengan con el cuento de los tres poderes del Estado, hay un solo poder y es el de la clase dominante, es el del capital. Se puede ejercer de una forma más descarada ese poder cuando está la derecha, cuando hay un Bolsonaro. O con moldes mejores, con discursos suaves y convincentes, como pasó con Tabaré Vázquez, Pepe Mujica o ahora con Alberto Fernández. No hace lo mismo Piñera, que es la continuidad de Bachelet, Bachelet vino precedida por Ricardo  Lagos, y a Lagos lo antecedió Pinochet. En definitiva, están gobernados dentro de la misma Constitución, se amparan en las mismas leyes de la dictadura. La democracia burguesa va perdiendo arraigo y credibilidad, la gente se va dando cuenta y dicen “que me importan estos tipos”, y votan cualquier cosa. En conclusión: se pierde interés, se termina la expectativa de que los caminos de la democracia representativa liberal van a resolver algo los problemas más graves que tiene la gente. Puede haber alivio, claro, pero al poco tiempo viene el cimbronazo.

Entonces, en Uruguay la masa salarial ha disminuido, el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, está reducido. Eso lleva a una descomposición social.

En todo esto hay también una responsabilidad nuestra. ¿Qué hemos hecho aquellos que tenemos la intención de la transformación revolucionaria? ¿Cómo hemos perdido predicamento entre la juventud y la masa vulnerada, las villas miseria, los asentamientos? Somos responsables de no haber sabido promover, instituir, un germen de poder popular. 

-Es verdad, pero también cuenta que hemos tenido muchos palos en la rueda desde nuestro propio campo para hacer eso. Muchos colchoneros, muchos compañeros que prefieren construir la política del colchón que amortigua la posibilidad de mayores rebeldías. Y además la responsabilidad de cierta dirigencia de izquierda y del campo popular, que prefiere acomodarse en las cómodas sillas y sueldos del Parlamento y no ir a  la calle a dar la pelea. La pandemia les vino bien para estas “iniciativas”.

-Acá les decimos “bomberos”. La izquierda ha llevado a la gente al parlamento a la gestión administrativa del estado. A partir de la presidencia de Tabaré y Pepe Mujica, el problema es cómo administrar el Estado, o sea, el capitalismo. En la película que Kusturika le hace al Pepe, que entre paréntesis está bastante mamado cuando dice: “sí, yo en algún momento fui revolucionario, pero ahora administro al capital”. Administran lo que les dejan administrar, y se conforman con eso, creen que toda la política es un discurso. Hacer política es hacer discurso de parlamento y negociar en parlamento y andar por los pasillos, negociar y sentarse en los despachos de los reaccionarios para negociar. Quién puede dudar en este mundo sobre quién decide qué, cómo, cuándo, dónde se produce, qué productos van a haber, qué recursos propiedad de los pueblos se van a extraer, ¿quiénes deciden? Eso lo deciden los grandes capitales, y ¿qué hacen nuestros presidentes, nuestros parlamentarios? Son meros mayordomos, son capataces de eso grandes capitales.

La política, entonces, se reduce a lo que decide Soros o Bill Gates. Esas grandes decisiones sobre la marcha del mundo luego las van ejecutando los distintos servidores que tienen. Entonces, después no se quejen de que la gente se cansa y salen a la calle, como salen en Perú y Colombia. ¡Hay que salir en Colombia con un sistema tan represivo!, y salen. ¡Hay que salir en Honduras o Guatemala. ¡Hay que salir a hacer marchas hacia los Estados Unidos desde Centroamérica, detrás de la panacea y la fantasía de que vamos a ir a ganar un peso allá! La gente está desesperada y eso da en cierta forma un clima de los años 68 y 69. Por un lado los gobiernos más autoritarios ya no necesitan dar golpes de estado, les alcanza con manejar el poder judicial y el palacio legislativo.

-Por un lado vemos la desesperación de la gente que busca un canal casi lindante con el anarquismo, expresiones de bronca sin partidos y sin instrumento político, pero bronca lógica al fin, y por otro lado, la extrema derecha que aparece no solo en Europa sino en América Latina. Allí está Manini Rios, en Argentina, Patricia Bullrich, Brasil tiene a Bolsonaro. Por ahí viene una disputa y creo que muchos y muchas jóvenes no están mirándose el ombligo. Valoro mucho que en medio de todo esto, tenga vigencia un discurso como el de Pablo Hasél, un compañero que viene lidiando con la canción, con el rap, contando verdades y dando propuestas de autodefensa o de solidaridad internacionalista, bajando línea anticapitalista con la canción, produciendo un fenómeno movilizatorio como el actual. No solo en Catalunya se habla de él como un símbolo. Tal vez la izquierda tradicional no lo ve, pero nosotros tenemos que poner el ojo en este tipo de cosas.

-Si creo que es hora de producir símbolos, símbolos de resistencia, después vendrá la acción ideológica y el sembrar semillas, revolucionarias. Pero los símbolos principales son la resistencia y la lucha, frente al autoritarismo, frente al poder represivo que tienen nuestros enemigos, nosotros no nos achicamos. Es decir, seguimos creyendo. Frente a la campaña ideológica del “quedate en casa para no contagiarte”, vamos a buscar formas de movilización que nos permitan rechazar esa cortina de humo que nos imponen desde el poder. La pandemia ha sido aprovechada ideológicamente por los más reaccionarios y la vamos a aprovechar nosotros también para movilizar. Cada vez que nos juntemos, respetemos el hecho del barbijo, el aire libre. Este 8 de marzo, las mujeres, el movimiento feminista, considero que debe salir a la calle, que no debe replegarse, sino que deben ganar las calles, organizadas, respetando reglas sanitarias, no por temores, sino para que la gente se sienta respetada en sus miedos, y poder vencerlos. Pero no por eso dejar de salir a la calle. 

-Gracias Tambero, un gustazo escucharte.

-Nos seguiremos viendo, siempre en la misma. 

Transcripción: Julia Mottura.

 

 

 

 

 

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domingo, 14 de febrero de 2021

jueves, 11 de febrero de 2021

Desobedientes


 

Por Jorge Zabalza
publicado en VOCES
11 febrero 2021

 

La mira ideológica apunta a salir de la crisis concentrando la propiedad del capital y aumentando su rentabilidad. Un propósito que sólo se puede financiar achicando la parte del producto que corresponde a masa salarial e inversión social. Es la ley y el orden del quehacer político en el capitalismo y define dos sendas: o se transita por una de ellas o se lo hace por la otra, no es posible caminar por el medio.
En ese marco, más que un amontonamiento informe de normas, la ley de urgente consideración (LUC) es una estratagema de guerra para expropiar más masa salarial a la fuerza de trabajo. Por supuesto, para disimular su perversa intención, la aderezan con el discurso de la libertad individual y la democracia representativa, aunque, en el fondo, están intentando desvirtuar el espíritu de rebeldía.


Saben muy bien que el malón provocará descontento y, por eso, previendo las protestas masivas, están acostumbrando la población a la presencia militar y policial en los espacios públicos (recordar que la “acción cívica” era recomendada por la Doctrina de la Seguridad Nacional en los ’50). La pandemia fue utilizada para paralizar la lucha de los pueblos con un shock de miedo, con señales que abren caminos al autoritarismo y les permite testear reacciones en el campo popular.


Ahora saben que los parlamentarios progresistas, que podían estar en la primera línea, enfrentando el malón reaccionario, optaron por el pragmatismo y la conciliación: rechazaron la ley en general, pero aprobaron casi el 50% de su articulado. Para su particular manera de ver el mundo, esos artículos habían perdido el carácter regresivo, concentrador y autoritario. El Mario Bergara redondeó la idea: van en la “dirección correcta” aunque hayan sido elaborados por la coalición multi reaccionaria.


¡Asombroso!
Rafael Michelini definió más claramente la concepción general: “No estoy hablando de los tres millones y medio de habitantes, ni siquiera de la mitad, pero con que en el Uruguay un 10% la pase muy mal los jóvenes van a salir y yo los prefiero juntando firmas. “(…)” Pasó en Chile, pasó en Colombia…Se juntan con el celular. Se juntan en un minuto. ¿Por qué no va a pasar en Uruguay?”. Michelini no percibe que más de ese 10% ya comen en las ollas populares, el conflicto social ya está instalado no le será fácil desalentar la indignación popular. Se han convertidos en bomberos que apagan llamas, pero dejan encendidas las brasas.


Con el progresismo atrapado en el trampero, los multi reaccionarios prosiguieron a paso redoblado su ofensiva contra el movimiento popular: aumentaron un 2% el IVA y las tarifas de los servicios públicos -un modo camuflado de recaudar más-, se pasó a medir por el índice medio de salarios el monto no imponible del IRPF, de costado preparan más privatizaciones en ANCAP y ANTEL y comenzaron a implementar la reforma de la seguridad social. La paralizante prudencia opositora está empedrando el camino hacia el infierno. No es posible defenderse del malón con buenos modales de liberales. Da bronca, mucha bronca.


Gabriel Molina (SUTEL) sintetizó el enojo predominante en 19 de los 50 sindicatos representados en la Mesa del PITCNT: “Me importa un carajo lo que el Frente hizo en el parlamento, porque el tema acá es mucho más profundo que la decisión que tomaron los legisladores nuestros”. Lo mismo sentían las bases de FUCVAM, FEUU y la Intersocial Feminista. Entonces, antes que la marea se hiciera tsunami, el progresismo atropelló la independencia política y finalmente la Intersocial y el Frente Amplio salieron unidos y adelante, juntando firmas contra 135 artículos. En un santiamén convirtieron más de dos tercios de la LUC en políticamente aceptables ¡milagro de milagros! “Por la forma en que se toma esta posición, pero también por el contenido que conlleva, dejó al descubierto que sobre los intereses de los trabajadores se ponen los intereses de un partido”, redondeó Lorena Lavecchia, presidenta del Sector Banca Pública de AEBU.


Estimulados por el enojo y la bronca decenas de luchadoras y luchadores sociales acudimos al llamado de las maestras en lucha contra toda la LUC. Ya somos cientos y pronto seremos miles. Son muchas las organizaciones sociales cuyas asambleas están decidiendo juntar firmas por las dos opciones: la total y la del tercio. Es un grito que dice ¡presente! “vamos a defendernos, ya lo hicimos cientos de veces, sabemos cómo hacerlo y no nos detendrán con transas moderadas”. Se proclama la voluntad de resistir a la manifiesta voluntad de la clase dominante: un acto político de doble desobediencia: a los que quieren implantar las bases jurídicas del terrorismo y a los que transan con ellos.


No es una lucha fácil: “Gracias al terror a la pandemia, plantear salir a la calle y reunirse forma parte del ideario de ser un irresponsable. Hasta esa batalla tenemos que dar con los compañeros: que van a trabajar, pero no van a militar. Que van apilados en los ómnibus, pero no pueden ir a la plaza a tocar el tambor un sábado” agregaba Lavecchia.


Sin embargo, es necesario darla: “No sólo porque implicará rebajas salariales, y más privatización y pérdida de soberanía. No sólo porque da el golpe de muerte a la educación, ya ninguneada sin el presupuesto necesario. El gatillo fácil, la reglamentación de piquetes sumado a las otras disposiciones de permitir la libre circulación, también es producto de 15 años de gobierno frenteamplista que sucumbió, -porque le convenía- a permitir ese discurso que, más temprano que tarde, nos llevaría a un gobierno “de mano dura”. Acá no hay inocentes, te diría”, finaliza Lavecchia la entrevista con “El Muerto”.


En el Oeste montevideano, tradición de lucha obrera y autonomía, se salió a pintar muros y rejuntar la militancia dispersa, a quebrar de hecho el “aislamiento social” respetando las medidas sanitarias. Se comienza a tender un cerco de pueblo embravecido para aislar a los dueños del Uruguay y derrotarlos, la misma estrategia que obligó la dictadura a retroceder.


Los dueños del Uruguay y su coalición multi reaccionaria comenzaron a trepar la cuesta hacia el autoritarismo… ¿culminarán nuevamente en terrorismo de Estado? ¡Alerta, compañeras y compañeros! las luchas que vendrán serán las más caborteras de la historia.


Jorge Zabalza



(recuadro): LOS MUROS EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 

 

El ser humano ha pintado y grabado sobre los muros desde épocas prehistóricas, para transmitir conocimientos y también como expresión de sus demandas económicas, sociales y políticas. Desde el hombre de las cavernas y sus pinturas de animales, plantas y del entorno que lo rodeaba, pasando por los muros pintados en Roma con las demandas de esclavos y plebeyos, los muros de la Revolución Francesa de “pan y muerte al rey”, a los muros pintados en el transcurso de la Revolución Rusa con la consigna de “paz, pan y trabajo”.
Los muros fueron siempre escenario de comunicación en el espacio público, construyen identidad y a través de ellos nos apropiamos de nuestro territorio y de lo público, nos ayudan a tomar conciencia de nosotros mismos, a qué clase social pertenecemos, unifican demandas y aspiraciones populares y nos llaman a la lucha social y política.
Detrás de los medios de comunicación hay clases sociales que los poseen, por ello, frente a la propiedad hegemónica de los medios audiovisuales (televisión, radios y diarios), los medios de desinformación que maneja la oligarquía, los trabajadores y sectores populares pintamos muros como forma de contrarrestar su mensaje y también como expresión de empoderamiento por los oprimidos de una zona, de un barrio, de una ciudad.
Pintar un muro es comunicar una injusticia, una demanda, que nos identifica como clase y también con una etapa de nuestra militancia, de nuestra niñez y juventud, dónde solo teníamos “Nuestros Muros”.
Es también una acción colectiva por excelencia, en una pintada se suman voluntades, se decide la consigna en forma democrática, se charla, se intercambia información, nos contamos anécdotas de viejas y viejos luchadores, de pintadas históricas y nos reímos de todo un poco.
En la dictadura era una acción en la que compartíamos riesgos, recordemos al compañero Medina que lo mataron por estar pintando un muro. No debemos olvidemos jamás que nos disparaban y tiraban a matar.
Los militares tenían muy claro el valor de nuestros muros y también lo tiene claro la oligarquía, la derecha, no es casual que nos hayan vandalizado algunos muros que volvimos a pintar inmediatamente.
Ellos temen nuestros muros, temen al grito de guerra a las injusticias, al grito de libertad de expresión, al grito de rebeldía y al grito de que “¡no nos callarán!”. Ellos nos quieren mudos, sumisos y obedientes, que sigamos tragándonos su televisión, sus radios y sus diarios, por ello cada muro que pintamos es mucho más que una pintada, es un símbolo de RESISTENCIA ORGANIZADA.

Hugo Ramírez





Gente en Obra en radio Fenix entrevista a Lorena Lavecchia dirigente sindical de AEBU por el tema que vino discutiéndose en la interna:

1) ¿Cómo encara el movimiento social contra la Ley de urgente consideración? ¿Hay dos propuestas?

La oportunidad que plantea la LUC es que nos afecta a todos, eso es bien interesante de analizar. Yo creo que, si el movimiento social consigue organizarse mínimamente, el escenario del país podría variar. El problema de las organizaciones sindicales es que otra vez no se consultó a los trabajadores. La posición de las élites de la Convención, el PIT-CNT, y de otras, como FUCVAM decidieron ante sí, sin que la gente pudiera resolver. Entonces necesariamente, por la forma en que se toma esta posición, pero también por el contenido que conlleva, dejó al descubierto que sobre los intereses de los trabajadores se pone a un partido político.

Eso es grave porque muchas de las modificaciones de la LUC reafirman o continúan planteos originados durante los gobiernos frenteamplistas.

Por otro lado, la propia forma de la LUC, que a diferencia de otras leyes que no tienen plazo, incluso pueden ser planteadas en la siguiente legislatura, tiene un plazo de 100 días entre ambas cámaras y la Asamblea General. Con una prohibición constitucional de analizar dos leyes de urgente consideración a la vez, la clase política toda, aceptó introducir cambios sustanciales a todos aquellos ejes que hacen a la vida de un país, en 100 días, sin analizar en profundidad los cambios, violentando resoluciones soberanas tomadas en otras instancias plebiscitarias, y, al sólo pretender derogar 135 artículos acepta como constitucional una ley que claramente no lo es y acepta también este método antidemocrático.

2) ¿Qué es la LUC para los trabajadores uruguayos?

Para los trabajadores es nefasta desde varios puntos de vista. El primero es lo que nos afecta a todos: haber sido borrado de un plumazo nuestro derecho a participar de cambios estructurales de esa magnitud. No sólo por la imposibilidad de dar la discusión como corresponde. Porque gracias al terror a la pandemia, plantear salir a la calle y reunirse forma parte del ideario de ser un irresponsable. Hasta esa batalla tenemos que dar con los compañeros: que van a trabajar pero no van a militar. Que van apilados en los ómnibus pero no pueden ir a la plaza a tocar el tambor un sábado. No sólo porque implicará rebajas salariales, y más privatización y pérdida de soberanía. No sólo porque da el golpe de muerte a la educación, ya ninguneada sin el presupuesto necesario. El gatillo fácil, la reglamentación de piquetes sumado a las otras disposiciones de permitir la libre circulación, también es producto de 15 años de gobierno frenteamplista que sucumbió, -porque le convenía- a permitir ese discurso que, más temprano que tarde, nos llevaría a un gobierno “de mano dura”. Acá no hay inocentes, te diría.

Si a la LUC de la coalisión le sumamos la complicidad de un partido que ya sabemos no es oposición, pero muchos uruguayos aún conservan esa ilusión, -y ese partido todavía no asumió que, muchos, pero muchos votos, no son porque sea bueno sino porque lo consideran el menos malo-, y le sumamos el apoyo de la cúpula de organizaciones sociales, tenemos un claro enfrentamiento entre la clase política y sus aliados empresariales y burocracias, contra los trabajadores y la ciudadanía toda.

De hecho, parte de la tarea de estos cinco años parece ser mientras peor mejor y continuar amortiguando la lucha de los trabajadores. Algo inimaginable para muchos, pero reconozco en lo personal que no analicé que su objetivo iba a ser ganar nuevamente las elecciones nacionales en 4 años y para ello, la clase trabajadora debe continuar desmovilizada. De lo contrario, en 4 años, ¿cómo nos paran?

3) ¿La LUC hay que mejorarla o derogarla?

No se puede mejorar algo que en su esencia atenta contra toda una población y un territorio. Personalmente creo que la posición de organizaciones sociales como la FEUU, FUCVAM la Intersocial Feminista y el propio Pit-Cnt es absolutamente preocupante porque se vuelve cómplice de los contenidos, pero también acepta la forma que como ya vimos es profundamente inconstitucional y antidemocrática.

4) ¿Se propone firmar las dos propuestas?

Como Coordinación para el Cambio, la agrupación que integro, entendemos que no se pretenda profundizar en el debate sobre derogación parcial o derogación total. Pero lo cierto es que no hay prácticamente forma de fundamentar por la derogación total sin ser crítico de la parcial. Es un debate pendiente en el movimiento sindical (no con las cúpulas) sino entre la clase trabajadora. Entre los que elegimos representantes para ser representados y no para votar en contra de nuestros propios intereses.

Por otro lado, desde los organismos de dirección del sindicato bancario propusimos que los afiliados tuvieran ambas opciones. Porque la discusión y el intercambio fortalecen la organización. No es desde la censura ni desde el autoritarismo, sino desde el respeto a las resoluciones colectivas y la apuesta permanente a la participación. Máxime teniendo en cuenta que el voto de Aebu en el Pit-Cnt siempre fue contrario, tanto al mandato del organismo Consejo Central, como de una Asamblea de Banca Oficial con 400 trabajadores. Sin quórum, es cierto, abro paréntesis asamblea que supo ser boicoteada por la mayoría del Consejo Central y la hicimos a la intemperie, con ola de frío polar en plena pandemia, cierro paréntesis. pero el compromiso de ratificar lo resuelto por los trabajadores estuvo. Y fue por unanimidad. ¿Cómo el Secretario General cambió el voto sin más? Son las cosas que permite el aparato burocrático y que la gente esté desmovilizada.

Ahora, producto de enviar un volante agrupacional fundamentando nuestra posición de ir contra toda la LUC, se sancionó a todos los trabajadores afiliados de la banca oficial y del banco república en particular, porque dieron la orden de bajarnos los correos institucionales. Quedamos incomunicados. Todavía lo estamos. Entonces, utilizar métodos fascistas desde una dirección sindical es aberrante. Y, por lo tanto, el debate entre la derogación total o parcial no es una cuestión de distintas papeletas.

5) ¿Qué perspectivas hay dentro de la nueva normalidad?

La verdad es que la clase dominante ya tenía clarísimo que esto se venía. Incluso el propio Alfie lo planteó en una reunión. La diferencia es que con el Covid se adelantó. No podemos olvidarnos que ya las bases del neoliberalismo establecían la necesidad de mantener un ejército de desocupados para quebrantar el peso de los sindicatos. El gobierno apoya a los empresarios que echaron gente a rolete y luego los retomaron por la mitad del salario. A los que quedaron, directamente les rebajaron.

El Banco Central liberó encaje a los bancos, y ¿qué hicieron? La banca privada echó cientos de trabajadoras y la oficial se quedó con millones de dólares de la gente por reprogramarle los créditos. Plata que después le donaremos a UPM para ponerle el tren y contaminar nuestras aguas y nuestra tierra. La falta de información de calidad, la pésima educación pública, a pesar del compromiso docente, al igual que la pésima salud pública, la pobreza, la falta de alimentación, etc., nos deja en un panorama complicado, con la república bananera volviéndose realidad y la gente asustada en sus casas por una pandemia que, al final, les vino tan bien que uno desconfía. O como decía Charly, el que no es paranoico está desinformado (risas). Lo positivo es que somos muchos los que nos estamos encontrando y como te decía al principio, si conseguimos unirnos y organizarnos, la batalla contra toda la LUC habrá tenido sentido.